Elisa Ruiz Hernández
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Para cubrir honorarios y viáticos de un intérprete en lengua indígena, que participe en algún procedimiento judicial en materia penal, se necesitan 35 mil pesos, dependiendo de la ubicación geográfica del intérprete y del juzgado.
Si estos 35 mil pesos se multiplican por mil 221 presos indígenas del fuero común, suma la cantidad de 42 millones 735 mil pesos, de acuerdo con estimaciones del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet).
Tomando en cuenta que el gobierno estatal pagó 36 millones 900 mil pesos por el proyecto del Centro de Convenciones que se pretendía construir en las faldas del cerro del Fortín, con tan solo 6 millones más se podría dotar de traductores a todos los presos indígenas del estado, y así solventar una necesidad del sistema de justicia en una entidad con la diversidad cultural y lingüística como Oaxaca.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el presidente de Cepiadet, Tomás López Sarabia, señala que resulta incomprensible que en un estado donde el 65.7 de la población se auto-reconoce como perteneciente a un pueblo indígena, y el 32.2 por ciento es hablante de su propia lengua, no sea prioritaria la impartición de justicia entre esta población.
Y añade más datos para fundamentar su aseveración. Los 42 millones 735 mil pesos que se necesitan para dotar de intérpretes a los presos indígenas del estado representan el 3.09 por ciento del monto asignado al sistema de justicia de Oaxaca que asciende a mil 381 millones 775 mil 616 pesos, de acuerdo con el Presupuesto estatal de egresos 2016.
También, agrega, significa una sexta parte de lo que gasta el gobierno estatal en publicidad oficial. En 2012, según datos recabados por FUNDAR, la actual administración erogó 238 millones por este rubro (http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Informe_PublicidadOficial2013.pdf).
Especializado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, López Sarabia afirma que para el ejercicio de los derechos lingüísticos la figura del intérprete y traductor de lenguas indígenas es fundamental para generar nuevas condiciones de accesibilidad en los espacios de justicia.
Menciona que a lo largo de diez años, Cepiadet ha brindado actualización a servidores públicos, en coordinación con el Poder Judicial, y ha realizado una amplia labor de difusión, mesas de análisis entre autoridades indígenas y estatales, a fin de reducir lo que se conoce como “brecha de implementación”, es decir, la distancia entre lo que establece la ley y la realidad.
“Hemos documentado que casi en todas las entidades no se considera este derecho constitucional de los pueblos indígenas en los presupuestos estatales, y en este sentido, al no contar con suficientes recursos financieros, el ejercicio del derecho a un intérprete o traductor para su defensa se ve limitado”, añade.
Por tal razón, agrega, es necesario contar con un intérprete y traductor en lengua indígena en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, incluso contar con jueces y fiscales que hablen lengua indígena como lo mandata la Constitución de la entidad, porque esto contribuye a garantizar un debido proceso, pero sobre todo, subraya, favorece la preservación de la diversidad lingüística.
“Es un derecho humano expresarse en su lengua, como intérpretes, somos los que fungimos como puente de comunicación entre una cultura y otra, coadyuvando al debido proceso. Tan importante es la figura del juez, fiscal, defensor como el del intérprete en un contexto pluricultural como Oaxaca, pero no se destinan recursos para sus pagos, formación y actualización», lamenta.
De acuerdo al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (PANITLI) Oaxaca cuenta con 66 intérpretes acreditados y 6 certificados sin embargo, éstos únicamente cubren el 13.3 por ciento de las variantes lingüísticas habladas en la entidad. En este sentido crece la importancia de formar a un intérprete de lenguas indígenas.
“Hemos insistido en los pendientes que existen en la materia, a la vez hemos sido responsables en coadyuvar con las instituciones de justicia, en la actualización de servidores públicos en materia de pluralismo jurídico, en la difusión de los derechos de los pueblos indígenas, en la presentación de iniciativas de ley. Cepiadet, en el año 2015 facilitó más de 300 servicios de interpretación sólo en materia penal, incluso superando los que prestó la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el mismo periodo, aun cuando por el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), somos el último recurso al que recurren», explica.
Destaca que después de grandes batallas de organizaciones civiles en los últimos tres años, se ha resuelto el pago de viáticos y honorarios de intérpretes para presos del fuero federal, y el gobierno del Distrito Federal también garantiza este servicio en lenguas indígenas, sin embargo, a nivel local, todavía se enfrentan retos.
Dado que en Oaxaca se habla la mitad de las 364 variantes lingüísticas que existen en México, Cepiadet se ha dado a la tarea de construir la plataforma denominada Material Interactivo para Justicia Intercultural (MIJI), cuyo objetivo es contribuir a agilizar la presencia de intérpretes en los espacios de justicia.
