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marzo 1, 2017 Comentarios (0) Política y gobiernos, Política y salud, portada

Minera canadiense opera ilegalmente en Oaxaca

Rocío Flores

OAXACA, Oax. Las máximas autoridades de los pueblos de Ejutla se reunieron este martes para demandar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe sobre los permisos y trabajos de expansión que está realizando la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en sus poblaciones.

Después de dos meses de interponer denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en la Semarnat por las afectaciones de esta minera en los mantos acuíferos, no han tenido respuesta.

Nadie sabe si la empresa tiene permisos para los trabajos de exploración. Lo que saben es que el proyecto minero San José comienza a impactar en el agua y en la salud de la población.

“Todos en Monte del Toro tienen tos, el agua se la están llevando”

Los comisariados de bienes ejidales están parados en la puerta de la Semarnat para exigir al delegado de esa dependencia federal, Tomás Víctor González Ilescas, que no permita estudios tendientes a la exploración o expansión minera.

Explican que la empresa promovió ante la Semarnat un permiso para un estudio técnico (con número 20OA2016MD086) a pesar de que las comunidades se declararon en noviembre de 2015 territorios prohibidos para la minería.

Con ese estudio Fortuna Silver Mines abarcaría sus trabajos de exploración en una superficie de 167m2 por cada hectárea ubicada dentro de la concesión minera Progreso II, una zona que según explican es de uso agrícola, forestal y de recarga de los mantos acuíferos.

Este estudio constituye una grave amenaza en términos ambientales y de sus derechos humanos, señalan los habitantes, por lo que exigen que se niegue la autorización.

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Con altavoz en mano, frente al delegado, toman la palabra y exponen los motivos de su demanda representantes de las comunidades de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) y del Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería.

 “Los problemas de la minería ya están sobre nosotros, en Monte del Toro tenemos tres días que nuestro pozo está aventando pura tierra, ya no hay agua. Tenemos un pozo profundo de 60 metros y la minera está trabajando a 1000 metros de profundidad, imagínese qué vamos a hacer sin agua para tomar. Queremos que le ponga una solución al problema, ustedes no lo ven pero nosotros lo estamos sintiendo”, dice una de las personas afectadas.

“No vamos a permitir que perforen o que sigan haciendo estudios, no sé cómo pero nos vamos a ir organizando más, no lo vamos a permitir porque las tierras son de nosotros. Los campesinos somos quienes damos abastecimiento de fruta, tomates, picante, melón, sandía al mercado de Oaxaca, a Veracruz y a Puerto Escondido. Todo lo que entre de los pueblos estará contaminado. Pero si ya no tenemos agua se acabó la vida para nosotros, agrega otro campesino”.

Después de varias exposiciones Tomás Víctor González Ilescas, el delegado de Semarnat, admite que no hay permisos para esta empresa y que estaría operando de manera ilegal, por lo que se compromete a visitar la zona para comprobar la existencia de maquinaria que la empresa ha introducido sin el permiso de las autoridades ejidales. Aunque más tarde titubea y dice que la Semarnat autorizó años atrás la exploración pero no la aplicación de socavones.”Si hay maquinarias no es un trabajo de exploración, además no cuenta con permisos de las comunidades”, justifica.

 En la protesta los ejidatarios demandaron también la presencia de autoridades de la Profepa en el lugar donde se desarrolla el proyecto minero para constatar las afectaciones y las actividades de exploración realizadas en límites ejidales.

 A la Secretaría de Economía exigen la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a las empresas mineras Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., minera Aurea S.A. de C.V., Compañía Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Plata Real S.A. de C.V., las cuales cubren una superficie de 49 376 hectáreas y, de instalarse, violarían su derecho al territorio y libre determinación, reconocidos por el gobierno mexicano y por tratados internacionales de Derechos Humanos.

 

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