Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. A fin de dar vigencia y fuerza legal a la consulta libre, previa e informada, y acabar con su desventaja socio-política y económica se presentó en el Senado una iniciativa para reformar las leyes de Planeación, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
La propuesta del senador Sofío Ramírez Hernández pretende impulsar por parte del Estado mexicano acciones tendientes a la protección de los derechos de naturaleza colectiva, los cuales son la base y sustento de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Queda de manifiesto que el derecho a la consulta previa tiene una importancia capital en tanto se encuentra interconectado con la protección de otros derechos colectivos, de ahí, que la garantía de este derecho es necesaria para libre autodeterminación, desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad e identidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas, comentó legislador del Grupo Parlamentario del PRI.
Dijo que es momento de que el Estado mexicano erradique la política de desarrollo basada en la sobreexplotación de los bienes naturales localizados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales.
Estas acciones, añadió, se enmarcan en un modelo económico que otorga privilegios a empresas nacionales y trasnacionales en una franca violación al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La iniciativa se envió el fin de semana pasado a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera.
