Nuvia Mandarín
OAXACA, Oax. La síndica de San Juan Colorado, Jamiltepec, en la región de la Costa, Herminia Quiroz Alavez, denunció violencia política que sufre por parte del presidente municipal de dicho ayuntamiento, Juan García Arias y responsabilizó al gobierno del estado por su seguridad e integridad física
En rueda de prensa acompañada del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, la síndica denunció que además de las amenazas por parte de edil, también ha sido víctima de destitución y suplantación de sus funciones, falta de pago, campañas de difamación y desprestigio, es decir ausencia de condiciones para desempeñar su cargo.
[quote]“Temo por mi vida y la de mi familia, necesito la seguridad, porque no tengo libertad de salir fuera de mi población, salgo de mi casa con el temor de que algo me pueda pasar, hay amenazas por parte del presidente municipal”.[/quote]
Herminia fue nombrada candidata del PRI a la sindicatura municipal el 28 de febrero de 2016, la cual asumió el 1 de enero de este año, el cargo más alto que ha ocupado una mujer en la historia del municipio; sin embargo indicó, la violencia política en su contra se hizo presente desde la campaña en el partido por el cual contendió y al que también pertenece el edil.
La síndica refirió que desde que tomó posesión del cargo no ha sido convocada a las sesiones de cabildo y se le niega su derecho de formar parte de las actividades, proyectos y programas del gobierno municipal.
Por lo anterior, interpuso un juicio de Derechos Políticos del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Oaxaca, así como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que está a la espera de respuestas para que le brinden garantías y pueda ejercer su derecho a la participación política.
Por su parte, Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, señaló que en los casos de violencia política en contra de las síndicas, el problema radica en que forma parte de la Comisión de Hacienda y observancia de los recursos públicos, por lo que los hombres se sienten amenazados ante la creencia de que el uso de los recursos son suyos, como si fueran personales, pero son públicos.
La activista y defensora de derechos de las mujeres agregó que las síndicas que han sufrido violencia, tienen la obligación de rendir cuentas sobre los recursos públicos de los municipios ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y ante la Contraloría del Congreso local, por lo que el negarles el acceso a esa información puede traer consigo responsabilidades administrativas y penales.
