Rocío Flores

OAXACA, Oax.  La Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO) culminó formalmente con sus trabajos de investigación sobre  las violaciones a los derechos humanos ocurridos en 2006 y 2007 en el conflicto magisterial y posterior revuelta social, como resultado de esta  pidió o “recomendó”  al gobernador de estado Gabino Cué Monteagudo la separación de cargos de algunos funcionarios públicos, entre ellos el actual titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz.

Ya sabemos, no más impunidad de Oaxaca, es el nombre del  informe que hoy la CVO prevé entregar a los poderes del Estado y en el que señalan los nombres de algunos funcionarios vigentes en la actual administración que fueron participes directa o indirectamente de estas violaciones a los Derechos Humanos, según los testimonios.

Por lo pronto mencionan el nombre del fiscal Joaquín Carrillo Ruiz, Heliodoro Díaz Azcárraga, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Daniel Camarena y Alma López Vázquez para quienes piden o “recomiendan” ( pues según los comisionados y comisionadas solo esa es su atribución) se les investigue y se les castigue conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

De acuerdo con la información recabada por  laCVO, también existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.

No obstante, aclararon  ” lo que estamos diciendo es que se hagan las investigaciones, nosotros no somos la instancia que juzga, nosotros encontramos esto y a las instancias que les corresponde hacerlo son a la Función Pública y Contraloría, en base a la ley de servidores públicos” de ellos depende que se garabtice la justicia o se continúe con la impunidad.

En conferencia de prensa, donde a manera de resumen ejecutivo  del informe que presentarán el próximo 16 de abril,  detallaron que durante este periodo del conflicto social, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz era el director de averiguaciones previas, él tenía conocimiento de las situaciones que se estaban generando y en el ámbito de las víctimas, ellas tenían derecho al debido proceso, y tienen  derecho a que se les garantice justicia.

“Evidentemente el hecho de que los casos sigan en la impunidad tiene que ver con la actuación del Ministerio Público, si un MP no actúa teniendo los elementos adecuados para sustentar los hechos, desde ahí surge el hilo de la impunidad” destacó la comisionada Marina Patricia Jiménez Ramírez .

Carrillo Ruiz habría recibido declaraciones ministeriales de diversas víctimas detenidas el 25 de noviembre del 2006, entre ellas la de Rolando Reyes Hernández, Wilian Héctor Hernández Martínez, Nickel Santiago Rivera, Aurora Ruiz García, Edith Coca Soriano, entre otras que detallará el informe completo.

Según el argumento del órgano estas personas fueron detenidas y torturadas, posteriormente trasladadas al Centro Estatal de Reinserción Social ( Cefereso) de Nayarit.

Estado violó DH sistemáticamente

La comisionada y comisionados de este organismo que inició sus funciones en septiembre de 2014, posterior a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, señalaron que en este periodo se dio una serie de actos como hostigamientos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura que el Estado  ejecutó de manera masiva y sistemática, lo que puede constituirse como crímenes de lesa humanidad.

“El Estado ensayó  lo que ahora es resultado de esta crisis de violaciones a los derechos humanos que se vive en el país, apuntaron Alejandro Solalinde Guerra el presidente de este organismo, Marina Patricia Jiménez Ramírez,  y Diego Osorno  periodista que en ese periodo laboraba como corresponsal para un diario nacional.

De acuerdo a la CVO, en el informe se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctima señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

La CVO recomendó a diversas instancias estatales y federales, brindar la justicia o reparación del daño a las víctimas o familiares de las víctimas, pues según explicaron, la mayoría que entrevistó coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y a que las víctimas no han sido reparadas de manera integral

Las víctimas se sienten engañadas, -expusieron-pues los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. La CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad.

 

 

Datos

Héctor Carrillo se desempeñaba como procurador general de Justicia del estado de Oaxaca y fue ratificado el pasado 4 de agosto de 2015 como fiscal general del estado; de acuerdo al decreto, su función tendría una duración de cuatro años.

Daniel Camarena Flores es funcionario del gobierno municipal, se desempeña como coordinador de Inspección y vigilancia del ayuntamiento capitalino, fue nombrado por el actual edil Javier Villacaña Jiménez para vigilar y hacer cumplir el ordenamiento de Comercio Público.

 

 

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