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octubre 5, 2020 Comentarios (0) Opinión, portada

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos, frente el desdén de la protección federal

Atziri Ávila*

Comunicadoras comunitarias, defensoras que denuncian desplazamientos forzados de comunidades enteras en la Montaña de Guerrero, periodistas que desempeñan su labor en contextos criminales, son algunas de las 1,304 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México.

Están ahí por ser víctimas de atentados, asesinatos o desaparición de uno o más integrantes de su familia. Algunos, aunque salvaron la vida, sufrieron lesiones de bala en la mandíbula y están en proceso de recuperar el habla que perdieron por la gravedad de la lesión.

Para frenar ataque de grupos caciquiles y para acceder a la atención médica que en su comunidad es inexistente, la reubicación ha sido la respuesta. Quienes tienen más suerte, permanecen en sus lugares de origen, pero sus casas tienen que ser cercadas,  acondicionadas y son constantemente monitoreados para asegurar que su vida se encuentre a salvo. Otros son acompañados por escoltas quienes en diversas ocasiones les han salvado la vida a las personas beneficiarias de estos mecanismos de protección.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México surgió en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” por el incremento de asesinatos de periodistas y personas defensoras en México. Fue el resultado de la lucha histórica de la sociedad civil que logró la creación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos en 2012.

A partir de la ley se creó el Mecanismo, a través del cual el Estado mexicano garantizaría la protección de ambos gremios. Ocho años después, ese esfuerzo se desmorona ante el insuficiente esfuerzo del Gobierno Federal para salvaguardar la vida e integridad.  Se suma también el debilitamiento del único organismo federal encargado para dicho propósito.

El fortalecimiento del Mecanismo no ha sido una prioridad de Estado, pero los riesgos y las agresiones no disminuyen. De acuerdo al propio Mecanismo, de enero a agosto de 2020, se han registrado al menos 276 agresiones contra periodistas y activistas, es decir, todos los días en México se agrede a quienes ejercen la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. Los estados de mayor índice de agresiones y mayor preocupación son la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua.

Recientemente dos decisiones lo debilitan aún más: por un lado la remoción del Ing. Aarón Mastache Mondragón, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Comisionado Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, para que a partir del 7 de octubre se desempeñe como Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que podría significar un nuevo in pass no solo al interior del Mecanismo.

Como Consejo Consultivo hemos impulsado y exigido la capacitación al personal, así como la apertura de nuevas plazas para atender de manera pronta la continua demanda hacia el Mecanismo, sin embargo la inestabilidad en el equipo, empezando por el cambio de titular, provoca desajustes para su eficaz funcionamiento y es un mensaje de desdén hacia la atención de la problemática por parte del titular del Ejecutivo.

El albazo legislativo que se pretendió consumar el pasado 1 de octubre en la Cámara de Diputados evidenció cómo a costa de todo 一incluyendo los procedimientos legislativos一 se buscaban desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el 10232 que garantiza la implementación y operación de las medidas otorgadas por el Mecanismo,

porque contrario a lo que se justifica, dicho mecanismo no se utiliza para la nómina ni para su estructura, sino que está destinado al 100% para las medidas de prevención, protección y medidas urgentes que se otorgan a periodistas y personas defensoras en riesgo, como parte del plan de protección aprobado por el Consejo Ciudadano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Segob.

Desde su creación, la Ley de Protección definió al Fideicomiso como la figura que garantiza un actuar más efectivo, reconociendo que la problemática que se atiende es evidentemente de urgencia, y en donde cada minuto cuenta para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas beneficiarias.

Retroceso gubernamental

Las decisiones gubernamentales llegan en un momento crítico para la situación de violencia que viven activistas y periodistas en México. De acuerdo a la organización internacional Artículo 19 “en el primer semestre del 2020, los ataques físicos a periodistas se incrementaron en un 80por ciento, comparado con el mismo periodo del año pasado”.

