Anel Flores/

En lo que va del mes de abril, familiares y amistades de las víctimas, así como organizaciones sociales y sociedad civil han marchado en dos ocasiones por algunas calles principales de la ciudad de Oaxaca para exigir el cese al incremento de la violencia feminicida en la administración del gobierno actual: 198 mujeres asesinadas y varios casos sin resolver. Aunado a ellas, se suman 57 jóvenes desaparecidas, de entre 13 y 17 años de edad.

Por la tarde del lunes 15 de abril, integrantes de organizaciones feministas entregaron en las oficinas del Palacio de Gobierno una solicitud de audiencia urgente al gobernador para atender el fenómeno del feminicidio en el estado. Ante la petición, se acordó con representantes de Cué que este miércoles a las 13 horas se reunirían activistas con el gobernador y algunos integrantes de su gabinete.

Por otra parte, respecto al incremento considerable de casos de feminicidios en Oaxaca, Anabel López Sánchez, directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) declaró que no se trata de un incremento que ver con el gobierno, “es un incremento que tiene que ver con el fenómeno social de la violencia en general y eso afecta de manera más cruel a las mujeres como todas las relaciones de desigualdad”.

Expuso que una de las razones por las que se ha acrecentado el número de mujeres asesinadas, se debe a que  actualmente las mujeres están en mayores condiciones de ejercer derechos, por lo que “a mayor liberación femenina, mayor violencia”. Es una lucha de poder, afirmó.

En tanto, la activista Jessica Sánchez Maya, señala que Oaxaca se ubica dentro de los nueve estados del país con un crecimiento alarmante de feminicidios, y apunta que tan sólo en lo que va de este sexenio el número de mujeres asesinadas creció en un 35 por ciento con respecto del anterior  ―Un feminicidio cada cuatro días entre 2011 y 2012 en Oaxaca―.

Sobre la definición del término “feminicidio”

De acuerdo a la definición establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el feminicidio es “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”.

En México la utilización de “feminicidio” como concepto fue introducido por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde en 1994. La antropóloga redefine el término “femicidio” que es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres, resignificando el término por “feminicidio” que pone en el centro de los casos la impunidad y señala el término como un crimen de estado.

Lagarde apunta el concepto de femicidio como una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres que sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

En el año 2007 en México se aprueba la Ley Federal “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, que recoge por primera vez en una ley la expresión violencia feminicida. Aunque algunas de las personas que intervinieron en el proceso de producción de esta norma quisieron que se incluyera la expresión feminicidio, finalmente se optó por la ya citada violencia feminicida:

“Art.21: Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

 

La tipificación del feminicidio en Oaxaca

Después de varias jornadas de mujeres feministas y tras la exigencia constante del Observatorio Nacional de Feminicidios y organizaciones civiles por declarar a Oaxaca (así como Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Estado de México) en “alerta de género” ―debido a sus características en relación a la violencia feminicida―, fue en agosto de 2012 cuando en  Oaxaca fue aprobada (junto con otras) la reforma al artículo 134 del Código Penal. En esta nueva reforma se sancionan con 40 a 60 años de prisión a los perpetradores.

Tras la modificación al artículo 134 de esa normatividad, Oaxaca se convirtió en la entidad número 16 en aprobar esta figura como delito penal, según los datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, y la tercera con la penalidad mínima más alta al igual que la del Estado de México y Veracruz.

En esta reciente reforma se señala que el homicidio por razones de género o feminicidio se establece “cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le generen sufrimiento”.

 No existe protocolo para la investigación de los casos

Tras 20 días de que fue tipificado el delito por feminicidio en la entidad (agosto de 2012), el gobernador Gabino Cué declaró observaciones en el artículo 134, en la que, de acuerdo a la declaración de Anabel López Sánchez, directora del IMO, “no se hicieron modificaciones de fondo, sólo de forma al tema de los presos privados por casos especiales, que al salir libres, no se les violen sus derechos humanos por sus acercamientos a las víctimas, una vez cumplida su sentencia”.

En este sentido, le correspondió al Congreso del estado de Oaxaca 15 días para hacer las observaciones que necesarias o remitir para su publicación. No obstante, hasta la fecha, en su portal electrónico no aparece el Código Penal con la última reforma donde se incluye la tipificación del feminicidio.

Una vez que el Congreso del estado incorporara las observaciones necesarias, debía corresponder  a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) expedir el Protocolo Especializado para la Investigación del Delito de Feminicidio, esto, dentro de seis meses contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del decreto. Sin embargo han pasado nueve meses sin que sea presentado dicho documento.

Respecto a lo anterior, la directora del IMO señaló que las razones por las que se ha retrasado el Protocolo se debe a que las estructuras gubernamentales suelen ser paquidérmicas, no obstante, confían en que éste sea presentado pronto para que haya un proceso más ágil en las agencias del Ministerio Púbico, y la procuración de justicia se apropie del tipo penal: “es un tipo penal nuevo, pero el reto está en la prevención, y en la prevención tenemos mucho qué hacer, somos una sociedad permisiva con la violencia”, apuntó.

 Respecto a los casos impunes

En 2012 se registraron en el estado de Oaxaca 33 feminicidios que continúan impunes y que se suman a la larga lista que han arrojado los sexenios anteriores. De 2004 a 2010 la cifra total fue de283 mujeres asesinadas, 72 en Valles Centrales, 36 en la Mixteca, 39 en el Istmo, 31 en la sierra Sur,  39 en la Costa, 32 en Papaloapan, 13 en Sierra Norte, y 10 en la Cañada, sin que ninguno se haya esclarecido con precisión, informó en junio del mismo año la Subprocuradura de Delitos Contra la Mujer por Razones de Género.

El caso de Viridiana García robles

De acuerdo a Ana María Roblés, mamá de Viridiana García Robles, asesinada por su ex pareja en octubre de 2012, el caso de su hija aún continúa sin resolverse y en consecuencia el homicida se encuentra prófugo. La mamá de la víctima señaló que La Procuraduría General de Justicia, en concreto el departamento de Periciales es un área que cuenta con muchas deficiencias “carece de un instrumental para identificar un ADN, por lo que no pueden hacer pruebas mucho más fehacientes para identificar al homicida, peritos a modo no tienen la capacidad de resolver un dictamen pericial en criminalística, las pruebas de mi hija se tuvieron que ir a México y eso ha retardado el procedimiento”.

El caso de Leslie Wilson Pérez

Familiares señalan que tras ser arrojada de un sexto piso del fraccionamiento Punta Viscaya, situado en El Rosario, San Sebastián Tutla,  el caso de Leslie Wilson sigue impune: “Desde un principio quisieron convencernos de que se trató de un suicidio, pero ella fue arrojada de un sexto piso. Son 7 implicados y no hay ningún detenido porque son familiares de la ex senadora recién fallecida Cirila Sánchez”.

Familiares de las mujeres asesinadas, señalan que casos como el de ellas se multiplican en el estado de Oaxaca, por lo que exigen al gobernador del estado que se aplique la ley, “que no sea una justifica negociable al mejor postor”.

 

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