_{Foto: Carmen Pacheco}

La respuesta de autoridades ante la resolución de un juez federal que ordena a la reconexión de agua a los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, en un plazo de tres días, generó inconformidades contra las autoridades agrarias, municipales y el gobierno estatal.

“Queremos que se respeten nuestras tierras”, reclamaban comuneras y comuneros en la plaza central de Ayutla este sábado, rodeados de topiles o elementos de seguridad y unas 200 personas con machete que intentaban minimizar el reclamo.

Todos llegaron desde las ocho de la mañana convocados para ser efectivo el acuerdo entre el presidente municipal de Ayutla y el de Tamazulápam del Espíritu Santo sobre el deslinde o el acto formal por el que establecerían los límites de las propiedades de Ayutla. Pero no todos conformes.

Dicho acuerdo, por el que se pretende resolver el conflicto agrario y la reconexión de agua, no fue consultado por las autoridades en asamblea, según versiones de comuneros de Ayutla, quienes argumentan que las personas afectadas por el despojo de tierras en 2017 no fueron tomadas en cuenta y que la reconexión del agua ordenada por un juez federal en respuesta al amparo con número de expediente 795/2017, no estaba sujeta a negociación de las tierras.

“¡Vámonos, vámonos, no les hagan caso, vienen a provocar!” gritaban algunos hombres con mochila en la espalda y machete en mano. “Lo que quieren es un millón por sus tierras, quieren indemnización”, repetía una mujer identificada como la esposa del presidente municipal.

La impaciencia y la tensión emocional parecía suspendida entre la neblina esta mañana. Las posiciones opuestas comenzaron a generar hostilidad. Minutos después unos subían a unos vehículos para ir al manantial, donde se realizaría el deslinde de las tierras, otros corrían hacia la puerta del patio central y abrían una enorme manta amarilla que resumía la demanda, y otros más buscaban intimidar a la prensa.

El letrero fue rasgado con machete por hombres a bordo de un vehículo. “Es un abuso de autoridad. Tenemos derecho a que nos escuchen”, repetían las personas inconformes.

Leticia Juárez Jiménez se colocó en la defensa del vehículo y con la actitud asumió el esfuerzo que supone luchar por sus tierras.

“No le vamos a dar a otro pueblo lo que es nuestro, a ver… quién va a regalar sus terrenos. Yo no se los voy a dar porque tengo la dignidad de luchar, dijo en su lengua ayuuk y después en español.

«No nos vamos a quitar”, repetía frente a una patrulla de la Policía Municipal que bajo la indicación de un joven intentaba avanzar. Después de unos minutos de confrontación algunos decidieron salir por otro lugar.

Frente a la patrulla Rocío Peralta explicaba que ganaron un amparo en el que el compromiso que debía asumir el gobierno estatal y el gobierno local era reconectar el manantial en tres días. Pero el presidente municipal y los agentes lo bloquearon y lo llevaron a una negociación, no consultaron al pueblo.

“Si el pueblo estuviera convencido de la colindancia y de que van a poner las mojoneras este parque estaría lleno, no tendríamos que estar hablando de unas 200 ó 300 personas, en Ayutla somos más de 3 mil personas”.

Si por alzar la voz nos vamos a llevar la cárcel, si pedir la reconexión a nuestro manantial es un delito, si pedir el respeto de nuestros compañeros a que se les regrese sus tierra es un delito, pues aquí estamos. Dicen que somos una minoría, pero somos una minoría que no está dispuesta a la imposición. Jesús Galván Rojas ha sido un presidente que nos intimida por alzar la voz. Pero el pueblo tiene derecho a saber que nosotros ganamos un amparo y a decidir, resume la comunera.

La protesta se diluyó en la plaza. Más tarde autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) celebraban el acto oficial a un lado del manantial, custodiados en el camino por elementos de la Policía Estatal y por jóvenes que, a unos metros del lugar, decidían quién podía avanzar o estar en el lugar.