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Comunidades indígenas impulsan juicio popular a mineras y reapropiación...

Usuarios pagan más, por las mismas condiciones de ‘urbanos’

agosto 9, 2018 Comentarios (0) portada

Zapotecas evidencian desigualdad en el acceso al agua

Sembradores de agua/Foto: Carmen Pachecho. Derechos reservados.

Xhizaa  significa “nuestra agua”…

los pueblosoriginarios de Oaxaca ven en ella la vida

Piden al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que el agua sea libre

Rocío Flores/Fototografía: Carmen Pacheco

Los zapotecos del valle de Ocotlán, Oaxaca, saben del valor del agua, la miran como oro: es la que los alimenta y les da vida.

En 2005 vivieron una sequía y se enteraron de un decreto de 1967 que establecía una veda de agua para uso agrícola y lo condicionaba  sólo para los campesinos que contaban con concesiones, quienes, empero, debían pagar excedentes de hasta 24 mil pesos.

De ahí su preocupación y rechazo ante los decretos anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto, donde se elimina la veda y se establecen zonas de reserva  en 295 cuencas del país, entre ellas dos de Oaxaca: Papaloapan y Atoyac. Ahí se ubican los  ríos Cortijos, Ometepec o La Arena, Atoyac-Salado, Papaloapan, Valle Nacional, Paso de la Reina y río verde, entre otros.

Los funcionarios de la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a nivel federal y en el estado, aseguran que los decretos tienen la finalidad de garantizar un porcentaje para uso doméstico, medioambiental y público urbano a través de concesiones, pero los campesinos ocotlecos aseguran que dicha figura es sólo un papel que no les garantiza el acceso al líquido y que los decretos son un recurso para privatizarla.

La Conagua en el estado refiere que los estudios técnicos (realizados de 2011 a 2016) determinaron que existen volúmenes suficientes de  agua en esas cuencas, ubicadas según los decretos en la región número 28 Papaloapan y número 20, Costa Chica de Guerrero.

En la primera existen proyecciones para explotación de hidrocarburos vía fracking, proyectos mineros e hidroeléctricos, según reportes de la organización Educa. Ahí las comunidades chinantecas han rechazado el proyecto hidroeléctrico Usila desde 2013 hasta la fecha.

En la región número 20, donde se encuentran los ríos Atoyac-Salado, Atoyac-Tlapacoyan, Sordo-Yolotepec, río Atoyac-Paso de la Reina y río Verde, comunidades oaxaqueñas se oponen desde hace 10 años el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

El coordinador de actividades de Conagua Pacífico Sur, Noel Espinoza, asegura que las reservas no afectan a las poblaciones del valle de Ocotlán, ubicadas aproximadamente a una hora de la capital, pues las cuencas están ubicadas en otra zona.

Explica que, en el caso de Oaxaca, los decretos establecen una reserva del 80 por ciento de la disponibilidad de las cuencas y un 20 por ciento que podrá ser concesionado, de acuerdo a la prioridad que establece la Ley de Aguas Nacionales, la cual da preferencia al uso doméstico, público urbano, agricultura y acuacultura, aunque admite que una vez que se cumpla con las necesidades podría concesionarse a un industrial u otro servicio.

“Pero en las  ciudades y poblaciones indígenas se les concesiona 150 litros por habitante, no alcanzaría”, asegura.

“A través de este esquema podrían otorgarse concesiones y apoyos de Sagarpa  a los campesinos y grupos de agricultores no han podido acceder a ellos”, destaca el funcionario.

Conagua limita acceso al agua 

AGUAENTREVISTA

Ángel Ruiz Méndez/Foto: Carmen Pachecho

“La Conagua sólo nos da un cierto volumen que no alcanza para regar nuestras tierras durante el año. Es un engaño eso de que por medio de la concesiones van a apoyar, en todo el tiempo que he vivido en el campo, el campesino no ha tenido beneficios, y llevo 45 años viviendo aquí”, enfatiza Ángel Ruiz Méndez, presidente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda).

Junto a él se encuentran otros campesinos de San Sebastián, San Antonino Castillo Velasco, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol y Santiago Apóstol, algunas de las 16 comunidades afectadas por la veda de 1967 (decretada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz) y la sequía ocurrida entre 2005 y 2008 que provocó migración y los obligó a movilizarse.

En esa fecha sus pozos se secaron, cuentan. La Conagua no hizo nada para apoyarlos y, por el contrario, les exigía cubrir multas. Tomando como base los reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la interpretación de los funcionarios es que estaban gastando más de lo concesionado.

Los pobladores aclaran que la luz se ocupaba porque en esa fecha sólo llegaba el agua por periodos de media hora o una hora como máximo, en pozos de unos 50 a 60 metros de profundidad y tenían que usar la palanca de luz para subir lo poco que llegaba del líquido, lo cual ocupaban para regar sus terrenos durante las noches.

“Nos llegó una ‘carta invitación’ por concepto de consumo por excedente de agua, algunas con montos de 24 mil pesos, una cantidad que no podíamos pagar, así que tuvimos que organizarnos”, relatan.

Comenzaron a trabajar de manera rústica, primero hicieron lo que ellos llaman arenero, un pozo de dos anillos de 90 centímetros hecho con concreto, arena y grava, que funciona a manera de filtro, donde se quedan los residuos del agua de lluvia, mientras que esta pasa por un tubo conectado a un pozo de absorción.

Obtuvieron agua así y comenzaron a trabajar en otras comunidades, apoyados por la organización Flor y Canto, pues al principio ni las autoridades locales quisieron apoyarlos.

