Pobladores exigen cancelación definitiva de minera Cuzcatlán en Oaxaca
Rocío Flores
OAXACA, Oax. Pobladores y representantes de comunidades zapotecas y campesinas de Ejutla y Ocotlán de Morelos denunciaron que pese al impacto negativo para las comunidades y la prohibición de las asambleas comunitarias, la minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silvers expande su proyecto en los Valles Centrales de Oaxaca.
Reunidas en la capital explicaron que dicha empresa, responsable de las afectaciones de la minería en San José del Progreso, Ocotlán, en su interés de ampliar el proyecto, ha invadido desde el 2015 sus ejidos y, a partir de barrenaciones y explosiones en los límites ejidales de Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, realiza exploraciones sin autorización, por lo que exigen la cancelación de estos trabajos.
Bajo el argumento de que la empresa ha incurrido en la violación al derecho de autonomía de las comunidades para decidir sobre sus territorios y en graves afectaciones sociales, políticas y ambientales, las autoridades ejidales y comunales, reiteraron su exigencia de la cancelación definitiva del proyecto minero en San José del Progreso, así como de 14 concesiones más que fueron otorgadas por la Secretaría de Economía también sin consultar a las poblaciones.
De acuerdo a los testimonios este tipo de proyectos extractivos extranjeros ha dejado en los últimos años solo saldos negativos a la población; Hilario Vázquez, integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán reportó que en el periodo de 2009 a 2014, se registraron cuatro asesinatos, 12 personas heridas por armas de fuego, enfrentamientos entre pobladores, amén de la contaminación ambiental y los daños a la salud que hasta la fecha han quedado impunes.
En este sentido exigieron que se reparen los daños causados y justicia por sus compañeros Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez asesinados en enero y marzo de 2012 por su rechazo al proyecto San José.
Destacaron que la minera Cuzcatlán es una de las más importantes en América Latina por sus grandes ganancias, sin embargo expusieron para la población no ha representado más que contaminación ambiental, enfermedades entre la población infantil, desigualdad, muerte y saqueo de los bienes comunes.
No obstante aclararon la postura de rechazo y la exigencia de cancelación definitiva no es para negociar con el gobierno estatal ni federal ningún beneficio pues están claros que el impacto es grave y no se compensa con aportaciones económicas.
Recordaron que desde noviembre del 2015 firmaron la Declaratoria Regional de Territorio Prohibido para la Minería en la que fue entregada a varias dependencias estatales y federales sin que hasta el momento haya respuesta.
Preocupados por las afectaciones que están observando en los Valles Centrales exigen una investigación imparcial y ética sobre el impacto de dichas exploraciones en sus territorios y la cancelación de las concesiones que a la fecha están ocupando el 80 por ciento del territorio de los Valles Centrales, sin el consentimiento de las comunidades, violentando con ello el derecho a la consulta libre e informada así como a la libre determinación reconocida por el gobierno mexicano así como tratados u convenios internacionales.
