Pueblos indígenas declaran Día Estatal de Rebelión Contra la Minería

Rocío Flores

OAXACA, Oax. Mientras La iniciativa de Ley Indígena para Oaxaca permanece parada en el Congreso local desde el 21 de marzo de 2014, por falta de voluntad política de legisladores y legisladoras, autoridades comunales y agrarias, comunidades y organizaciones de Oaxaca han denunciado a lo largo de este año los continuos atropellos de los que han sido objeto las comunidades y pueblos indígenas por parte de corporaciones privadas y autoridades de los tres niveles de gobierno.

La  iniciativa turnada a las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Asuntos Indígenas de la sexagésima segunda legislatura, (próxima a concluir su periodo) pretende establecer como ley los derechos y facultades de los pobladores de decidir sobre asuntos relacionados con su territorio, el respeto a sus usos, costumbres y tradiciones, a fin de generar desarrollo justo en sus propias comunidades, como lo establecen los acuerdos internacionales.

No obstante la iniciativa quedó  ahí “estancada” a pesar de estar casi lista para el dictamen final.

Mientras tanto  comunidades como Ixtepec, Juchitán, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar  en el Istmo,  San José del Progreso, Ejutla de Crespo, Monte del Toro, El Vergel, y su anexo los Ocotales, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas, Magdalena Teitipac, en Valles Centrales, por mencionar algunas permanecen en constante lucha por defender lo que consideran atropellos a sus maneras propias de vivir y gobernarse.

Durante esta semana Víctor Leonel Juan Martínez ex consejero electoral que presidió hace unos años la comisión de Sistemas Normativos Internos  del Instituto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), opinó sobre el tema a la prensa local.

“La Ley indígena es algo que marca mucho la forma de hacer política en el Estado, los intereses de la clase política, los partidos políticos, los diputados y el poder ejecutivo”

Antes (la semana pasada) en el zócalo de la ciudad capital, en un intercambio de experiencias y las formas de resistencia que han adoptado por  la defensa de la tierra, autoridades comunales y agrarias denunciaron que se les sigue tratando como si fueran colonias.

“El empeño colonizador comprende no sólo nuestras tierras y territorios, sino también nuestras formas de ser y de pensar y todos nuestros valores y creencias, así como nuestras raíces espirituales”  expusieron durante el encuentro del día 21 de julio, fecha  que también declararon como el Día Estatal de Rebelión Contra la Minería.

De acuerdo a las autoridades presentes, estas acciones están asociadas con proyectos mineros, eólicos, que envenenan el suelo, el agua y el aire, arruinan la economía local, afectan la calidad de vida, invaden sus espacios sagrados, ignoran los derechos de los pueblos y tratan de impedir que decidan con autonomía cómo quieren vivir.

En esa fecha denunciaron que los gobiernos han estado modificando las leyes que protegían sus derechos y eran fruto de sus luchas sociales.

“Esos cambios y las nuevas leyes se basan en políticas y diseños de otros países e instituciones y traicionan los intereses de los pueblos y de la nación mexicana. El sistema judicial entero está cada vez más al servicio de quienes nos oprimen y es cada vez más corrupto” manifestaron.

Derivado de este encuentro que se enmarca en una jornada nacional de defensa de la tierra, informaron  de  la decisión de mantener su lucha  para detener esos atropellos en conjunto con organizaciones y pueblos que luchan también en defensa de la tierra

“nos articularemos cada vez más con luchas de distintas geografías y orientaciones, lo mismo con la lucha de los maestros, que es una lucha de los pueblos, que con la de las mujeres, los ambientalistas, los campesinos y todas los demás”, concluyeron.

No obstante reconocieron que no sólo se encuentran con los conflictos locales, ni enfrentan solo a funcionarios corruptos e irresponsables sino ante un sistema en que las empresas e instituciones buscan el despojo y privatización de la tierra.

“Mantendremos esa resistencia y la llevaremos tan lejos como sea necesario” insistieron.

 

 

 

 

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