Nuestra historia como sociedad está trazada por generaciones de mujeres que, hasta poco antes de la década de los 70, se convertían en madres antes de los 20 años de edad y tenían en promedio 7 hijos por mujer [1] La experiencia y construcción de la identidad de las mujeres obedecía en ese entonces, como ahora, a los mandatos de género vigentes, así como al contexto socioeconómico y político. La maternidad como destino era una idea hegemónica y central en la función social de las mujeres, por lo que las posibilidades de “ser mujer” se confinaban mayormente en el ámbito doméstico, como esposas y madres responsables del cuidado de hijas e hijos.

 ¿Qué tanto ha cambiado la condición de las mujeres?        

A partir de la década de los 70, la realidad del país, y en consecuencia de las mujeres, comenzó a transformarse de manera significativa. La inclusión al mercado del trabajo, la ampliación de cobertura educativa para ellas, así como la implementación de programas de planificación familiar, entre otros acontecimientos relacionados con la conquista de algunos derechos, incidieron considerablemente en la disminución del número de hijos o hijas por mujer a nivel nacional, que pasó de 7 a 2.4 hasta 2010 (INEGI), y en menor medida, en la edad promedio en que las mexicanas que son madres tienen a su primer hijo o hija, pues pasó de menos de 20 años a 21.2 años (INEGI, 2009).

Si bien hubo un cambio social para las mujeres a partir de la década de los 70, el cambio no ha sido del todo óptimo en la calidad de vida de la mayoría de las mexicanas, ni mucho menos igualitaria, pues a pesar de la participación activa en todas las ramas económicas del país, en ellas continúa recayendo las responsabilidades domésticas y el cuidado de la familia, con todo lo que ello implica, y lo cual se traduce con una doble o triple jornada de trabajo. Este hecho se generaliza en la mayoría de las mujeres.

A este menoscabo se añade que a lo largo de la historia de los derechos conquistados para las mujeres, son pocas las que han tenido acceso a ellos, pues existe una gran parte de la población femenina que encarna algunos o todos los tipos de exclusión social, como es el caso de las embarazadas adolescentes de 12 a 19 años de edad, que aunque no conforman el promedio de edad de mujeres mexicanas que se embarazan por primera vez, sí representan un importante proporción del 27.6 por ciento de embarazos (con tendencia a incrementarse), de los cuales, la mayoría no fue planeado o deseado.

Las más vulnerables

En nuestras sociedades hay una serie de prejuicios en torno a la sexualidad de las madres adolescentes asociados a una moral inquisidora que impide ver la raíz de este fenómeno social. A pesar de que, en efecto, es escasa o limitada la información sexual en las y los adolescentes, hay una serie de factores sociales, políticos, culturales y económicos que intervienen en el preocupante incremento de embarazos a temprana edad. Se ha demostrado que hay una estrecha relación de embarazos no planificados en la adolescencia con las condiciones de pobreza, escolaridad, violencia, machismo, y en general con pautas arraigadas en torno a la idea cómo es admisible “ser mujer” o “ser  hombre”.

De manera reciente, pude observar, tras haber trabajado con algunas madres adolescentes en el interior del estado de Oaxaca, que más allá de lo que las estadísticas nos sugieren hay una serie de hechos que se mantienen poco visibles pero que contribuyen a que el embarazo de una adolescente se viva de manera aún más adversa, por ejemplo, que muchas de ellas resultan embarazadas tras el abuso sexual de algún familiar cercano: tíos, abuelos, incluso hermanos, con los que además tienen que convivir; otro gran número, a pesar de haber sido violadas, no contaron con información de su derecho a interrumpir un embarazo como producto de un abuso sexual; muchas han transitado por una infancia de abandono por parte de su madre y padre que han tenido que migrar en busca de otras condiciones de vida; la mayoría han crecido en sociedades donde la maternidad es sobrevalorada; también muchas de ellas conviven en sociedades donde la edad para casarse no sobrepasa los 18 años.

Un estado negligente y una sociedad indiferente

La participación activa de organizaciones sociales ha dejado huella en muchos lugares donde han disminuido o se ha mantenido el número de embarazos a temprana edad, no obstante, sigue siendo criticable la participación del Estado en materia de prevención, esto a pesar de que se le considera un problema de salud pública por el número elevado de mortalidad materna como consecuencia de la falta de atención a los riesgos y complicaciones; un problema educativo por el número de mujeres que desertan de la esuela debido a esa causa; un problema económico porque condiciona el alcance de programas sociales (que resultan paternalistas);  y un problema de atención a la falta de acceso a derechos de un gran segmento de la población.

Hace un año la presidencia de la República presentó la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo es reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años para el 2030. El ENAPEA, que se constituye con especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, estará bajo la coordinación de la Secretaria de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de las Mujeres. A partir de su presentación hasta la fecha han surgido una serie de críticas que giran en torno a la efectividad de dicha estrategia y a la poca claridad de sus avances.

Entre otras, la organización feminista de la sociedad civil Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, publicó a finales del año pasado, en portal de noticias Animalpolítico, que después de una serie de solicitudes de acceso a la información con las dependencias involucradas para conocer los avances de la ENAPEA, encontraron que no existía un presupuesto asignado a las instituciones coordinadoras para implementar dicha estrategia, así como tampoco se había destinado recursos a las entidades federativas que debían conformar el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), encargados de la operatividad y ejecución. Las preguntas que surgen son: ¿cómo se llevará acabo esta estrategia sin recursos presupuestales?, ¿Podremos en 2030 ver reducida la tasa de embarazos a temprana edad en un 50 por ciento?

Lo cierto es que la complejidad de este fenómeno puede resultar difícil de entender cuando se está inmerso en una cultura patriarcal y racista, pero en el fondo expresan la negligencia del Estado y el poder de una sociedad que poco abona a la crítica y a la construcción, pero que con su opinión conservadora e hipócrita impide el derecho a una mejor educación sexual desde la infancia y al derecho de las niñas y mujeres a elegir libremente la maternidad.