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diciembre 2, 2019 Comentarios (0) Opinión, portada

Libertad de expresión: el impacto del discurso de AMLO en la prensa

AMLO mañanera

En el primer año de gobierno 19 periodistas han sido asesinados

Atziri Ávila*

“Fifis, chayoteros, hampa del periodismo, chairos, conservadores, mafiosos, trumpistas, neoliberales, maiceados” 一entre otros一 son algunos de los adjetivos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha utilizado para describir a quienes ejercen el periodismo en México.

A ello se suma el cuestionamiento de la información, advirtiendo que él tiene “otros datos”; la exigencia a periodistas de revelar su fuente de información; la acusación de estar con la oposición  y la advertencia de que “si se pasan, ya saben lo que sucede”.

Este discurso oficial, ha tenido graves consecuencias que se reflejan en la prevalencia de las agresiones y asesinatos de periodistas en nuestro país.

Solo en su primer año de gobierno han sido asesinados 19 periodistas, siendo los estados de mayor preocupación Guerrero, Sonora y Veracruz.

El discurso oficial, permea y da la anuencia para que autoridades municipales y estatales se sientan con la legitimidad de descalificar a quienes ejercen el derecho a la información y la libertad de expresión.

Tal es el caso de la periodista Carmen González Benecio, corresponsal del periódico El Sur en Tlapa de Comonfort, Guerrero, quien ha sido objeto de campañas de difamación, descalificación y desprestigio por parte del presidente municipal, Dionicio Merced Pichardo García, perteneciente al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las agresiones impulsadas a través de las redes sociales, generan un ambiente propicio para que la periodista sea agredida incluso por los habitantes del municipio, y violenta sus derechos, al restringirle información, y al poner en tela de juicio su labor, cuando la periodista visibiliza hechos tan graves como lo fue la desaparición y posterior asesinato del defensor Arnulfo Cerón, integrante del Frente Popular de la Montaña.

Otro ejemplo del impacto que trae consigo la descalificación del Gobierno federal, se evidencia en la ola de denostación proveniente de los presidentes municipales de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Escuinapa en el estado de Sinaloa. Estas agresiones dirigidas a dueños de medios y periodistas propaga señalamientos que tachan al gremio como personas mentirosas y corruptas, al grado de llamarles “perros”, lo que genera el temor fundado de que las amenazas se materialicen por las autoridades o por seguidores, fanáticos o autollamados “AMLOvers”, que buscan impedir a toda costa cuestionamientos a las autoridades, particularmente hacia el titular del Ejecutivo.

En este contexto, existe mayor preocupación por las y los periodistas comunitarios y por periodistas independientes. Aquellos que cuestionan los abusos caciquiles, y que tienen menos acceso a las instancias para la búsqueda de justicia, redes de apoyo o redes sociales, para denunciar las agresiones en su contra.

 Autocensura

El rechazo a los cuestionamientos ha provocado que los propios medios y periodistas comiencen a realizar un tipo de autocensura con el objetivo de “sobrevivir”.

Ello deriva en que sea la sociedad la más afectada, al no recibir la información completa, información de calidad o simplemente al no recibir información, por el temor de periodistas de recibir represalias o que les quiten la publicación oficial, que muchas veces es el mayor recurso con el que los medios subsisten.

Estas descalificaciones obligaron a que el pasado 31 de octubre, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), hiciera un llamado al Ejecutivo Federal, a las y los secretarios de Estado, legisladores y legisladoras, gobernantes estatales como presidentes y presidentas municipales para que “acaten el Artículo sexto Constitucional, respeten y garanticen el derecho a la información y la libertad de expresión durante su ejercicio público”.

A un año de gobierno, si bien existe una mayor cercanía a la figura presidencial, a través de las conferencias matutinas o “las mañaneras”, esto no garantiza el libre ejercicio de los derechos, sino que esta práctica ha sido cuestionada, al propiciar el control de la información y la construcción de una agenda que mantiene al gobierno en una especie de campaña permanente y que invisibiliza e impide cuestionar sobre problemáticas graves que vive el país como la inseguridad, la violencia, los feminicidios, etc.

Eso tiene como consecuencia también la polarización de la opinión pública y por ende las agresiones a quienes cuestionan y visibilizan lo que busca ser invisibilizado.

Periodistas en riesgo

Según los datos oficiales, actualmente se encuentran bajo protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, 554 periodistas: 159 mujeres periodistas y 395 hombres periodistas.

Lejos de que las solicitudes de incorporación cesen, estás prevalecen y se incrementan, lo que lo hace casi insostenible, pues además de periodistas, acoge a personas defensoras de los derechos humanos, llegando hasta la fecha a un total de 1,030 personas incorporadas.

Ante ello, es necesario continuar el llamado al Gobierno Federal, a los Gobiernos Estatales y Municipales a cesar las agresiones y violaciones a los derechos de las y los periodistas, pues las agresiones hacia este gremio, provienen en su mayoría de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Observancia internacional

Lamentablemente, desde hace más de una década, México ha sido catalogado como uno de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo, por lo que tanto el presidente, como todos los funcionarios y funcionarias, deben dimensionar el riesgo y la vulnerabilidad en la que colocan al gremio periodístico al violentar sus derechos, lo cual propicia y legitima las agresiones de otros sectores como: empresas, delincuencia organizada y la propia ciudadanía.

En las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para la supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que se hicieron públicas el pasado 7 de noviembre, el Comité lamentó “el alto nivel de violencia, incluyendo la violencia letal, e intimidación contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Así mismo, advirtió que México “no cuenta con una política integral que promueva la implementación de medidas efectivas de protección y prevención; y que las medidas de protección adoptadas carecen de un enfoque diferenciado que incluya la perspectiva de género”. Además manifestó su preocupación por la situación de grave impunidad, respecto a los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en nuestro país.

A un año de este primer año de gobierno, ha quedado evidenciada la importancia de la labor periodística, de la objetividad y de la función social que los medios y periodistas cumplen en nuestra sociedad para el fortalecimiento de las democracias.

Ha quedada evidenciada también la importancia del contrapeso, la observancia y el cuestionamiento frente al poder, sea cual sea su partido. Las y los periodistas, así como quienes defendemos los derechos humanos no estamos para aplaudir, tampoco para alinearnos con quienes tienen como deber garantizar los derechos no violentarlos.

Por eso, en este reto compartido será fundamental: reivindicar nuestra labor; visibilizar y denunciar todo tipo de agresiones que violenten el derecho a la libertad de información y expresión; fortalecer las redes de periodistas desde lo local, para hacer frentes en común que pugnen por la garantía de nuestros derechos y garanticen la correcta y efectiva difusión de los temas de interés público que pueden o no contribuir a la construcción de un mejor país, entre otras acciones.

Desde 2018, México vive una especie de reacomodo, pero sin duda, este primer año de gobierno, ha sido caracterizado por la descalificación contra la prensa. La libertad de expresión ha estado vulnerada, cuestionada y mermada. En síntesis, el presidente “nos ha quedado a deber”.

 

*Comunicóloga Social y defensora de los derechos humanos. Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

 

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