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agosto 9, 2017 Comentarios (0) Política y gobiernos, portada

Otorgan 972 concesiones mineras en Oaxaca, 300 siguen vigentes

minería

Rocío Flores/ Foto: NVI

OAXACA, Oax.  Unos 972 títulos de concesión minera han sido aprobados por la Secretaría de Economía  de enero del 2002 a abril del 2016,  la mayoría de ellos proyectados en tierras de poblaciones indígenas, sin una consulta previa y su autorización.

De 972 concesiones otorgadas, 300  siguen vigentes hasta el 2017. Neftalí Reyes de Servicios para la Educación Alternativa (Educa) indicó que en los últimos años las concesiones mineras se redujeron en un 26 por ciento, al pasar de  407 en 2015  a 300 en 2016, las restantes han sido suspendidas aunque esto no implica la cancelación definitiva, pues se pueden reactivar.

Dichas concesiones abarcan  una superficie de 462 mil 975 hectáreas, que representan el 5 por ciento del territorio oaxaqueño,  distribuidas en la región del Istmo, Valles Centrales, la Costa y Sierra Norte, principalmente, y han generado manifestaciones de inconformidad en donde se llevan a cabo trabajos de exploración.

Algunas comunidades reportan afectaciones a la salud y contaminación del agua, derivado de los trabajos de las empresas mineras, como San Martín de los Cansecos en Ejutla y San José del Progreso en  Ocotlán en la región Valles Centrales.

Las inconformidades van derivando  en enfrentamiento entre habitantes, el nivel de violencia ha terminado con la vida de algunos inconformes en algunas comunidades, resumió Neftalí Reyes.

Santo Domingo Zanatepec, José del Progreso, Los Ocotes, El vergel, Ciudad Ixtepec, Santiago La Ollaga, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Las Huertas, San Matías Chilazoa y Santa Catarina Lachatao, son las que reportan tensiones actualmente, detalló..

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios indicó que estos proyectos se desarrollan  “a pesar de los avances legislativos sobre los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional”.

“El Estado mexicano marcha en reversa al haber aprobado las reformas legales que facilitan a las empresas extranjeras y nacionales el libre acceso a los bienes comunes de los pueblos originarios”

Así lo manifestaron integrantes del  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Prodh), Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico A.C., Servicios del Pueblos Mixe A.C., y de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO).

Además de las concesiones mineras, el gobierno proyecta la construcción de las supercarreteras de la Costa y del Istmo y otra supercarretera para unir las ciudades de Oaxaca y Tuxtepec, a través de la sierra zapoteca y las  Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Durante los siete meses  de gobierno de Alejandro Murat se han anunciado parques eólicos, el gasoducto Istmo, el  ferrocarril del sureste para trasladar mercancías entre los Océanos Atlántico y Pacífico, entre otras propuestas de inversión en Oaxaca, con las cuales “competirá con el Canal de Panamá”.

El Ejecutivo  señala que estas inversiones generarán un desarrollo económico  y se traducirán en beneficios en materia de infraestructura social en las comunidades: escuelas, universidades, centros de salud y  luminarias, entre otros.

Sin embargo para las organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos, estas propuestas no impactan en el desarrollo de la población.

En este contexto, evidenciaron la ausencia de una política social que satisfaga los niveles de pobreza en el estado, mientras a los inversionistas les ofrecen beneficios fiscales, aduanales, financieros y administrativos para atraer la inversión y dar empleo, que en su opinión se traduce a “mano de obra barata”.

“Las miradas son contrapuestas, en nombre del desarrollo se ha destruido y se puede seguir destruyendo la naturaleza asentada en estos territorios”, manifestaron en un comunicado y reiteraron la exigencia de respetar los derechos de los pueblos indígenas.

 

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