Actualmente las 16 comunidades cuentan 300 pozos de absorción en lugares estratégicos para captar agua de la lluvia. Luego planearon las ollas y  finalmente los retenes, con los que recolectan el agua para poder realizar su trabajo diario: el de la agricultura. Cultivan rábanos, cilantro, cebollas, epazote, chiles, flores como la penumbra, crisantemos, casa blanca, rosas, los cuales son su sustento familiar y la venta en la capital del estado.

“La Conagua no ha puesto un grano de arena para fortalecer los mantos acuíferos; nosotros los campesinos hemos revertido la escasez y hemos visto los resultados”, cuentan la historia en un retén de agua que ellos planificaron, al tiempo que juegan con ella entre sus manos, la miran y la dejan volver a la tierra.

“Que el agua sea libre”

Las obras de captación realizadas en las 16 comunidades les sirvieron como fundamento para demandar sus derechos. Finalmente, en abril del 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falla a su favor y obliga a la Conagua a realizar una consulta que hasta la fecha sigue su curso y sobre la que se reportan violaciones al proceso, según testimonios recolectados entre la población.

Las multas por excedentes fueron suspendidas. También lograron prórrogas de subsidio de energía eléctrica para el campo a concesiones vencidas.  Pero su mayor logro, sin duda, ha sido ver renacer el agua en sus tierras: por eso, precisamente, es que les llaman los sembradores de agua.

Los campesinos señalan que la tierra es la madre de las comunidades, porque de ella sale el sustento, es la vida misma: el agua es la sangre que corre por ella y una herencia de sus ancestros. “Sabemos nuestros derechos indígenas,  sabemos cómo utilizar el agua, porque de eso vivimos,  y sin embargo, las autoridades nos quieren venir a decir cómo utilizarla”.

Su mayor preocupación es qué va a pasar con los pueblos, ya que no fueron consultados sobre los decretos anunciados por el presidente en turno el 6 de junio pasado, en los cuales cambian el estatus de zonas de veda a zonas de reserva. Desde luego, también les preocupa la veda que para ellos sigue vigente.

Los campesinos piden al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador  que el agua sea libre, mantienen la exigencia de no renovar sus concesiones, consideran que éstas sólo les limita el uso del líquido.

Además, sostienen que la relación que hay entre los ríos, las aguas y la tierra es estrecha, que todo está conectado. “Ellos (los funcionarios) no saben qué cantidad necesita la tierra,  las plantas, los terrenos de siembra, sólo nos quieren decir cómo y cuánto utilizar”.

“Nos dijeron que la veda era para cuidarla para las futuras generaciones, pero según ellos se acabó en 2005”, cuestionan.

La propuesta de Conagua respecto a la veda de 1967 es hacer un censo a la comunidad que registre el número de integrantes de cada familia y los animales con los que cuentan para así darles la cantidad de agua respectiva. Pero lo campesinos argumentan que si la familia aumenta,  el volumen ya no será suficiente y nuevamente tendrán que pagar.

Básicamente, la Conagua quiere establecer una zona reglamentada, una concesión colectiva con un volumen y medidores volumétricos y ser la autoridad administradora del agua. La propuesta de las comunidades afectadas es una coadministración, un plan de manejo y cuidado integral del líquido; un reglamento comunitario y el reconocimiento de sus derechos a nivel nacional e internacional.

Derecho constitucional

AGUA SECUNDARIA

Foto: Carmen Pacheco

 

Los campesinos ocotlecos consideran que las zonas de reserva parcial de los decretos de Peña Nieto­  tienen efectos jurídicos contrarios a los que se exponen de manera oficial: solo flexibilizan o legalizan la explotación del agua, sostienen.

En esto coinciden también ONG y defensoras de derechos humanos en Oaxaca, así como el abogado y catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) Jesús Matías Hernández, quien señala que los decretos tienen la intención de legitimar la extracción de grandes volúmenes de agua para la técnica de fracking, que es una extracción de petróleo a grandes profundidades. “Por eso levantaron la veda, de alguna manera legaliza la explotación”.

Su argumento se basa en la diferencia entre zona de veda y zona de reserva de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, vigente al día de hoy, aunque obsoleta, debido a que tiene más de 25 años, y no contempla la reforma al Párrafo 5° del Art. 27 de la Constitución mexicana que cambia el régimen sobre las aguas nacionales.

Tampoco contempla el derecho humano al agua, establecido por la ONU en 2010; derecho fundamental que en el caso de  los campesinos de Ocotlán les está negando la Conagua por el decreto de 1957, vigente en la actualidad, a pesar de que han logrado recuperar hasta 80 por ciento de la recarga del acuífero de esa región.

Matías Hernández explica que, de acuerdo con la fracción LXV de dicha ley, una zona vedada no autoriza ningún aprovechamiento de agua, adicional a lo establecido previamente a su promulgación.

 En cambio, en una zona de reserva, (fracción LXIV del Artículo 3 de esa misma Ley) se puede realizar, aunque con algunas limitaciones, para la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación, preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.

Utilidad pública, explica el abogado, es básicamente un concepto sinónimo de beneficio popular, es decir, que no favorezca una persona física o moral, sino que se beneficie el pueblo. Aunque, precisa, “en la práctica ha sido lo contrario”.

En este contexto, la creación de zonas de reserva parciales, en efecto, garantizan un volumen para los usos público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas. No obstante, podría liberar una porción o la totalidad de las aguas disponibles para la explotación, de cualquier uso, incluyendo el sector industrial, si las autoridades lo consideran de utilidad pública.

 

  • Foto: Carmen Pacheco/ Derechos reservados.
    Foto: Carmen Pacheco/ Derechos reservados.
  • Foto: Carmen Pacheco/ Derechos reservados.
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