Abraham Rasgado/

* Exigen al gobierno mexicano acatar las recomendaciones de diferentes organismos de derechos humanos, como el centro John F. Kennedy de Washington, para detener los actos de violencia contra los pobladores que se oponen a las empresas eólicas en tierras juchitecas.

TEHUANTEPEC, Oax.- La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), mediante un comunicado, dio a conocer que su campamento en el cual resisten la instalación de más empresas eólicas en Juchitán, fue incendiado la noche del pasado martes 15 de octubre, y acusaron a las empresas Gas Natural Fenosa y Constructoral de haber perpetrado estos ataques.

Según testigos del ataque, una camioneta tipo suburban blanca fue vista en las inmediaciones en el lapso en que ocurrieron los hechos. La camioneta —continúa el comunicado— ya ha sido denunciada por ataques anteriores a este campamento que mantienen desde el pasado 25 de febrero pobladores de la Séptima Sección juchiteca, así como se le relaciona al vehículo con la empresa Gas Natural Fenosa.

El incendio causó daños en una palapa construida mediante tequio por pescadores y campesinos de la APPJ; asimismo, se quemaron trastes, sillas, mesas, una antena y un cable de la radio comunitaria Totopo, que operaba desde este campamento.

Del mismo modo, señalan que el integrante de este grupo opositor, Edis Rincón, ha sido amenazado en su integridad física y en dos ocasiones ha sido rodeado por “sicarios al servicio de Gas Natural Fenosa y Constructoral”, cuando se encontraba laborando en el rancho de su suegro Celestino Bartolo Terán.

Días antes, el 12 de octubre, otro miembro de la APPJ, Roberto Regalado junto a un grupo de pescadores, le fue confiscado de forma intimidatoria el producto de su trabajo, pues fue interceptado cuando regresaba de sus labores diarias en la pesca en la laguna Salina Santa Cruz. Debido a estos hechos, la APPJ hace responsable de la autoría intelectual de estos actos intimidatorios a la empresa Gas Natural Fenosa y su representante Salvador Gabarró Serra, y a la empresa Constructoral y su representante Óscar Toral, y los responsabilizan asimismo de cualquier otro ataque que sufran en el futuro.

Igualmente, exigen al gobierno mexicano acatar las recomendaciones de diferentes organismos de derechos humanos, como el centro John F. Kennedy de Washington, para detener los actos de violencia contra los pobladores que se oponen a las empresas eólicas en tierras juchitecas.

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