Rocío Flores
OAXACA, Oax. Escudados en la fuerza policiaca y sin una orden judicial, el gobierno del estado en complicidad con personajes de la Iglesia intentan desalojar a un grupo de aproximadamente 30 mujeres que habitan el albergue de jóvenes indígenas de Oaxaca, localizado el Centro Histórico de esta capital. Así lo expuso María de la Luz Mendoza Hernández, integrante y coordinadora de la organización Casa de la Protección a la Joven de Oaxaca A.C.
Frente al intento de desalojo, Mendoza Hernández y un grupo de mujeres ofrecen una improvisada conferencia de prensa encerradas bajo llave en el inmueble -ubicado en Tinoco y Palacios 217- por el temor de que intentaran ingresar a la casa nuevamente.
“Aproximadamente 40 policías intentaron primero entrar por la fuerza a través de la tiendita que tenemos a un lado y que nos sirve para sostener este albergue; posteriormente enviaron a un cerrajero que pretendía abrir la puerta principal. A partir de ese momento entendimos que existe una complicidad entre el gobierno y la Iglesia para tomar esta propiedad”, expone.
Mendoza Hernández explica el antecedente, refiere que durante el gobierno del gobernador Ulises Ruiz Ortiz se construyó una clínica en Santa Lucía del camino, municipio conurbado a esta ciudad y fue hasta que se terminó de construir cuando los dueños reclamaron.
“Resulta que la propiedad estaba a nombre de dos sacerdotes, el padre Victoriano Zarate que está en Candiani e Ignacio Guadalupe que está en la Divina Providencia”. Ambos han sido apoderados legales de la Iglesia.
Tras un juicio el gobierno del estado determina que no puede devolverles el terreno y después de un supuesto avalúo se determina que esa propiedad (la del hospital) tiene un valor de 19 millones, “justo el equivalente a esta casa”, detalla.
“El arzobispo fue quien promovió este desalojo a través de sus operadores el padre Alejandro Rodríguez y el padre Wilfrido Mayrén Pelaez” denuncia la mujer al frente de esta asociación civil, quien ha intentado renovar el cómodato de esa propiedad desde el 2011 sin obtener respuesta del gobierno.
“Esto lo pudimos constar porque el cerrajero dijo: me mandó el padre Alejandro Rodríguez”, actualmente ecónomo de la Iglesia católica liderada en Oaxaca por el arzbispo José Luis Chávez Botello.
El grupo de mujeres afectadas por este intento de desalojo, expone que el arzobispo no ha querido hablar con ellas.
Las mujeres cuestionaron por qué tienen que desalojarlas de esta propiedad donde desde 1974 la sociedad civil realiza la labor que el gobierno no realiza, que consiste en brindar apoyo a jóvenes indígenas de Oaxaca que vienen a estudiar a la ciudad y mujeres que han sido violentadas en sus hogares y necesitan un espacio donde mantenerse a salvo mientras enfrentan sus procesos.
Finalmente frente al temor la representante y encaramada de este albergue señaló: “Hacemos responsables al señor arzobispo y a sus operadores de cualquier agresión que pudiera ocurrir en esta casa”.
Al lugar acudió también personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para documentar el caso.
