Anabel López Sánchez*

A 68 años del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres mexicanas, hoy legalmente hemos alcanzado la paridad en todo, así lo estableció el 6 de junio de 2019 la Reforma Constitucional al adicionar en el artículo 41 que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas; en los espacios de representación popular  y en la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.

Llegar aquí no ha sido fácil, las mujeres pasamos distintas limitaciones para el ejercicio pleno de los derechos y hemos tenido que luchar de manera permanente para que nuestros derechos políticos sean respetados y garantizados.

Fue hasta 1993 cuando se recomendó en la ley electoral, incluir a más mujeres en la vida política del país; sin embargo, no se definieron porcentajes ni  alguna sanción por incumplimiento.

Ese fue el inicio de las primeras acciones afirmativas encaminadas a garantizar la participación política del 50% de la población.

En 2002 se definieron las cuotas de género para  diputaciones y senadurías federales. A pesar de dicho avance, los partidos políticos se las ingeniaron para que un hombre fuese el que a toda costa ocupará el puesto de elección popular, generando fenómenos como las llamadas “Juanitas”; en referencia a las mujeres que habían sido postuladas y posteriormente reemplazadas por un suplente varón. Esta estrategia buscaba “cumplir oficialmente” con la cuota, pero al final impedir la participación de las mujeres en la vida pública.

Actualmente, fruto de la reforma constitucional de 2019, tuvimos los resultados de los recientes procesos electorales, los cuales nos muestran un avance importante en la representación de las mujeres. Por primera vez tenemos un Congreso paritario, 6 gobernadoras, tenemos ayuntamientos paritarios y la mayoría de los congresos tienen una integración paritaria o la superan.

Cabe recordar que de acuerdo al marco normativo, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones  ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas en los distintos cargos de elección popular.

Por otra parte, si bien hoy tenemos 13 mujeres indígenas en el Congreso federal y se ha avanzado en la representación de mujeres indígenas -gracias a las acciones afirmativas- la discriminación, racismo y misoginia prevalece cuando se trata de la participación de las mujeres indígenas es espacios de toma de decisión.

Lamentablemente ejemplos de ello hay muchos. Martha Sánchez Nestor, mujer ñomndaa de la Costa Chica de Guerrero, pasó prácticamente la mitad de su vida buscando representar a su distrito en el Congreso de Guerrero, su vida llegó a su fin por complicaciones de Covid, sin que su deseo y legítimo derecho fuera respaldado, promovido y mucho menos garantizado.

En el proceso electoral de julio de 2021, mujeres indígenas de los tres estados más pobres de México fueron obstaculizadas y violentadas, luego de que hicieran público su deseo de participar en las elecciones locales.

Tal fue el caso de María Gabriela Patishtan Ruíz, joven tzotzil quien se postuló a la Diputación local por el Distrito XI con cabecera en Bochil, Chiapas, a pesar de que su Distrito toca ser representado por una mujer indígena y de que ella fue la única mujer indígena que se postuló, no fue la candidata asignada.

Otro ejemplo es el caso de Karina Regalado, indígena zapoteca, que se postuló a la candidatura federal y local por el Distrito XX Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Karina no fue registrada y en su lugar fue registrado un hombre.

En el caso de Guerrero, Felícitas Martínez, indígena me’phaa, se postuló a la Diputación local por el Distrito 15, por la vía de mayoría relativa y por representación proporcional, ambas fueron rechazadas.

Otro caso en el estado de Oaxaca, es el de Rosa María Castro, mujer afromexicana, quien se postuló para la diputación local por el Distrito XXV de San Pedro Pocitos por la vía de Mayoría relativa y de Representación proporcional y tampoco fue considerada.

Los ejemplos referidos, son solo un botón de muestra de que a pesar de que todas ellas cuentan con experiencia, trayectoria y compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y de sus comunidades indígenas, el derecho a la participación política no es garantizado y por ende en los espacios de representación popular, no estamos todas.

Aunado a ello, las mujeres que se atreven a participar en la vida pública de sus entidades, se enfrentan a la violencia política por razón de género, es decir, a mayor participación, mayores resistencias, que se traducen en violencia: campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas, amenazas, etc.

Además de actores políticos, las mujeres indígenas también se enfrentan a la violencia por parte de los medios de comunicación, quienes no solo reproducen la violencia generada por agresores partidistas sino se han convertido también en agresores. Dichas agresiones no solo ocurren durante los procesos electorales sino cuando las mujeres participan de manera activa. Ejemplo de ello es el caso de la abogada indígena Camelia Gaspar, quien se postuló para contender en el proceso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, a diferencia de los hombres que aspiran al mismo cargo, ella ha sido estigmatizada, cuestionada y violentada.

Otro caso reciente es el de la diputada federal Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la Unión, y quien el pasado 5 de octubre hizo pública su aspiración por contender a la gubernatura de Oaxaca, la diputada chinanteca, recibió como respuesta cuestionamiento y difamación, es decir, en vez de reconocer su labor o de fomentarla, los medios de comunicación se manifiestan con discursos racistas y misóginos, sin dimensionar, que su discurso es el mensaje que llega a la ciudadanía y que puede representar violencia simbólica que normalice las agresiones contra las mujeres, ya sean verbales o incluso físicas.

Finalmente, otro ejemplo de violencia política por razón de género, es la que actualmente vive la abogada feminista Elizabeth Sánchez, quien el Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta como la primera mujer nombrada como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Luego de que medios de comunicación dieran a conocer que el Consejo General del INE perfila su nombramiento como presidenta del IEEPCO, las redes sociales sirvieron como conductos de misoginia.

Los casos relatados son una muestra de las barreras y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres indígenas que buscan participar de manera legítima y activa en la vida política de sus entidades,  a ellas se les nulifican sus conocimientos y trayectoria, se les pone en tela de juicio el derecho a ocupar cargos en espacios de trascendencia, por ser mujeres, por ser indígenas y por no pertenecer a las elites del poder que temen perder privilegios y que imponen como una respuesta la violencia política.

Las mujeres en México hemos avanzado pero aún queda un largo camino por recorrer sobre todo para garantizar que las mujeres que han sido históricamente discriminadas puedan acceder a espacios de toma de decisiones y lograr así que la mitad de la población que somos  las mujeres, tengan la posibilidad de estar representadas, para que su voz sea escuchada y atendida.

*Directora general para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e impulso a la participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).