Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. Luego de la designación de los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que entrarán en funciones el próximo 4 de noviembre próximo, senadores cuestionaron las formas para acceder a los cargos y acusaron que fueron productos de negociación.
Al presentar su voto particular, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, resaltó que en la forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial ya no se aprecia pudor ni decoro, y que pareciera que en vez de mejorar los proceso de selección con mecanismos transparentes y verdaderamente imparciales, se regresa a los tiempos en los que las decisiones se tomaban únicamente desde Bucareli.
Con base en esto, presentó su voto particular en contra del dictamen por considerarlo subjetivo, dado que se redujo a la Comisión de Justicia a una simple oficialía de partes, que solamente revisó documentos y que acreditó que los 21 candidatos son idóneos en su perfil para ser magistrados, pero que no tuvo discusión al respecto.
En contra del dictamen, la senadora Layda Sansores San Román, del PT, consideró que la designación de los magistrados se dio “bajo el principio general de derecho: de cuotas y cuates”, debido a que a pesar de que no tiene las facultades, la Junta de Coordinación Política fue quien decidió y dictaminó “de facto” la selección de los siete magistrados. Con este método, preguntó, ¿cuántos creen que podrán ser imparciales?
Dijo que se trata de un proceso fraudulento, ilegal y dañino para el avance democrático, además de que no se conoce con qué criterio se estableció el escalonamiento de cada uno de ellos; “pocos saben en qué sótano, en qué cantina o en qué yate se tomaron las decisiones, pero es claro que el Tribunal quedó cooptado por la partidocracia”.
A favor, la senadora Martha Tagle Martínez cuestionó la forma en que se realiza el proceso de selección de los magistrados; se trata de una “caja negra”, pues estamos ante la posibilidad de ratificar las decisiones que se toman en la Junta de Coordinación Política, por lo que hizo un llamado a revisar el mecanismo de designaciones públicas que se llevan a cabo en el Senado.
