Emmanuel Iraem González Medina*

El hoy ex-primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, tuvo la ocurrencia de convocar al referéndum para decidir la pertenencia de su país a la Unión Europea, como cebo electoral para ayudar a su partido (el Tory) a ganar las elecciones generales. Las semanas anteriores las encuestas mostraban unánimemente que la opción de permanecer ganaría, de manera que el resultado efectivo ha sorprendido a las autoridades y a los principales medios de comunicación. Ha tenido lugar un auténtico terremoto político y simbólico.

La Unión Europea está a punto de cumplir 60 años, contando desde el tratado de 1957 que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE) firmado por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Alemania Federal. Si hacemos memoria, este territorio coincide casi exactamente con el que dominaba el viejo Carlomagno. Eso quiere decir que el núcleo básico de la Unión Europea no es otra cosa que la resurrección del viejo fantasma del reino carolingio, pero, ahí donde éste estaba unificado por dos instituciones, el Papado y el Imperio, excluyendo al Islam y a la Cristiandad Ortodoxa, la UE se concibió como un experimento histórico-social de vanguardia que pretendía superar las rivalidades nacionalistas que destruyeron Europa y su influencia geopolítica en dos letales guerras mundiales; ahora la institución unificadora ya no sería religiosa ni política, sino una corporación jurídico-económica que promovería la cooperación entre sus miembros mediante un mercado común, y posteriormente una moneda común, y haría de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho el fundamento de sus instituciones políticas.

Durante algún tiempo pareció que había llegado, finalmente, por lo menos en una parte del mundo, el día en que “los hombres volverán a ser hermanos”. Alemanes, franceses, ingleses, españoles, se olvidarían de sus peleas del pasado, y trascenderían lo local para abrazar lo global. El proyecto político posmoderno por excelencia, que trata de convertir a ciudadanos y nacionalistas en consumidores y cosmopolitas.

Pero un brusco despertar ha disuelto este sueño.

El motivo principal que ha llevado al pueblo británico a rechazar la permanencia ha sido la inmigración. La política de puertas abiertas promovida por Berlín y Bruselas obliga a todos los países integrantes de la Unión Europea a aceptar extranjeros independientemente de si la población local está de acuerdo o no. La superficie de Gran Bretaña cabe entera en el estado mexicano más grande, Chihuahua, y todavía sobran 17 mil kilómetros. Las cifras oficiales afirman que aproximadamente 310,000 personas arriban anualmente a las Islas Británicas; las cifras no oficiales apuntan a una cantidad mayor a los 500,000. Llegan a una isla ya sobrepoblada, que no puede proveer de trabajos, ni vivienda ni servicios sociales suficientes para la propia población nativa. Al problema de su número, hay que agregar el del tipo de inmigrantes que arriban.

Primeramente, representan un problema económico: el precio de la mano de obra nativa disminuye con la presencia de mano de obra barata importada –y eso en el mejor de los casos, pues según se ha visto en los últimos años en Europa, los inmigrantes conforman una sub-clase permanente dependiente de las ayudas de desempleo que se rehúsa a trabajar. En segundo lugar, representan un problema étnico-cultural: provienen sobre todo del África subsahariana y de poblaciones musulmanas que llevan consigo lazos culturales, patrones de conducta, estructuras religiosas muy difícilmente asimilables o compatibles con la herencia cristiana occidental de los países europeos.

Nos encontramos ante una versión renovada del dilema de Brecht: “¿No sería más simple en ese caso para el gobierno disolver el pueblo y elegir otro?”.

Independientemente de que la desconexión británica respecto de la Unión Europea sea definitiva (algo que su servidor no tiene muy claro al momento de escribir estas líneas), el Brexit es símbolo de la cuestión palpitante de nuestro tiempo: la pugna entre nacionalismo y capitalismo. Para los negocios es bueno fracturar las comunidades nacionales, porque así se liberan para lucrativa circulación en el mercado numerosos recursos que de otra manera se esconderían, improductivos, tras los afanes cursis y anticuados del patriotismo y la tradición. El flujo desregulado de mercancías, dinero, empresas y servicios ha convertido poblaciones enteras en tribus errantes que viajan miles de kilómetros buscando oportunidades laborales.

Las grandes organizaciones transnacionales como la ONU, la Unión Europea o el FMI, ángeles guardianes que conducían a la Humanidad a un futuro de prosperidad ilimitada y convivencia armónica, ya no parecen tan bondadosas. Burócratas y expertos toman decisiones que afectan a millones de personas en base a esquemas normativos lejanos de la realidad que sólo benefician a los grandes intereses corporativos extranjeros y a los colaboracionistas locales. Tras veinticinco años de aplicación rigurosa, las consecuencias han tocado a la puerta –o mejor dicho, ya van muy avanzadas en el desmantelamiento de la casa, y no pueden ser ignoradas por más tiempo.

No es raro, pues, que la rebelión popular ataque el universalismo abstracto de la fraternidad sin fronteras en defensa de los intereses del lugar de nacimiento, haciendo de la convergencia de paisanos y vecinos su fuerza, articulándose en torno a un viejo principio que se creía enterrado en el basurero de la historia: el de la nación-Estado.

 

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*Torreón (1988). Sociólogo y filósofo.

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