* CVO exige investigar la existencia de fosas clandestinas en Oaxaca, donde podrían encontrarse víctimas del 2006

Rocío Flores

OAXACA, Oax.  La  Comisión de la Verdad de Oaxaca exigió este martes  a la Procuraduría General de la República (PGR) investigue la posible existencia de fosas clandestinas en la entidad, donde se presume ocurrieron inhumaciones de luchadores sociales y personas desaparecidas, víctimas de la revuelta magisterial y  social ocurrida en Oaxaca durante el periodo 2006 y 2007.

Los comisionados y comisionada de este organismo encargado de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el sexenio del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, explicaron que derivado de los testimonios,  investigaciones  e información que fue proporcionada por el Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) conocieron de este hecho.

El presidente de este organismo Solalinde Guerra, aclaró que algunas de las personas desaparecidas, que pudieran estar en estas fosas, son integrantes del EPR pero agregó “no sólo fueron ellos, sólo eran los más notorios pero no los únicos, tenemos información de más desaparecidos”.

“Sabemos también que  mientras fueron trasladadas estas personas, hoy desaparecidas, fueron torturadas”, agregó el también defensor de migrantes.

En conferencia de prensa, expusieron que estas fosas se ubican  en al menos seis zonas de la entidad, de las cuales por la gravedad del tema omitieron mencionar.

A pesar de que  en el mes de noviembre la  Comisión abrió una averiguación previa en   la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)  y en  la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca, ninguna de estas instancias ha respondido señaló  el periodista Diego Osorno, también integrante de esta Comisión de la Verdad.

Al tratarse de información delicada y de alta prioridad, la CVO tomó  la decisión de iniciar un proceso correspondiente ante las instancias encargadas de la administración de justicia  en Oaxaca y  en el país, dijo  la comisionada Marina Patricia Jiménez; lo anterior  con el fin de que  estas zonas, donde se presume se cometieron crímenes de lesa humanidad, se resguardarán  e inspeccionaran para confirmar o descartar la existencia de las fosas clandestinas.

Sin embargo ante la nula respuesta de autoridades exhortaron a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, así como al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz, inicien las averiguaciones en los domicilios proporcionados por la CVO, y reiteraron, se garantice que no sean alterados con el fin de eliminar evidencias.

La CVO  integrará de manera detallada esta información en su informe final, el cual será dado a conocer el próximo 29 de febrero mediante un acto público, informó el comisionado Diego Osorno.

¿Peligra la seguridad de los comisionados por la gravedad de la información? atajó un reportero.

“Por supuesto que sí,  este informe va a enfadar a mucha gente” respondió Solalinde y agregó que esta información es sólo una parte pero hay cosas más preocupantes  para las autoridades.

La información  aunque no es vinculante,  es sobre presuntas violaciones a derechos humanos, faltas administrativas o delitos de servidores públicos, y hay delitos que no preescriben,  y las autoridades tendrán que actuar, apuntó Marina Patricia.

“Hay delitos que si bien se dieron en este periodo, han continuado y no tienen caducidad”, agregó el también defensor de migrantes en territorio mexicano.

El informe- acotaron-  también será para organismos internacionales y dará cuenta a la sociedad internacional del cumplimiento o no, de los acuerdos que ha firmado el Estado mexicano.

 

Antecedente

El pasado 3 de febrero, el grupo Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) difundió a través de los medios de comunicación una misiva dirigida a la CVO en la que denuncian que en diversos lugares de Oaxaca “fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado en los años 2006 y 2007”. También mencionan en su comunicado: “Dentro del contexto de terrorismo de Estado que afecta a todo el pueblo, es una necesidad que éste conozca la verdad histórica, en la cual su labor es loable en el esfuerzo colectivo para que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad”.

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