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La industria minera representa para los pueblos indígenas una amenaza, no el desarrollo, como lo proponen los gobiernos federal, estatal y empresas.
Autoridades y habitantes de al menos 52 pueblos de Oaxaca concluyeron que esta industria atenta contra a la reproducción de su vida comunitaria, sus cosmovisiones, prácticas culturales, economía y derechos fundamentales.
Este lunes, durante su informe sobre el juicio popular realizado en el mes de octubre en este estado, representantes de los pueblos chontales, chatinos, cuicatecos, ijkoots, mixtecos, zapotecos, por mencionar algunos, manifestaron que aun cuando han denunciado esta situación, no han recibido respuestas de los gobiernos.
Por el contrario, señalaron que el aparato de justicia ha protegido los intereses empresariales, y en los pueblos se ha agudizado la pobreza, la migración masiva y el deterioro de su tejido social. Por ese motivo, decidieron optar por la justicia comunitaria, una práctica legítima en el ejercicio de los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas del mundo.
“Decidimos retomar las experiencias de juicios y tribunales realizados en años anteriores en el continente” señalaron en su informe.
Con base en estas experiencias, y sus sistemas normativos internos impulsaron el juicio popular donde expusieron las principales afectaciones y violaciones que han vivido en sus pueblos en menos de treinta años por el extractivismo y también algunas posibles soluciones.
Entre algunas violaciones mencionan que esta industria ha significado para los pueblos de Oaxaca, explotación laboral, desaparición de manantiales, discriminación, desaparición de lenguas maternas, la imposición de prácticas alimentarias que deterioran su salud, enfermedades pulmonares y violencia en su ámbito comunitario generada por grupos de choque armados, como las más importantes, un esquema que se repite en todos los estados donde se imponen este tipo de empresas.
La entrada de esta industria al estado, abundaron, ha agudizado la pobreza, la migración masiva, y el deterioro del tejido social comunitario.
Los gobiernos han otorgado concesiones aun sabiendo que la autoridad de los pueblos son las Asambleas. Han violado nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, y el de acceso al agua, entre otros”, manifestaron.
Además declararon que sus pueblos son territorios prohibidos para esta industria y pidieron al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se cancelen las 322 concesiones mineras impuestas, así como los 41 proyectos mineros y la ley minera vigentes, hasta que no se elabore un nuevo marco jurídico que garantice sus derechos establecidos en tratados internacionales y en la Constitución.
El juicio popular abre una nueva etapa en la defensa de los territorios en Oaxaca, donde se han impuesto también proyectos energéticos, hidráulicos, turísticos y de construcción basados en un modelo económico y de desarrollo distinto al modo de vida de las comunidades de las ocho regiones que integran el estado, sin que se contemplen los cambios que ahí se anhelan.
rf
