Redacción

MÉXICO. La patria potestad podría ser retirada cuando se comprueben casos de violencia familiar que atente contra la integridad física o emocional del menor propuso la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República.

La perredista pidió a sus homologos reformar el Código Civil Federal, a fin de establecer que la patria potestad se pierda por resolución judicial cuando se comprueben casos de violencia familiar  o  por el abandono del menor cuando se incumpla con la obligación alimentaria por más de 60 días sin causa justificada.

 La legisladora destacó la importancia de actualizar esta figura jurídica para adaptarla a la realidad social que vive el país, ya que lo que se estipula es un vínculo de derechos y obligaciones recíprocas, pero no implica acciones concretas para las personas que incumplen con sus deberes.

 “Tenemos a muchos padres que gozan de total impunidad, incluso, son capaces de exigir derechos que no les corresponden, permitiendo que existan progenitores que muy fácilmente abandonen a sus hijas o hijos y puedan seguir teniendo nexos con ellos; es decir, se gestan las condiciones idóneas para tener adultos irresponsables con sus propios descendientes”, apuntó.

 Por ello, subrayó es fundamental que exista un articulado legal que impida el abandono de los menores o incluso, la violación a sus derechos fundamentales.

 La legisladora opinó que la limitación de la patria potestad responde a la necesidad de velar por que las y  los menores puedan ejercitar sus derechos humanos, entre los que se encuentran los económicos, académicos y de desarrollo.

 Mencionó que de aprobarse esta iniciativa se protegería a alrededor de 40 millones de niñas y niños que están o pueden estar en situación de abandono donde sus progenitores no los reconocen como sus hijos o hijas, realizan sus deberes de forma incompleta, o los eluden, sin que haya alguna repercusión.

 Recordó que México ha aceptado lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y ha reconocido, firmado y ratificado documentos tanto nacionales como internacionales que consagran los derechos fundamentales de los menores.

 La iniciativa se envió a las comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

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