* Ocho años después la Comisión de la Verdad permitiría esclarecer los hechos del 2006
*Sección 22 y FUL-APPO estarán vigilantes
Evlin Aragón/
Oaxaca, Oax. El 14 de junio del 2006, después de 23 días de plantón en el zócalo capitalino por parte de las y los integrantes de la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el entonces gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz ordenó a sus colaboradores cercanos Jorge Franco Vargas y José Manuel Verá Salinas, el desalojo por medio del uso de la fuerza, dando paso a uno de los episodios más oscuros para la historia local contemporánea.
A más de ocho años de uno de los acontecimientos más comentados incluso a nivel internacional en la historia contemporánea oaxaqueña, debido a la magnitud que alcanzó, en noviembre pasado se hizo público el inicio de actividades de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO). La creación de la misma fue aprobada a finales de septiembre del 2013 por la mayoría –a excepción de la bancada priísta– de quienes integraron la sexagésima primera legislatura del Congreso de Oaxaca con el fin de investigar los hechos ocurridos durante 2006 y 2007 debido al conflicto magisterial.
En su primera conferencia de prensa ante medios locales, el martes 13 de enero el consejero presidente de la CVO, Alejandro Solalinde Guerra, acompañado de la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González, consejera y consejero, respectivamente, informaron sobre la investigación que realizarán.
Solalinde Guerra indicó que no se puede ni se debe permitir que la impunidad se perpetué en la entidad. Destacó la labor de la CVO la cual, dijo, permitirá a la población oaxaqueña conocer la verdad de los hechos sucedidos en el 2006 y 2007, así como a los responsables directos e indirectos de los hechos.
Pese a estar en pleno año electoral, el sacerdote y activista negó que la Comisión, de reciente creación, responda a intereses del gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo, quien precisamente prometió en su campaña electoral castigar a los responsables del 2006, sin que hasta el momento haya más indicio de ello que la entrada en funcionamiento de la CVO.
Por el contrario, detalló, todo el personal al interior del órgano de reciente creación se considera lo suficientemente independiente para responder sólo a los intereses de las personas que vieron vulnerados sus derechos en el conflicto político social más reciente en la historia local.
Asimismo, Solalinde Guerra puso de manifiesto que el éxito del organismo dependerá de la apropiación que la sociedad oaxaqueña haga de éste, razón por la que llamó a las víctimas del 2006 para acercarse y contribuir en la investigación que pretende hacer visible la verdad y sentar las bases para no repetir los hechos en los que cientos de personas resultaron afectadas de forma física, psicológica y patrimonial.
Por su parte, la consejera Marina Patricia Jiménez Ramírez refirió que la instalación y puesta en marcha de la CVO representa una puerta de esperanza para el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los responsables y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos vividas.
Precisó que ante la grave crisis que vive el país en materia de derechos humanos, la creación de comisiones que investiguen la verdad se hace necesaria para conocer la problemática, documentar el número y características de las víctimas y, sobre todo, identificar a los responsables para dar paso a la reparación integral del daño.
Sección 22 avala la integración de la comisión
El dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginés, puso de manifiesto que la conformación de la CVO ha sido parte de la demanda de la gremial desde el 2007 por lo que, advirtió, estarán vigilantes de su actuar.
Indicó que darán puntual seguimiento al informe que dicha comisión presentará en marzo del 2016. Señaló que éste tendrá que difundirse a nivel local e internacional, ante instancias defensoras de derechos humanos.
Finalmente, el dirigente magisterial invitó a la población que se vio afectada con la represión a participar con su testimonio, situación que permitirá el éxito de la Comisión de la Verdad de Oaxaca.
FUL APPO, a la expectativa del quehacer de la CVO
En el mismo sentido, el vocero del Frente Único de Lucha para la reestructuración de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FUL-APPO), César León, puso de manifiesto que la CVO tiene la enorme responsabilidad de hacerle justicia al pueblo oaxaqueño, por lo que estarán al pendiente de las acciones que la comisión encabece.
Respecto a las personas designadas al frente de este organismo, precisó que si bien existe confianza, ésta no ciega, por lo que estarán vigilantes de que las denuncias de las y los afectados del 2006 sean tomadas en cuanta para castigar a los responsables de la represión.
Por último, César León puso de manifiesto que tiene conocimiento de que la CVO recibirá denuncias no sólo de activistas del movimiento del 2006, sino de comerciantes que aseguran ser víctimas del movimiento magisterial y social. Al respecto, indicó que no pueden compararse las pérdidas materiales con los daños sufridos por las y los manifestantes, quienes incluso sufrieron tortura o cayeron asesinados.
Así, a ocho años del conflicto magisterial y social en la entidad oaxaqueña, habría luz una luz para las víctimas que, por falta de testimonio o acercamiento a organizaciones sociales como la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), no pudieron acceder siquiera al recurso económico que el gobierno del estado dio en 2011 y 2012 como parte de un proceso de indemnización.
