Texto: Rocío Flores

Fotografía: Carmen Pacheco

Tlacotepec Plumas es un pueblo de la Mixteca Alta en Oaxaca, donde se percibe el impacto de la migración. Con caminos áridos y tierra infértil por el abandono al campo. Es un pueblo silencioso con apenas unos 500 habitantes, donde el gobierno federal decidió construir, «por tercera ocasión», un camino de concreto que originó un conflicto entre la población por la entrega de recursos a una empresa privada y exhibió un debilitado sistema interno, también llamado sistema de usos y costumbres.

En papeles, la carretera que se construye para comunicarlo con otras localidades ya había sido pavimentada como dos o tres veces desde hace 50 años. Incluso en el mandato de Díaz  Ordaz  se puso una placa en los pueblos vecinos de Tamazulapam y Teposcolula”,  según relatan algunos pobladores. 

Pero la realidad es que nunca se hizo, hasta ahora se está construyendo por primera vez, a través del programa federal Caminos a Cabeceras Municipales que se construyen en distintos municipios del país, solo que aquí en Tlacotepec no se han seguido los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en cuanto al manejo de los recursos. 

El presidente municipal de esta comunidad, Marco Antonio Santamaría Fuentes, optó por hacer un acuerdo con un contratista y transfirió en tres partes, 2 millones 731 mil pesos  del recurso total (4 millones 300 mil pesos) asignado para el primer kilómetro de carretera a la empresa Edificaciones y Materiales Yasser S.A de CV.  

La transferencia se realizó a pesar de que  la Guía Técnica Administrativa y Operativa de la SCT establece que la administración de los recursos es responsabilidad del presidente del Comité y  la autoridad del pueblo, además de que debe ser utilizado para el pago de los materiales y la mano de obra local.

Origen del conflicto

El conflicto inició cuando el edil  intentó que la mano de obra fuera producto del tequio, es decir con trabajo no remunerado, pero algunos habitantes respondieron que el programa no funciona así, que les tenían que pagar.  

Finalmente, después de algunos desencuentros, fueron contratadas algunas cuadrillas de trabajadores y el 21 de septiembre de este año se inició la construcción. Sin embargo fue interrumpida por la jefa del Centro Coordinador del INPI, Luz Irene del Carmen Montes Lara, quien ya tenía conocimiento de que el dinero asignado por la SCT ya no estaba en la cuenta municipal por lo que pidió al Comité de la obra y al presidente información sobre el dinero.

Una vez que el  edil admitió que del recurso destinado por la SCT sólo tenía un millón 500 mil en la cuenta municipal, la coordinadora del INPI pidió convocar a una Asamblea, que es la máxima autoridad en el pueblo, para informar de estos movimientos y transparentar los recursos.

La reunión se realizó el 23 de septiembre. Acudió el representante del INPI en el estado, Juan José García Ortiz y  Luz Irene Del Carmen Montes Lara y de la SCT Víctor Robles Uriostegui, jefe de la Unidad de Planeación y Enlace.

Los funcionarios informaron sobre el uso que debían dar al presupuesto, el objetivo del programa, que en teoría es beneficiar a los pueblos de la región con la adquisición de materiales y herramientas y el pago de la mano de obra local, así como los insumos que podían adquirir. También expusieron que el recurso debía ser administrado por el Comité, el presidente y tesorero municipal, exclusivamente. 

De acuerdo con testimonios, de los cuales se reservan los nombres reales por petición de los entrevistados, en esa misma reunión el presidente municipal  admitió que hizo tres transferencias (de las cuales tenemos copia). Los montos ascienden a  2 millones 350 mil 800 pesos el 21 de agosto; la segunda por 272, mil pesos el 8 de septiembre y la tercera por 108 mil el 10 de septiembre. 

Además, dijo que el contratista de nombre  Rigoberto Vargas Díaz, fungió como intermediario entre la empresa Edificaciones y Materiales Yasser S.A de CV.  y él mismo lo acompañó en todos los trámites, por lo que le transfirió un 10 por ciento  de los 4 millones 300 mil pesos “por la confianza que le inspiraba”.

Entonces, por acuerdo de Asamblea se le exigió al presidente municipal  Marco Antonio Santamaría Fuentes que devolviera el dinero restante dinero al Comité Comunitario de Participación Social, que asciende a un millón 440 mil 200.

Repican campanas de alerta

Las inconformidades continuaron. El 29 de septiembre por la noche, personas desconocidas pretendían llevarse una retroexcavadora en un camión de volteo y una camioneta Nissan que se encontraban en el patio del Palacio Municipal, por lo que tocaron la campana de auxilio para convocar a toda la población.

Los habitantes respondieron al llamado, se reunieron afuera del Palacio Municipal y se dieron cuenta que en una oficina se encontraba el supuesto contratista  Rigoberto Vargas Díaz y el edil, a quien le exigieron información. Ante la nula respuesta, decidieron detenerlos y retener la maquinaria hasta que se devolviera el recurso restante.

El edil fue liberado al día siguiente y el contratista un día después, pero el dinero no se devolvió. Por el contrario, la autoridad municipal insistió en que la obra debía quedar en manos de la empresa con el argumento de que si lo realizaban ellos no alcanzaría el dinero.

La obra reinició el día 1 de octubre, casi dos meses después de haber recibido el recurso federal, con el material disponible hasta ese momento. 

