Evlin Aragón

OAXACA, Oax. La tortura en México lejos de disminuir se ha incrementado y ‘sofisticado’, particularmente para que no pueda ser denunciada por sus víctimas, quienes muchas veces padecen en silencio su experiencia, aseguró Erica Sebastián Luis, hija de Álvaro Sebastián, preso Loxicha desde 1996 después de un largo proceso de tortura en su contra.

“No es nuevo que en la actualidad, al momento de las detenciones los elementos de las fuerzas policíacas tienen perfectamente claro donde dar los golpes y agredir para evitar que dejen huellas y se puedan denunciar” dijo.

Lo anterior en el marco del Día Internacional Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, fecha que aprovechó -acompañada de Nora Martínez representante del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolome Carrasco Briseño- para exigir al gobierno del estado empujar acciones reales para erradicar la tortura y castigar a quienes la cometen.

Presos Loxichas claro ejemplo de tortura e impunidad

El antecedente de la tortura en Oaxaca lo puso de manifiesto Erica Sebastián quien argumentó que en el 1996, cuando se llevaron a cabo detenciones arbitrarias en contra de indígenas Loxichas, dentro de ellos su padre, la consignación de estos se derivó de la tortura que las autoridades ejercieron en sus cuerpos, misma que ha sido descrita por los afectados en incontables ocasiones y la cual consistió en su desaparición forzada por 10 días, aplicación de chile y  agua mineral en la nariz, toques eléctricos en los testículos, bolsas de tela gruesa sobre el rostro, permanencia de pie por once días consecutivos, así como infinidad de golpes recibidos para que se inculparán sobre su participación en un grupo guerrillero.

Pese a que los niveles de tortura fueron tan elevados, hasta la fecha no se ha podido demostrar jurídicamente,  debido a que, en el caso de Álvaro Sebastián, cuando este fue presentado ante Ministerio Público las lesiones ya no eran visibles y la autoridad argumentó que llegó sano y en buen estado, dando pie a una lucha legal que lleva 18 años y en la que es su palabra contra la de las autoridades estatales.

De acuerdo con Erica Sebastián la condición indígena juega en contra de las víctimas, ya que la mayoría de las veces no entienden el español, los procesos jurídicos en los que están inmersos y carecen de contexto sobre la garantía de sus derechos humanos, por lo que la fase de tortura suele ser más amplia y cruda.

Así mismo detalló que la tortura también la viven las familias de las víctimas, quienes permanecen en constante incertidumbre sobre el bienestar de sus seres queridos, independientemente que padecen cotidianamente vejaciones sobre sus cuerpos al momento de asistir a los penales, sobre todo en la Penitenciaria del Estado con anuencia de los directivos.

Finalmente indicó que poco o nada se ha podido hacer para reducir los niveles de tortura, ya que las pocas instancias estatales que podrían hacer algo como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sólo funciona como depositaría de quejas y emisora de informes.

Práctica planeada y ejecutada por el Estado

Para Nora Martínez, representante del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco Briseño” (BARCA), en la actualidad la tortura es una práctica planeada y ejecutada por agentes del Estado oaxaqueño, la cual es implementada con diferentes objetivos, como en el 2006 que se utilizó para intimidar y suprimir el movimiento social.

Así mismo se utiliza dijo, para castigar y controlar la disidencia política, en la mayoría de los casos se realiza en centros de detención oficiales, en donde los policías actúan con la permisión de sus superiores, lo que la convierte responsabilidad del Estado y “justifica” la resistencia de las autoridades a reconocerla y calificarla como delito.

Prueba de ello es que en la entidad no existe legislación al respecto, y en el mejor de los casos, será después de la homologación de leyes federales como la de Desaparición Forzada y Tortura impulsada posterior al caso de Ayotzinapa, que se pudiera contar con leyes locales que sancionen el delito.

Finalmente y ante la pregunta de cuantos casos de tortura existen en el estado, indicó que sería imposible cuantificar, sin embargo compartió que independientemente de los presos Loxichas, le dan seguimiento al de Jaime Betanzos y Fernando Chazares, torturados por policías municipales de Eloxochitlán de Flores Magón, así como el del presbiterio Martín Octavio García Ortiz torturado por personas afines al presidente municipal de San José del Progreso.

En ambos casos se trata de personas que están apoyando algún movimiento, lucha, demanda social o denunciado violaciones a los Derechos Humanos, misma que se han convertido en las más vulnerables a la tortura.

Oaxaca Media es un espacio para el periodismo digital local. Trabajamos por el bien común con criterios de ética y responsabilidad social en la información.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.