En cuanto a personas defensoras, el Gobierno federal refiere que no existe criminalización contra quienes defienden los derechos en nuestro país, no obstante, cabe señalar, 886 de las 1,304 personas beneficiarias del Mecanismo son defensoras/es de los derechos humanos, es decir, el 68 por ciento se encuentra en el Mecanismo por la prevalencia del riesgo. Y es el propio Ejecutivo federal quien se ha convertido en un actor agresor tanto contra activistas y periodistas, lo que incrementa el nivel de riesgo y vulnerabilidad.

Es necesario mencionar que el recurso destinado para este ejercicio fiscal se encuentra ya comprometido hasta este mes de octubre, por lo que desaparecer el Fideicomiso de un día para otro, pondría en jaque no solo la eficaz implementación de las medidas de los 418 periodistas  (111 mujeres y 307 hombres) y 886 defensoras de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres) adscritos al Mecanismo Federal, sino también un caos administrativo que dilataría aún más su efectividad.

Las Medidas Urgentes de Protección y las Medidas de Protección son una de las acciones contempladas en la Ley, lo que hasta ahora han realizado las autoridades mexicanas, es solo uno de los escaños a los que un Estado Democrático debe aspirar para garantizar de manera plena el ejercicio de ambos derechos.

Hoy por hoy el Gobierno de México solo ha atendido las urgencias y  reacciona a las agresiones ya consumadas, pero aún tiene mucho que caminar para contar con una política pública integral que garantice la labor en condiciones, dignas, seguras y libres.

Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores están a prueba, observaremos si su compromiso es efectivamente con la ciudadanía, o si el compromiso se limita solo al ámbito partidista, como ha ocurrido en otros sexenios.

Como sociedad civil es necesario subrayar que de aprobarse la desaparición específicamente del Fideicomiso del Mecanismo, dicha decisión sería contraria a las recomendaciones internacionales, entre ellas, a las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR) para la supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), realizadas en noviembre de 2019.

En ellas,  el Comité recomendó al Estado mexicano: “Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y sus Unidades Estatales de Protección, con la asignación de recursos financieros y personal adecuados para su labor, la incorporación de la perspectiva de género en su trabajo, la ejecución de acciones que incidan sobre las causas estructurales del riesgo, tanto de forma reactiva como preventiva, y la realización de actividades para sensibilizar a la población acerca de la legitimidad de sus actividades”.

Paradójicamente, cuando se tendrían que estar impulsando nuevas acciones para el fortalecimiento del Mecanismo; reforzando su estructura; construyendo acciones de prevención; capacitando a servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal; implementando las 104 recomendaciones emitidas por la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo; incorporando la perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos y realizando el reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas, el camino parece ir en sentido contrario.

El escenario es preocupante y podría significar un retroceso en materia de derechos humanos en un país que, de acuerdo al Observatorio UNESCO, ocupa el segundo lugar con el mayor número de periodistas asesinados a nivel mundial y en donde la impunidad prevalece.

El Mecanismo es relativamente reciente, se ha aprendido en el camino cómo reconocer, atender y acompañar las necesidades e impactos de las agresiones a las personas beneficiarias. Aún hay pendientes para las mejoras en su operación, pero lo que es real es que ha salvado vidas, por lo que, igual que otros fideicomisos que con su desaparición afectarían de manera inmediata a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es necesario que el Poder Ejecutivo y el Legislativo evalúen el impacto de sus decisiones, las cuales tendrían repercusiones directas en la vida e integridad de las personas beneficiarias.

Su actuar puede significar la revictimización de las personas beneficiarias, el debilitamiento y la vulneración del Mecanismo creado de acuerdo a la ley “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, lo que abre la puerta para la búsqueda del amparo de la justicia en el ámbito internacional, frente al desdén de la protección a nivel nacional.

*Comunicóloga Social y Defensora de los Derechos Humanos, integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en México. @AtzirieAvila

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