Rocío Flores

OAXACA, Oax.  “Es ofensivo a la inteligencia , porque se puede pensar en todo caso, que se está dando una “concesión” a  los perpetradores”, señaló el activista de la APPO Flavio Sosa Villavicencio respecto a la decisión de la Comisión de la Verdad  de postergar  su informe público sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la revuelta social del 2006 y 2007.

A pesar de que señala  entre  sus  conclusiones y recomendaciones la presunta responsabilidad de funcionarios estatales, que a decir del mismo presidente de este organismo Alejandro Solalinde Guerra,  están contendiendo para puestos de elección popular en este proceso electoral, la Comisión prefirió postergar la verdad bajo el argumento de que esta información no se hizo pública debido al “avasallador” proceso electoral.

Al respecto el Flavio Sosa Villavicencio  señaló que este argumento de que no se quiere que se politice es “ofensivo a la inteligencia , porque se puede pensar en todo caso, que se está dando una “concesión” a  los a los perpetradores”,  personajes que incluso el mismo clérigo señaló que entrevista anterior que quieren ser candidatos a presidentes municipales pero de los cuales no se conoce la información.

“No se les quiere molestar a los perpetradores”, apuntó el ex diputado local y activista durante la revuelta social de ese período.

Sosa Villavicencio apunta que el padre Solalinde (se refiere a él porque es quien preside la CVO) está cediendo a las presiones, a las  que vienen para proteger a quienes tienen relación con los crímenes del 2006.

“Se de las presiones de la comisión de la verdad y lamento mucho que en este proceso electoral están jugando varios de los asesinos y están ejerciendo presión   y lamento mucho que el padre Solalinde esté cediendo a la presión  de los criminales y del gobierno del estado” señaló.

Con el argumento de que la verdad es para que se conozca no para que se conjeture con ella y que se juegue en los tiempos electorales,  el ahora integrante del partido Morena  señala que esta acción también es criminal.

“Conocemos la dinámica de cómo funcionaba, observamos de cerca su trabajo, aportamos nuestros testimonios, invitamos a otras víctimas, participamos en los trabajosa los que  convocó, por eso me parece grave que ceda a presiones del ejecutivo y ceda a presiones de  los criminales por conducto de sus amigos”, insistió.

No obstante aclara que hasta hace algunos días se había mantenido  (Solalinde) con autonomía en la Comisión de la Verdad y que pese a esta actitud espera la integridad del informe.

La presentación pública estaba planeada para el 16 de este mes de abril,  Solalinde Guerra, también  activista y defensor de los migrantes detalló en entrevista telefónica que debido a “las dinámicas internas y de cada una de las personas integrantes de la CVO” se retrasó pero que se publicarían ayer jueves, a través de la página de internet de la CVO.

“Nos dicen que están pensando ponerlo en línea, por favor  qué porcentaje de la ciudadanía oaxaqueña  tiene internet”… debe publicarse masivamente, tienen esa responsabilidad  que no nos vengan con el cuento de que no tienen dinero, que se atreva a ejercer su liderazgo moral”, demanda Villavicencio.

La información no fue publicada durante todo el día de ayer,  ni durante  la mañana de este viernes.

En el resumen, publicado en su página, la CVO señala que ratificó los señalamientos ya hechos por la SCJN en torno a la responsabilidad de funcionarios estatales que intervinieron en los acontecimientos:

“Las personas que ocuparon el puesto de secretario general de Gobierno, entre ellos a Jorge Franco Vargas y Heliodoro Díaz Escárraga; a las personas que ocuparon la Secretaría de Protección Ciudadana, entre ellas, Lino Celaya Luría (fallecido), Alma López Vásquez y Sergio Segreste Ríos; a las personas que estuvieron a cargo como director general de Seguridad Pública, entre ellas, José Manuel Vera Salinas y Pedro Ismael Díaz Laredo; a las personas que ocuparon el puesto de la director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercia” rcita el documento en línea.

También mencionan a Alejandro Barrita (asesinado), Joaquín Darío Berges y Dorantes; y las personas que estuvieron a la cabeza de la Policía Ministerial, entre ellas a Manuel Moreno Rivas y Daniel Camarena Flores; así como también al subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández; y al coordinador de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de la ciudad de Oaxaca, Aristeo López Martínez (asesinado).

Además el resumen señala que  se presentaron testimonios que refieren que Rosario Villalobos Rueda, quien fungió como sub secretaria de Derechos Humanos del Ejecutivo,  que no brindó garantías de protección de derechos humanos a la población.

El documento solo se ha  entregado al gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo y a integrantes del Congreso local, quienes hasta la fecha se han mantenido omisos al tema.

Esta mañana dos medios locales documentan como parte del informe (que no se ha dado a conocer por la CVO),  una serie de domicilios, que refieren, hasta el día de hoy nunca han sido investigados por ninguna autoridad y en donde presuntamente se habrán realizado violaciones a derechos humanos, entre ellos: Bungalows, Los Cárdenas en avenida Hidalgo No. 300, propiedad de Aristeo López Martínez, coordinador general de Seguridad Publica Vialidad y Tránsito Municipal de Oaxaca; domicilio en avenida Guadalupe Hinojosa de Murat s/n. en el fraccionamiento Casas Geo de Xoxocotlan, Oaxaca propiedad del teniente de navío Manuel Moreno Rivas.

“Otro domicilio referido es una casa particular que tampoco fue resguardada ni inspeccionada, y que en el informe se da cuenta de ella como “la casa del teniente de fragata Manuel Vera Salinas , en la Privada de Naranjo Nº 200, Fraccionamiento La Cascada, a un lado de la casa del exgobernador José Murat Casab” refiere una de las notas.

Mientras tanto las 263 víctimas  que rindieron testimonios siguen esperando que la información sea pública y que se haga justicia.

“Lo que está en la página es un resumen,” uno espera la integridad del informe, no veo porque ya el gobernador tenga el informe y la sociedad y las víctimas no. Hubo mucha gente que con mucho dolor acudió a dar sus testimonios y es verdaderamente grave que se diga que por los tiempos electorales  entonces para qué hicieron el trabajo”, remató el activista de la otrora APPO.

 

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