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febrero 27, 2018 Comentarios (0) Política y gobiernos, portada

Comunidades de Oaxaca rechazan programas agrarios y proyectos mineros

Rocío Flores

OAXACA, Oax. Representantes de unas 60 comunidades  de Oaxaca y 36 organizaciones sociales rechazan los programas Procede-FANAR- RRAJA, los cuales dicen, pretenden privatizar la tierra y separar a los ejidos y comunidades para llevar  a cabo proyectos extractivos.

De acuerdo con las autoridades federales, el programa Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) tiene como objetivo otorgar certeza jurídica a las personas otorgándoles certificados y títulos de propiedades, como sujetos de derecho, aunque las tierras son ejidales o comunales, es decir, pertenecen a las comunidades.

La dependencia otorga capacitaciones a través de visitadores agrarios y realiza asesorías jurídicas y asambleas  de ejidatarios o comuneros,  en las cuales busca actualizar reglamentos internos y estatutos comunales, con el argumento de un ordenamiento territorial.

Las autoridades de las 60 comunidades que se han manifestado en contra de estos programas, destacan que lo que  pretenden es imponer una serie de condicionamientos a los pueblos y de esta manera aplicar un programa de privatización, que beneficia  a las empresas extractivas. “Los gobiernos, estatal y federal actúan en alianza con las empresas”, apuntan.

Por ello, y luego de  intercambiar experiencias con distintas comunidades del estado y otros pueblos del país, en el segundo encuentro “Aquí decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, concluyeron que no aceptarán ningún programa que altere o atente contra las comunidades y su forma de organización interna. Así como ningún trabajo de exploración o explotación de minerales en sus territorios, pues reconocen la importancia  del cuidado del agua, los bosques, las semillas, así como los demás bienes naturales en sus tierras, para la vida de sus comunidades.

“Los territorios  son nuestros, significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos,  o cualquier otro megaproyecto que violente los derechos de los pueblos indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas”, manifestaron ayer durante una breve conferencia de prensa en la capital del estado.

Los habitantes explican que estos proyectos tienen un falso discurso del desarrollo o generación de empleo; los pocos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el Norte del país, donde suman ya 3 mil mineros muertos. «Hay muchos intereses de fondo y ponen en riesgo la vida de las comunidades. Las minas generan la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia el desplazamiento forzado de miles de pobladores”, señalan los defensores.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, en Oaxaca hay alrededor de 300 concesiones mineras. En el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se registraron 35 proyectos, en este último año, se agregaron cinco más. Dos proyectos están en etapa de explotación comercial en los Valles Centrales, en la región de Tlacolula y en la región de Ocotlán.

El Plan Estatal de Desarrollo presentando por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa,contempla la minería como una opción de desarrollo,  y para el impulso de la economía del estado.

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