Redacción
OAXACA, Oax. El alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al presidente de la República establecer un Consejo Asesor en el área de derechos Humanos y combate a la impunidad.
Luego de la visita oficial a México de Zeid Ra’ad Al Hussein en octubre de 2015, la ONU emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país.
Además sugiere al gobierno presidido por Enrique Peña Nieto, que sean investigados y sancionados adecuadamente por una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República, los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Para garantizar la labor en este tema el alto comisionada propone que se designe a una persona especializada en el tema de Derecho Humanos.
Lo anterior con la finalidad de contribuir con las unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
Si bien se da la bienvenida a las reformas de 2011 y 2014 para limitar la jurisdicción militar, la ONU recomienda reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares.
“Las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando” refiere el documento de las Naciones Unidas.
Entre otras acciones el organismo propone asegurarse que las políticas de Seguridad Pública y las instituciones encargadas de la la seguridad ciudadana cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
Adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza; crear instituciones forenses en la República que sean autónomas e independientes con suficientes recursos; establecer un registro de todas las detenciones, mediante la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado, de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones, son algunas de las 14 recomendaciones del organismo a México.
La ONU pide también al Estado mexicano garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos, particularmente en el contexto de proyectos de desarrollo, de corporaciones nacionales y transnacionales, apegándose a los estándares internacionales de derechos humanos.
Así mismo políticas públicas en favor de las mujeres: Incorporar aún más la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas sobre mujeres, particularmente aquellas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, asegurando la asignación de recursos necesarios para su completa implementación en todos los casos.
