Carlos Beas/

Dedicado a Celedonio Monroy Prudencio líder nahua desaparecido desde el 2012,para que no se nos olvide que son 43 y muchos más….

ECOS DE UN PASADO NO TAN LEJANO

Oaxaca, Oax. El alcance de las contrareformas salinistas impuestas en 1992  que le  abrieron la puerta a la privatización de las tierras de propiedad social, el agua, y de los recursos minerales y forestales no fue entendido en su momento por la gran mayoría de las organizaciones campesinas y por los pueblos indios de México. Las grandes movilizaciones campesinas de los años setentas y ochentas del siglo pasado lograron recuperar cientos de miles de hectáreas   y con ello la lucha por la tierra  dejó de ser parte central de la agenda rural en los años 90´s. Por otro lado el entonces disperso y débil movimiento indígena hacia un esfuerzo de aglutinación para contrarrestar los festejos oficiales por el llamado V Centenario.

Fueron pocas las organizaciones que en ese momento se movilizaron en contra de las contrareformas salinistas y también en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica; ambos procesos fueron fundamentales para hacer posible la orgía neoliberal, y con ella dar vida a la larga noche de saqueos, despojos y de negocios sucios a costa del patrimonio social que ya dura dos décadas. Vale la pena  destacar que la rebelión zapatista que estalló el mismo día de la entrada en vigor del TLCAN, echó por los suelos el sueño “modernizador” de Carlos Salinas de Gortari y mostró la otra cara de un país, la del México profundo, agraviado tantas veces pero aún vivo en su rebeldía y en sus anhelos.

LA NUEVA INVASIÓN O “MEXICO FOR SALE”

Años después muy a principios del 2001, cuando una caravana zapatista llegó al Istmo de Tehuantepec, por cierto en contra de la voluntad de la burocracia del Congreso Nacional Indígena se realizó un acto en el lugar llamado La Ventosa, a este evento concurrieron miles de indígenas mixes, zapotecas, ikoots, chinantecos, zoque, mixtecos y barreños y en voz de sus representantes alertaron sobre el peligro que representaba la implementación del Plan Puebla-Panamá para  los derechos y la tierra de los pueblos indios. Como bien se dijo en ese tiempo una nueva invasión ya estaba caminando.

Y tenían harta razón, ya que en los años subsiguientes se realizaron importantes obras de infraestructura que permitieron por ejemplo que en  2005 se reiniciara el megaproyecto eolo-eléctrico del Istmo de Tehuantepec, el cual ha significado el despojo de más de 12,000 hectáreas de tierras propiedad principalmente del pueblo binniza. También bajo los dos gobiernos federales de extracción panista fueron expedidos cientos de concesiones mineras que entregaron el subsuelo del 34% del territorio nacional a empresas trasnacionales principalmente de origen canadiense.

A lo largo y ancho del país durante los últimos años grandes empresas muchas de ellas de capital extranjero ejecutaron obras sin tomar en cuenta los derechos de los propietarios de la tierra y sin considerar los graves impactos ambientales que provocarían. Grandes represas inundaron miles de hectáreas en Sinaloa y Nayarit y desplazaron a poblaciones enteras, la construcción de nuevas represas amenaza hoy la existencia misma de decenas de pueblos en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Jalisco; la ejecución de megaproyectos turísticos permitieron que empresas españolas y norteamericanas se apoderaran sin rubor de playas mexicanas y las privatizaran; los más importantes puertos ubicados en el Pacífico mexicano fueron entregados a una empresa china; nuevas carreteras que le garantizan la rápida movilidad de la mercancía fueron construidas en el país principalmente por la corporación española OHL la consentida de gobiernos priistas, panistas y también perredistas. Nuevos acueductos se construyeron despojando del agua a los pueblos originarios como ocurre con la Tribu Yaqui. Cualquier recuento además de largo seria incompleto, dada la magnitud de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 20 años.

UN APRETÓN MÁS A LA TUERCA

Las  contrareformas legislativas  en materia de energéticos recientemente aprobadas le brindan al Estado y a las empresas trasnacionales todo tipo de facilidades para despojar a los dueños de sus tierras; el beneficio particular ha cobrado preeminencia sobre los derechos de los ejidos y de las comunidades. Las actividades de exploración y explotación de petróleo según el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos establece que son ‘consideradas de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.’”

