Rocío Flores

MAGDALENA TEITIPAC, Oax.  Corría un aire fuerte cuando conocí a Alfonso en esta población de los Valles Centrales, caminaba en una procesión, cuando una ola de polvo se levantó frente a él y lo obligó a detenerse y tallarse los ojos, se notaba extrañado, me contó que venía de La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, que fue desplazado de su pueblo por una empresa minera y que vino a  Oaxaca a aprender de la vida comunitaria.

Aquí hay asambleas, se organizan y comparten con la comunidad sus saberes, dijo mientras baja de la montaña, donde el grupo de gente  había realizado un ritual a la tierra. Su voz evidenciaba cierto nerviosismo, y en su relato pausado algo de nostalgia por el modo de vida que tenía antes de que la empresa Pan American Silver acabara con sus hogares.

Alfonso Guerrero Pasillas vino del Centro del país al Sur en busca de respuestas,  a aprender y a recuperar el sentido de la vida comunal para retomar fuerzas y seguir defendiendo las tierras que les dejaron sus antepasados.

Su familia y unas 46 más fueron desplazadas en el 2015 por la mina subterránea La Colorada, en la cordillera de la Sierra Madre, adquirida por Pan American Silver en 1998 para la extracción de plata, oro en barras doré, concentrados de plomo y zinc ricos en plata.

Alfonso quiso compartir su experiencia con la gente de los pueblos de Oaxaca hace un par de semanas, y dejarles un mensaje: que no se confíen, dice. Recuerda  que la empresa, también llamada Plata Panamericana llegó al pueblo en 1998 prometiendo beneficios: trabajo, escuelas, hospitales y la población aceptó ignorando las pretensiones de la trasnacional.

El zacatecano narra con detalle -en un tono de voz más alto que al inicio-  que la gente le dio apoyo, los ingenieros comían en las casas de los pobladores, y luego estos se instalaron un campamento en casas de familias que habían migrado debido al desempleo. » Nos dio trabajo y nosotros empezamos a vender lo poquito que teníamos de animales…»

Alfonso parecía agotado, indeciso, apenado, volteaba  a ver a otro compañero  -que vino con él a Oaxaca al encuentro nacional contra este modelo extractivo- como esperando su aprobación para contar la siguiente parte. Toma aire y continúa su relato, ahora en un tono de voz mucho menor.

Cuando vio que dependíamos del trabajo, nos dijo que teníamos que dejar nuestras propiedades, nos construyó un fraccionamiento con casas prefabricadas de multipanel, de lámina, dos cuartos, la sala junto con la cocina y el baño, nos exigían cambiarnos ahí, junto a la mina. Nos negamos.

La empresa alcanzó su capacidad máxima en el lugar donde se había establecido, y en diciembre de 2013 obtuvo autorización para un proyecto de expansión en los predios donde residían decenas de familias desde hace más de 60 años.

La expansión de la mina, según reportes de la misma empresa, incluía la construcción de nueva infraestructura de extracción, el desarrollo de nuevas zonas de minado más profundas, la expansión de la planta de procesamiento y la instalación de una nueva línea de transmisión de poder conectada a la red nacional de energía.

«Presionó desde el 2013, nosotros resistimos, pero luego advirtió con quitarnos el trabajo. Buscamos apoyo del gobierno municipal y se negó, buscamos en el gobierno de Zacatecas y también se negó. Sin embargo a fin de año recibimos una notificación de Fabricio Aguilar, secretario del gobernador, en la cual nos indicaba que teníamos que desocupar nuestras casas porque ellos no respondían, aunque estuviéramos adentro, y así lo hicieron».

Finalmente fueron  desalojados de sus hogares. Apoyada de hombres armados, la empresa desalojó a unas 47 familias en el 2015  y con maquinarias destruyó sus viviendas. A cambio les dio un espacio construido con láminas y un contrato de comodato por tres años por el uso del inmueble.

Los habitantes de La Colorada iniciaron en  mayo de 2016, un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas, para pedir  que se reconozcan los predios como una propiedad ejidal, pues hay registro de que en los 80 se reclamó la propiedad y hubo una resolución presidencial.

Alfonso cuenta que muchos de los habitantes se empezaron a ir de La Colorada. En la empresa solo quedaron 80 trabajadores, con el tiempo se comenzaron a dividir, los que apoyaban a la empresa a cuestionar  y agredir a los otros que estaban en desacuerdo.

«Nos preguntaban ¿qué quieren si ya tienen un trabajo, una casa, una tele? Nosotros siempre respondemos: queremos nuestras viviendas, recuperar nuestro modo de vida, queremos ser libres».

Añade que el comodato es muy restringido, que les prohibieron tener animales, recibir visitas y estar fuera de sus casas después de las 10 de la noche. «Nuestros hijos no pueden salir, van los vigilantes a decirles que se metan, nuestras esposas no pueden salir a ocupar otros espacios, ni las calles».

Después de muchos trámites, dice que en el juicio por las tierras van avanzando poco a poco, pasaron los alegatos y ahora esperan la resolución.

Allá en el Norte ya  hay muchos pueblos despojados, comunidades “desaparecidas”, gente violentada en sus derechos humanos, en su dignidad, me parece que el hecho de que se reúnan a compartir experiencias habla de lo que se quiere evitar en Oaxaca,  y de que se está buscando soluciones en lo comunitario, opina el académico y doctorante en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Sergio Elías Uribe Sierra,  quien desde hace varios años ha seguido y asesorado en varios casos contra mineras.

La mina La Colorada inauguró su expansión en enero de 2017, con una inversión de 150 millones de dólares. El nuevo tiro  permitirá a la empresa pasar de mil 250 a mil 800 toneladas de oro, plata y concentrados de plomo y zinc explotadas por día. Algunos trabajadores que se opusieron a la empresa  fueron corridos de sus trabajos  y siguen sin hogares.