Rocío Flores

OAXACA,  Oax. A casi una década de la revuelta social derivada de un movimiento magisterial ocurrido en Oaxaca, el ex presidente Vicente Fox Quesada reconoció que recibió  presión de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial efectuada el 1 de diciembre de 2006.

Sin embargo Fox Quesada asumió ante la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) la decisión y responsabilidad del operativo efectuado.

El panista dijo también que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Gerardo Clemente Ricardo Vega García, se negó a participar debido a que consideraba que se ponía en alto riesgo la integridad de la institución militar no obstante destinó para los operativos a un grupo de militares que participaron de vestidos de policías federales.

Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento de la ciudadanía que hicieron que el conflicto escalara, dijo la CVO, para el ex presidente Fox Quesada esta decisión de aprobar el ingreso de las fuerzas federales rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social.

Fox Quesada consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

Por su parte el organismo registró que a partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social.

Ante dicha estrategia del movimiento social, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, señaló en su resumen del informe final. La CVO registró que se instrumentaron diversos operativos, primero con elementos estatales de seguridad y luego tras la aprobación de la intervención de la PFP el 29 de octubre de 2006, en coordinación  con federales.

Los operativos fueron los siguientes: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).

En todos estos actos, refiere la CVO hay responsabilidad de funcionarios tanto estatales como federales, incluyendo al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo exime, está claro en el informe, aunque hubo diferentes posicionamientos del ministros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también  hizo recomendaciones al gobierno. Hay responsabilidad de Ulises Ruiz Ortiz,  porque tenía la responsabilidad  de garantizar que se protegiera y garantizarán los derechos de la sociedad oaxaqueña es el ejecutivo del  estado a través de sus instancias” (sic)

“No se tomaron medidas para prevenir y atender situaciones  con las que se pudieron haber evitado violaciones de derechos humanos” apuntó la comisionada Marina patricia Jiménez ayer al  entregar a la prensa el resumen de este informe.

Fox informó de la relación de su gobierno con el gobierno estatal y entre otras cosas habló de la relación de Andrés Manuel López Obrador AMLO  y los dirigentes del PRI en el conflicto de Oaxaca.

La CVO informó que todos los detalles de la declaración de Fox así como la del ex secretario de Salud Martín Vázquez Villanueva (los dos que declararon de los 68 que citaron) serán públicos a partir del 16 de abril, así como los nombres de los 154 funcionarios que las víctimas señalaron como responsables de las violaciones a los derechos humanos en este periodo de 2006- 2007, de manera directa o indirecta.

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