Piden al Ejecutivo y al Legislativo federal “pasar del discurso a los hechos”

Rocío Flores

OAXACA, Oax. Representantes del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua exigieron al Presidente de la República así como a la Cámara de Diputados y Senadores, ser congruentes en el impulso a reformas que garanticen el respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones piden armonizar la Constitución con tratados internacionales para garantizar los derechos de los pueblos de decidir sobre sus territorios y recursos naturales.

En breve rueda de prensa para fijar su posicionamiento, recordaron que el modelo extractivo que impera en el país, vulnera los Derechos Humanos de cientos de comunidades. Por ello, señalaron, es necesario armonizar el artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, el cual hace un reconocimiento al derecho de propiedad sobre el territorio.

También el artículo 25 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, el cual amplía el concepto de territorio, incluyendo las aguas, mares, ríos y lagunas.

Lo anterior, expuso la abogada Maira Olivo del área jurídica de Flor y Canto, obligaría al Estado mexicano a garantizar  el derecho a la tierra y recursos naturales, ya que actualmente, más del 80% de los recursos naturales del país se encuentran en territorios de los pueblos originarios, sin embargo, no existe pleno respeto ni reconocimiento a los derechos territoriales.

[quote]Armonizar la Constitución a los tratados sería una verdadera muestra de voluntad política, pasando del discurso a los hechos”, indicaron.[/quote]

Olivo destacó la experiencia de las 16 comunidades zapotecas que integran la Copuda, que después de un largo periodo de consulta de al menos cuatro años, el 12 de octubre pasado, firmaron un “acuerdo histórico” con la Conagua, dónde a su vez se establecieron cinco acuerdos.

“Uno de ellos es precisamente, la armonización del marco jurídico nacional con los tratados internacionales. Por ello seguimos en espera y vigilantes del puntual cumplimiento”

Dichos acuerdos, detalló, se verían efectivos con la firma del Ejecutivo y con la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que reivindique a las comunidades y su derecho legítimo sobre el vital líquido y el territorio.

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