Rocío Flores

OAXACA, Oax. Diputados del PRD, PAN, MC y Morena presentaron este jueves una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el grupo parlamentario del PRD.

Los legisladores de las cuatro fuerzas políticas representadas en la Cámara baja, reunieron 188 firmas de legisladores, con lo que, señalan, cumplen con el requisito legal de la tercera parte de la Cámara de Diputados.

Promulgada en diciembre pasado por el Ejecutivo federal, está  ley ha sido cuestionada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expertos en la materia  y organizaciones ciudadanas.

De acuerdo con los legisladores, esta ley está plagada de violaciones constitucionales, entre los que destacan la invasión en la competencia y obligaciones de los estados y municipios.

También, la ausencia de facultades del Ejecutivo federal para emitir la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa por parte de las entidades federativas.

Además, la reserva de toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley, por ser contrario al principio de máxima publicidad.

Los diputados destacan en la LSI, la delimitación de atribuciones del presidente de la República, y la delimitación de conceptos político-electorales para la exclusión de la legislación, entre otros puntos.

Aunque sostienen que sí es necesario reglamentar la participación de la Marina y el Ejército en el combate al crimen organizado, señalan que no es llevándolos a los extremos como se solucionará el problema de inseguridad en el país.

Los diputados  expresaron su confianza en que la SCJN admitirá el recurso legal y, después de un análisis resolverá la inconstitucionalidad de esta legislación, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

A partir de recibida esta acción de inconstitucionalidad, la Corte designará un Ministro Instructor quien admitirá la demanda y determinará los trámites subsecuentes para el proyecto de resolución.

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