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Atziri Ávila*

 Me forjé como defensora de los derechos humanos en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres de México.

Ahí, donde las mujeres mueren al parir; donde las niñas y  niños tienen que caminar más de una hora para poder ir a la escuela o donde la delincuencia se ha organizado tan bien, que ha logrado cooptar no solo a las autoridades, sino a niños y jóvenes que se alistan en sus filas para convertirse en vigilantes, vendedores, consumidores, transportistas y hasta sicarios. Donde la pobreza se ha vuelto “normal” y ni siquiera los derechos básicos son garantizados.

 En la Montaña de Guerrero, conocí cómo la militarización de la seguridad pública, trastoca la vida de familias enteras, matando por igual a hombres y mujeres.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” cambió mi vida y permitió que a través de mi labor pudiera contribuir a cambiar la vida de algunas de las decenas de víctimas que día a día tocaban la puerta en búsqueda de justicia.

Me formé conociendo los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres Me’phaa violadas y torturadas sexualmente por militares en 2002; cuyo caso fue sentenciado en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), pero que 10 años después, el Gobierno de México solo ha implementado el 20% de ella.

 Conocí también del Caso de Bonfilio Villegas, indígena nahua ejecutado extrajudicialmente por militares, mientras viajaba en un autobús para migrar de Guerrero a Estados Unidos.

En 2010 pisé el territorio de la lucha histórica del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), quienes desde hace 16 años ejercen la defensa de su territorio ante la construcción de una hidroeléctrica.

Está lucha ha traído innumerables violaciones a los derechos humanos incluyendo la ejecución extrajudicial y la criminalización.

En mayo de este año, 16 de los integrantes del CECOP fueron liberados después de haber sido detenidos arbitrariamente y pasar 516 días en prisión.

A pesar del alto riesgo que implica también su liberación y de que la casa de su líder histórico Marco Antonio Suástegui ha sido vigilada por la Marina desde agosto de este año; el Gobierno federal no ha brindado las medidas de protección para garantizar la vida e integridad física y psicológica de las  campesinas y campesinos que conforman el CECOP.

De ese mismo territorio acompañé la exigencia y estrategias para la libertad de líderes indígenas como Maximino García Catarino, Nestora Salgado, María de la Cruz Dorantes, Arturo Campos, entre otros.

Viví de cerca el cobarde asesinato de defensoras y defensores de los derechos de los pueblos: Rocío Mesino; Arturo Hernández Cardona y Ranferi Hernández Acevedo, cuyas familias hasta la fecha viven horrorizados antes la desprotección e impunidad del Estado.

En la Montaña, los cuerpos son calcinados y no pasa nada.  Ahí, el propio presidente municipal realiza campañas de desprestigio contra las defensoras y periodistas llamándolas “pseudo activistas” o “pseudo periodistas”, generando en las redes sociales un discurso de odio en la opinión pública.

Ahí, las defensoras y defensores de los derechos humanos son olvidados y viven a su suerte.

Conocer estos y otros casos,  abonar para visibilizarlos y para que sus casos sean no solo conocidos sino atendidos, forjó mi ser como defensora.

Hoy, a 10 años de mis primeros pasos en esa labor, tengo la fortuna de decir que soy defensora de los derechos humanos por convicción y decisión propia; que cada día busco profesionalizarme más para poder apoyar de la mejor manera a quienes se ven obligadas u obligados a defenderse, después de haber sido víctimas de una violación a sus derechos humanos.

Hoy, camino de la mano de mis compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y de las familias de víctimas que con su determinación de búsqueda de justicia, son nuestra guía y motor.

El contexto no es otro, a ello se suma la violencia feminicida que cada día cobra la vida de 10 mujeres en México, conocer nuevas realidades, me ha permitido fortalecer el compromiso con las personas que menos acceso a la justicia tienen: los pueblos indígenas y las mujeres víctimas de violencia.

 Hoy sé que ser mujer defensora de los derechos humanos en México, significa:

• Romper nuestros propios paradigmas.

• Luchas constantes al interior de nuestra propia familia para que no demeriten nuestra labor o cuestionen nuestras ausencias.

• Luchar porque nuestra voz sea escuchada, primero al interior de nuestras casas, luego en nuestras organizaciones y después frente a las autoridades.

• Validar nuestra labor y que sea respetada, impulsada y acompañada, incluso por nuestra propias compañeras de movimiento y también por la sociedad, pues ésta va encaminada hacia la construcción de nuevas realidades y de sociedades más justas e igualitarias.

En los momentos de desfallecimiento; recuerdo a las familias que buscan a sus hijas e hijos, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa; a las madres y padres que buscan justicia por los feminicidios de sus hijas.

 A quienes sufren malformaciones: sordera, ceguera, cáncer o cualquier otra enfermedad como resultado de los impactos negativos de la minería, proyectos eólicos, gaseoductos o de cualquier otro megaproyecto impuesto en los territorios indígenas. Son las víctimas y sobrevivientes, quienes -como un cincel- moldean nuestra casta de defensoras y defensores y ni ellas ni nosotros podemos dejar de advertir que: “Otro mundo es posible”.

 Hoy, traigo también a la memoria a periodistas y personas defensoras que han sido asesinadas.

Sé que ser defensora es vivir en un riesgo constante. Es muchas veces caminar y dormir con los temores de que nuestras exigencias toquen intereses políticos, económicos o ideológicos que lejos están de ser los nuestros. Pero en este caminar; me niego a que el riesgo sea nuestro acompañante permanente; porque nuestra labor es legítima y necesaria.

 Es por ello que la solidaridad internacional ha sido muchas veces nuestra salvación; las voces a través del otro lado del océano han salvado vidas.

 Agradezco infinitamente lo que organizaciones como Front Line Defenders  y organismos internacionales han hecho por cada uno de los defensores y defensoras en México, cuya lucha los ha colocado en la línea de fuego.

 Hoy 10 de diciembre de 2019 “Día Internacional de los Derechos Humanos” es una fecha para refrendar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en México, hacia una verdadera transformación social que disminuya -y a largo plazo erradique- las violaciones a los derechos humanos que no nos permiten vivir plenamente una vida digna, segura y estable, pero también es una fecha para exigir garantías de seguridad para las personas defensoras de derechos humanos y que serlo, no sea sinónimo de riesgo, agresiones y amenazas.

 * Comunicóloga social y defensora de los derechos humanos. Integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.