Redacción
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Asegura Miguel León-Portilla que “el día que quitemos los obstáculos a los indios para que puedan desarrollarse como ellos piden, ese día van a participar libremente en nuestros países, y los indios no dan clases de democracia en sus decisiones”.
Así lo manifestó el historiador y filósofo mexicano al semanario Proceso antes de ser condecorado, el pasado 2 de agosto, con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Sevilla, España, la misma donde estudió Fray Bartolomé de las Casas.
Y las palabras de León Portilla vienen a colación porque en estos días en que se evalúan avances y retos del Sistema de Justicia Penal, los pueblos indígenas nuevamente se encuentran al margen de este balance, por ello, expertos en derechos humanos alzan la voz para que así como el Estado reconoce a los pueblos indígenas su capacidad para elegir a sus autoridades a través de sus propios sistemas normativos, actúe de la misma forma en el tema de impartición de justicia donde los pueblos indígenas también dan muestra de eficacia.
Carlos Morales Sánchez, integrante del Comité Ciudadano Intercultural de Seguimiento a la Reforma de Justicia Penal en Oaxaca, hace énfasis en la negativa del Estado a reconocerles su jurisdicción para impartir justicia, pese a la existencia de la reforma constitucional que brinda autonomía a los pueblos indígenas.
“La jurisdicción indígena está reconocida en el artículo 2 constitucional que tuvo como origen el conflicto zapatista y que forma parte de una reforma generosa en el papel que establece muchos derechos para los indígenas. Sin embargo, hay un divorcio entre lo que la norma dice y lo que en realidad se hace porque una de las grandes deudas es precisamente el reconocimiento de la jurisdicción indígena”, puntualiza el especialista.
Y esta “deuda”, como la llama Morales Sánchez, tiene un origen de raíz debido a que en ningún momento se respetó otro derecho constitucional de los pueblos indígenas: su derecho a ser consultados sobre el diseño del Sistema de Justicia Penal.
Gerardo Carmona Castillo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señala que en el ámbito local tampoco se respetó el Derecho de Consulta a las comunidades y pueblos indígenas para el diseño del Código Penal.
Para el investigador del CIESAS, unidad regional Pacífico Sur, Juan Carlos Martínez, ante las reformas constitucionales y sus omisiones es necesario aplicar “el pluralismo jurídico”, corriente del Derecho que reconoce dentro del sistema jurídico nacional las “diversas formas de organización de reglas de convivencias y formas de distribución de los recursos” que mantienen históricamente los pueblos y comunidades indígenas.
Tras un diagnóstico sobre este tema, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), ha impulsado lo que denomina “Diálogo entre justicias”, un mecanismo que considera reuniones con autoridades indígenas en diversas regiones del estado donde se abordan temas como derechos humanos, perspectiva de género y jurisdicción indígena.
Por otra parte, CEPIADET, conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha brindado cursos de actualización a servidores públicos del Poder Judicial sobre Pluralismo Jurídico, Diversidad Lingüística, Derecho Indígena y Justicia Intercultural.
De esta forma, se pretende dar respuesta al justo reclamo de un país pluricultural con una población de 25 millones de indígenas pertenecientes a 68 grupos distintos, lo que representa el 21 % de su población total, de los cuales 7.2 millones hablan alguna de las 364 variantes lingüísticas que se registran en la nación.
Por lo que respecta a Oaxaca, el tema de justicia intercultural cobra mayores proporciones tomando en cuenta que es el estado de la república con mayor presencia indígena ya que cuenta en su territorio con 15 de estos pueblos que hablan alguna de las 176 variantes lingüísticas existentes.
En Oaxaca, el 65.7 % de su población total se auto adscribe indígena y el 32.2 % son hablantes de alguna lengua nacional, como ahora se les reconoce a las lenguas indígenas.
Ante esta diversidad cultural, el presidente del consejo directivo de CEPIADET, Tomás López Sarabia, subraya que es necesario que el Estado ponga en práctica el reconocimiento de la jurisdicción indígena, es decir, la capacidad de las comunidades para resolver sus problemas a fin de fortalecerá su libre determinación y autonomía, que son sus derechos, desde luego, precisa, “con los propios límites que la Constitución Federal establece”.
Sólo de esta forma, concluye el experto Guillermo Padilla Rubiano, es posible construir una sociedad respetuosa con la diversidad étnica y cultural, y lograr una justicia que se adecue a esa diversidad.
Foto: Plaza Pública