Los  cambios aprobados al marco legal además le brindan un ropaje de legalidad a prácticas comúnmente realizadas por las empresas que violaban abiertamente la ley. Basta recordar que en base a una ley secundaria y en abierta violación a la Constitución, durante  varios años decenas de empresas privadas generaron energía eléctrica, cuyos excedentes vendían por cierto caros a la Comisión Federal de Electricidad.

La política privatizadora impulsada por el grupo gobernante ha provocado cientos de conflictos por todo el país; y con las recientes reformas esta conflictividad  indudablemente crecerá, ya que por ejemplo se tiene proyectado  concesionar unos 5 millones de hectáreas propiedad de más de 1,800 comunidades y ejidos para desarrollar actividades de exploración, conducción y extracción de hidrocarburos, los pueblos más afectados serán los de Veracruz, Tabasco y Puebla.

El despojo descarado de los recursos ha generado respuestas de la sociedad rural, siendo ahora la demanda central para muchos pueblos la defensa territorrial. Si bien hace 40 o 50 años los campesinos e indígenas se movilizaban para hacer efectiva la reforma agraria, ahora la movilización principal tiene como objetivo la defensa de su patrimonio territorial frente al atraco  maquillado de legalidad que impulsa el Estado mexicano.

UN NUEVO MOVIMIENTO RURAL

Por todo el país han surgido movimientos y organizaciones locales y regionales cuyo objetivo central es la defensa de los territorios. Las grandes organizaciones campesinas no le han dado la importancia debida a esta lucha que viene de abajo y lo poco que existe de movimiento indígena nacional se ha conformado con realizar sólo pronunciamientos y declaraciones que poco se han traducido en acciones efectivas.

Poco a poco estas resistencias locales se han ido articulando y han roto el aislamiento y la invisibilidad, se han movilizado y ganado el apoyo de amplios sectores, sin embargo no han acumulado la fuerza suficiente para frenar muchos de los megaproyectos y a contener la criminalización y los ataques en contra de los defensores comunitarios. Los nombres de Mariano Abarca, Bernardo Vazquez, Atilano Román o Antonio Esteban Cruz son sólo los de algunos de los activistas comunitarios asesinados en estos años. Juan Carlos Flores, Enedina Velez, Marco Antonio Suastegui y Mario Luna  pagan al igual que otros muchos con cárcel el atrevimiento de enfrentar los despojos que pretenden los dueños del gran capital.

El nuevo movimiento rural emergente es principalmente asambleario y en  la participación de los jóvenes y de las mujeres encuentran la fuerza y la creatividad que le ha permitido enfrentar enemigos poderosos. Sin embargo entre sus debilidades se encuentra la de reproducir esquemas de sectarismo propios de la cultura de la vieja izquierda.

Hasta ahora este movimiento ha obtenido algunos triunfos importantes aunque no definitivos, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota ha impedido la construcción de esta obra hidráulica pagando un alto costo por ello. En el Istmo de Tehuantepec se impidió la construcción

del parque eólico de San Dionisio del Mar sin embargo en la región ya operan por lo menos 16 parques propiedad de empresas españolas, italianas y francesas, el despojo sigue avanzando y también crecen las amenazas en contra de los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco.

La política del Estado Mexicano que  favorece  la privatización de los recursos comunitarios en beneficio de las corporaciones trasnacionales y el uso de la represión como medio para doblar la resistencia popular nos augura un futuro difícil. Una guerra sorda, callada se vive en diferentes regiones del país, y esta guerra seguramente se extenderá a otras regiones en los tiempos por venir. La voracidad del Cartel de Los Pinos y de sus socios trasnacionales sólo podrá ser enfrentada con éxito si estos movimientos se articulan entre sí y en conjunto pasan de la resistencia a  acciones ofensivas que incluyan entre sus demandas la revocación de mandato del esposo de La Gaviota. La existencia misma de muchos de nuestros pueblos está en peligro real, el esfuerzo por mantenerlos vivos bien vale la pena y además ya no tenemos de otra, pues como dice la canción “nos echamos tanto pa´delante que ya no podemos hacernos para atras” Salud.

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