Rocío Flores/Foto: JLP
— ¡Ya vámonos chofer! — grita una señora del atrás del camión, “urbano”, como le llaman en la capital del estado al transporte público concesionado.
— ¡Si tiene prisa bájese y tome un taxi señora! — responde de manera insolente el conductor e inmediatamente le sube el volumen a su estéreo colocado arriba del espejo retrovisor . Todos los pasajeros están obligados a soportar a los decibeles que él decida, una guapachosa música o un reguetón mañanero.
Así más o menos es el servicio de transporte público en la capital de este estado sureño, donde el salario mínimo es de 88 y el costo para ir en un taxi oscila entre 50 y 90 pesos según la ruta que usted lleve.
Después del anuncio del pasado jueves del encargado de la Secretaría de Movilidad (Semovi) Alejandro Villanueva, el pasaje aumentó este lunes de siete a ocho pesos, aunque las condiciones en cuánto a servicios siguen siendo las mismas: «unidades en mal estado, sucias y con conductores que creen que las calles de la ciudad son una pista de carreras de autos y sus unidades un salón de fiestas», dice Marcela, una usuaria de la ruta Esquipulas- Volcanes.
Este lunes también se inconformaron organizaciones, colectivos y presuntos estudiantes, quienes manifestaron su inconformidad Frente a la Secretaría de Movilidad Semovi (antes Sevitra), donde hicieron un llamado a la desobediencia pacífica. Llaman a no pagar los ocho pesos.
Frente a la Semovi integrantes de la Sección 22 del SNTE, Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), Frente Unificador de Sindicatos Independientes de Oaxaca y Nacionales (FUSION), entre otras, señalaron que este incremento violenta la economía de la población oaxaqueña.
Advierten que a partir del alza al transporte público se estarían detonando el alza a los demás servicios y productos básicos. “El poder adquisitivo es mínimo, no alcanza el salario, es un atropello para el salario de los oaxaqueños” dijeron durante la protesta, antes de entregar un documento para pedir la revocación de este acuerdo que permite elevar el costo.
El jueves pasado, el funcionario de esa dependencia aseguró que derivado del acuerdo con los concesionarios, se van a sacar de circulación los modelos 2000 y anteriores, y también en el trascurso de un año tendrán que irse renovando el parque vehicular.
Los inconformes señalan que a lo largo de los años han visto que las unidades siguen en “pésimas condiciones” , lo que representa inseguridad para las personas usuarias. Declararon también que este servicio debe ser público y está concesionado solo seis familias.
La Semovil, a través de su oficina de Comunicación Social dijo que estas concesiones son para las empresas Tucdosa, Sertexa, Tusug, y Choferes del Sur, las cuales controlan Alejandra Gómez Candiani y Erasmo Medina, Silvia Martínez.
Apenas hace un par de semanas, la empresaria Alejandra Candiani recriminó públicamente al gobierno del estado sobre el uso de las unidades de Sitibus para brindar servicio gratuito del Llano al Auditorio Guelaguetza y al parque El Tequio donde se realizaba una exposición militar, lo que dijo, estaba afectando sus rutas.