De acuerdo con tres trabajadores entrevistados, ellos mismos tuvieron que  llevar sus propias herramientas como palas, cucharas, picos, macetas, carretillas, pinzas para cortar varilla, hilo para marcar nivel, plomos, etc. ya que no les fue proporcionado. Tampoco fueron dotados de cubrebocas, chalecos, cascos, guantes.

De todas las irregularidades, refieren los testimonios, está enterada la jefa del Centro Coordinador del INPI, Luz Irene del Carmen Montes Lara, el representante de la institución a nivel estatal, Juan José García Ortiz y el director de la SCT Oaxaca, José Luis Chida Pardo, quienes hasta la fecha no han tomado una determinación, a pesar de que la Guía señala claramente que si hay aspectos político-sociales que incidan en la aplicación de los recursos las instituciones implicadas en el proceso deberán identificarlos como factor de riesgo en la ejecución del programa.

Criterios para el desarrollo de la infraestructura carretera 

La  Guía para la ministración de recursos es clara. Los beneficios del programa es para los municipios, sin la intervención de medios externos como sindicatos, asesores, empresas constructoras, gestores, organizaciones sociales y civiles, u otros que pueden tener el interés de su beneficio incluso de carácter político, ya que pondría en riesgo el programa al detectarse una desviación de recursos.

En su apartado 5.3. causas de suspensión del otorgamiento del subsidio, señala que cuando las dependencias que intervienen o algún órgano fiscalizador detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos, se suspenderán los apoyos a la instancia ejecutora y podrá solicitar el reintegro de los montos no invertidos o aquellos donde se detectó la irregularidad.

Pero la obra sigue a pesar de las anomalías y la tensión en la comunidad. Luz Irene Del Carmen Montes fijó como fecha de entrega del primer kilómetro sería el 30 de octubre y la entrega de documentación el 23 de octubre, y los 900 m restantes tienen que terminarse el 30 de noviembre.

La funcionaria informó que la comprobación de los gastos correspondientes al primer kilómetro lo realizará el Ingeniero de la SCT y no el Comité Comunitario de Participación Social, ni el residente de la obra.

Entre las declaraciones atribuyen que esta empresa es propiedad de Luz Irene del Carmen Montes Lara, jefa del Centro Coordinador del INPI en Nochixtlán, a quien buscamos para pedir información precisa sobre los detalles del proceso que lleva este programa en esa región (específicamente en Tlacotepec) y las posibles sanciones por entregar el recurso a una empresa. Inicialmente accedió, pero luego canceló la entrevista. El representante del INPI en el estado, Juan José García Ortiz tampoco respondió a la solicitud hecha a través de su correo electrónico oficial.

Grupos políticos detrás de los usos y costumbres   

Los habitantes de Tlacotepec Plumas se rigen por el sistema de usos y costumbres, un sistema en el que la  Asamblea del pueblo sigue siendo la máxima autoridad, aunque actualmente, como en otras poblaciones, señalan que detrás de la figura de Asamblea hay  grupos o personajes políticos o caciquiles que manipulan a la autoridad  y orientan las decisiones para interés que no son para el bienestar común. 

“Ellos manejan la asamblea, ellos dicen quién va a hablar , quién va a opinar y quién  la va a reventar”, dice Mariana Aguirre de 56 años de edad, habitante de esa localidad.

Arturo López de 50 años, cuenta que desde hace como 10 años las nuevas  generaciones de autoridades comenzaron a robarse el dinero del presupuesto que manda el gobierno.

“Antes era intocable el presupuesto de los ramos 28 y 33, pero ahora siempre  hay déficit, apunta, y explica que las autoridades al  terminar el tiempo de estar en el servicio quedan a deber grandes cantidades de dinero, pero no lo pagan. Si tienen un déficit  de 120 mil compran una factura y ya”, agrega Mariana.

Ella asegura que tienen un despacho contable que controla toda la Mixteca, Ahí compran la factura y  les entregan la contabilidad que checa, por  eso es que al llegar a la capital todo parece perfecto. No hay ningún problema.

Relegados, ancianos sin voz ni voto en la Asamblea

En la Asamblea de los pueblos que se rigen por usos y costumbres, los adultos mayores han ocupado un papel fundamental, este es contribuir con su experiencia, de lo que han vivido, lo que han hecho y de lo que han aprendido. Pero en Tlacotepec Plumas a la gente ya más grande, que fueron de la autoridad en algún periodo, la hacen a un lado y llega el momento en que ya no la dejan opinar.

El consejo de ancianos fungía como un grupo de asesores en la comunidad, “pero ya no funciona porque no les conviene.  Ellos colocaban el tema de los valores y la experiencia, además exponían, con base a su experiencia, lo que es correcto o viable para la comunidad, pero ahora ya no los dejan hablar, los excluyen.

A partir de los 70 años los ancianos en Tlacotepec Plumas ya no están obligados a dar servicio gratuito o tequio. Pero también a partir de ese momento ya no les dan la voz. 

Antes no era así, dice con desánimo Mariana. «Había una Asamblea para hacer un informe y ajuste de cuentas.  Si quedaban a deber cien o doscientos pesos tenían que reponerlo y si no lo tenían se iban a la cárcel en ese momento. Ahora se  gastan el dinero, informan del faltante, pero no lo pagan y ya nadie les dice nada por temor, porque han ido formando grupos entre los que se van pasando el cargo.

Como ya saben que no les hacen nada, solo lo confiesan y ya, ni siquiera  pierden su “honorabilidad”, como suponía el sistema de usos y costumbres. Ahora perdieron la vergüenza», concluye.