Redacción

MÉXICO. D.F. La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y con modificaciones, el dictamen que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, instrumento que de acuerdo a la Presidencia, tiene el objetivo de abatir la desigualdad en las regiones del país con mayor rezago social, y discute las reservas presentadas.

El documento, avalado en lo general por 366 votos a favor, uno en contra y 54 abstenciones, surge de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió el pasado 29 de septiembre; la Comisión de Economía le realizó 28 modificaciones y agregó tres artículos a los 47 propuestos.

En el texto se señala que las Zonas Especiales tienen una ubicación geográfica estratégica y, para aprovechar su potencial productivo, deben ser sujetas de un régimen especial que incluya la provisión de estímulos e incentivos económicos.

Estas acciones son a favor de las empresas o inversionistas que se establezcan en esos lugares.

Quienes operen dichos sitios podrán recibir estímulos fiscales, aduaneros y financieros, además de facilidades administrativas e infraestructura competitiva, detalla.

El documento precisa que únicamente podrán establecerse Zonas Económicas Especiales en las entidades federativas que se encuentren entre las 10 con el mayor número absoluto de personas en situación de pobreza multidimensional y, a su vez, cuenten con una población de entre 50 mil y 500 mil habitantes.

También refiere, se brinda seguridad jurídica y, a la vez, flexibilidad a los interesados en realizar actividades en esos sitios.

Se considera que para el desarrollo de dichas zonas resulta indispensable la participación del sector privado, como administradores integrales e inversionistas.

Las modificaciones más sustanciales fueron respecto a los criterios para la elegibilidad de Zonas Económicas Especiales.

Además, se cambió el artículo 20 para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de otorgar los permisos para construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona Económica Especial, lo haga por un plazo de hasta 40 años y no 30 como lo precisaba la propuesta inicial.

Respecto a esta iniciativa organizaciones sociales y comunitarias, agrupadas en el Frente Indígena Campesino de México (FICAM) han manifestado rechazo; señalan que la ley de zonas económicas es un complemento de la reforma energética para contar con las condiciones jurídicas y pretextos económicos para justificar  las expropiaciones de tierras.

“Con esta iniciativa, se trata de legalizar el despojo, de tierras y territorio indígena y campesino”, refirió a la prensa Roberto Rico, dirigente de la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares (CNPA).

El dictamen  que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales fue turnado al  Senado con las modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Con información de Patricia Briseño)

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