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marzo 23, 2015 Comentarios (0) Política, Política y educación, Política y gobiernos, portada

FALP, FPR y S-22, quienes más agreden a periodistas

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*Periodista acusa de intolerantes a organizaciones sociales y sindicales

*Instalan en Oaxaca nuevo organismo para protección a periodistas

Rocío Flores

OAXACA, Oax. En una inesperada intervención durante la presentación de la Defensoría Especializada para la Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras de derechos Humanos, el periodista Pedro Matías Arrazola, señaló que son las organizaciones sociales las que más han agredido a representantes de la prensa en el estado.

El también consejero de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y corresponsal de la revista Proceso, apuntó durante su participación:

“Aunque no fui considerado en el script quiero externar mi postura sobre algunos casos que me parece importante nombrar, y es una forma de emitir mi postura con respecto a ciertos personajes que se encuentran acá”.

“Varias organizaciones sociales” –destacó Matías Arrazola–, “con la fachada de progresistas y democráticas, se han convertido en los principales agresores de las y los periodistas”.

Aprovechando la oportunidad, continuó: “quiero que quede claro que no somos sus trabajadores, ni tampoco somos sus cómplices, nosotros sólo cumplimos con la función de informar lo que sucede, les convenga o no”.

Matías Arrazola detalló que el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones son las principales agresoras de las y los compañeros que están en campo. Se han convertido, dijo, “en lo que tanto cuestionaron de los gobiernos autoritarios y caciquiles, no toleran las críticas, se han vuelto totalmente intolerantes”.

Lo anterior lo señaló el también consejero de la DDHPO, quien en el pasado  se ha declarado víctima de amenazas y hostigamiento a a raíz de una crónica publicada en la página Web de noticias Página3.mx, sobre la visita a Oaxaca de la secretaria de Desarrollo social Rosario Robles Berlanga y el director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.

En lo que se refiere a la función de la recién presentada Defensoría para la Protección a Periodistas, apuntó: “aunque no se le reconoce el mérito al Consejo Ciudadano, quien fue que lo propuso, me da gusto que quede establecida”.

Deseó que no sólo se convierta en receptora de casos y les exhortó a que cumplan con la necesidad de tener mecanismos de protección, que no se convierta en un elefante blanco, una simulación del gobierno actual para hacer parecer que se preocupa por la protección a los derechos humanos.

Antes, Razhy González Rodríguez, experiodista y consultor en asuntos de ciudadanía, género y derechos humanos, quien dirigirá los trabajos de esta defensoría, confió en que el trabajo de ésta pueda darse de manera coordinada con representantes de las organizaciones.

Explicó que la nueva Defensoría contará con una área jurídica que brindará la asesoría necesaria a quien se encuentre en dicha situación, una de Psicología que dará acompañamiento a la víctima, otra de Seguridad que establecerá los planes estratégicos y una más de Investigación de campo, que recabará información para las áreas Jurídica y de Seguridad.

Por su parte, el titular de la  DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, informó que la defensoría especializada surge con la premisa de atender la necesidad de condiciones adecuadas para el desempeño de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos, en condiciones mínimas de seguridad.

La existencia de esta Defensoría, única en su tipo, señaló Peimbert Calvo, “es en sí misma un cuestionamiento al Estado, una crítica severa a los usos y costumbres de la política mexicana y oaxaqueña”. Es un señalamiento claro, aseguró, de que aún no ha logrado establecer prerrequisitos para la construcción de una sociedad democrática.

La creación de la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos se da en medio de una severa crisis en materia de Derechos Humanos y de credibilidad de las instituciones:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de ochocientos agravios a periodistas del año 2000 al 2013 y resaltó la falta de efectividad de las instituciones de procuración y administración de justicia para dar con los responsables de los ataques contra las y los comunicadores.

En Oaxaca, entre 2013 y 2014 la DDHPO abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas, además de una alerta temprana, en 2014, para que las autoridades garantizaran la integridad física y la seguridad jurídica de las y los periodistas, con el fin de proteger su libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de la sociedad.

Aunque las cifras locales varían según las diversas fuentes, la mayoría ubica a Oaxaca entre los estados con mayor número de agravios hacia las y los comunicadores.

Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Campeche y el Distrito Federal, se encuentran entre los estados de mayor riesgo para ejercer esta profesión.

La instalación de este nuevo órgano fue realizada en las instalaciones de la DDHPO en presencia integrantes de representantes de diversas organizaciones como Yesica Sánchez Maya representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca, César Mateos y Flavio Sosa, de la organización Comuna Oaxaca, Miguel Moreno del Frente Revolucionario, por mencionar algunos.

Acudieron también integrantes del Consejo Ciudadano del organismo autónomo, María Eugenia Mata García, Martha Julia Avendaño, Sara Méndez Morales, Pedro Matías Arrazola, Bernardo Rodríguez Alamilla y Héctor Lorenzo Estrada, así como la representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Aída Marín Acuapan, directora ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos.

A este acto llegó también la diputada Itaisa López Galván, en representación de la Sexagésima Segunda Legislatura; Eréndira Cruzvillegas Fuentes, coordinadora de atención a los derechos humanos del Ejecutivo estatal; y el subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno del estado, Dagoberto Carreño Gopar.

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