Rocío Flores

OAXACA, Oax. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró esta mañana que se respetarán las concesiones mineras, no se revocarán.

A unos días de visitar el estado, donde decenas de comunidades indígenas se han declarado territorio prohibido para la minería, y han exigido durante años una consulta previa, libre e informada sobre la explotación de sus tierras, el titular del Ejecutivo federal dijo este lunes en Palacio Nacional que los acuerdos se respetarán.

[quote]“Así de claro, que no digan nuestros adversarios que estamos afectando la economía y a las inversiones privadas”.[/quote]

López Obrador explicó que en México hay una cantidad de concesiones mineras, “como nunca”. Las concesiones, que entregaron en los últimos 36 años los gobiernos pasados fueron de 40 a 50 millones de hectáreas, y el país tiene 200 millones de hectáreas, es decir, 30 por ciento del territorio nacional. «No se lo acabarían ni en mil años», expuso.

Tan sólo en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa  一abundó一 se entregaron 20 millones de hectáreas para la explotación minera a un puñado de empresas, mientras que el exmandatario Lázaro Cárdenas entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para conformar ejidos entre 1934 a 1940.

Durante la conferencia se enunció una serie de afectaciones, como el incremento de la violencia, el número de muertos, persecución y daños al medio ambiente, particularmente en el caso de la extracción de oro en Carrizalillo, Guerrero; en Oaxaca se reportan esos mismos problemas sociales, sin embargo el presidente respondió que se van a respetar esas concesiones para que no haya temor, «pero es necesario explicar que se pasaron, no tuvieron llenadera”, comentó.

Se va a revisar qué pasa con la explotación del oro y la plata, hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tenemos nada en particular;  se mantienen las concesiones, no se revocan, solo que ya no vamos a dar más, agregó.

Lo que se quiere, dijo, es que las empresas mineras, en particular las canadienses, lleven a cabo una explotación limpia, que lo hagan como están obligados a hacerlo en Canadá, es decir que se pague bien a los mineros, que se cubra la misma cantidad de impuestos que erogan allá y, sobre todo, que no contaminen.

 

Más tarde en la capital del estado, autoridades comunales y habitantes exigieron se respete el acuerdo entre los habitantes sobre la negativa a las empresas extractivas en sus territorios.

[quote]“Queremos que se respete nuestro ejercicio a la libre autonomía y libre determinación reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT»[/quote]

Dicho Convenio es considerado el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas. Fue suscrito en 1989 y  ratificado en 2016 por 22 estados. Señala que los pueblos indígenas deben tener el derecho a elegir si integrarse o mantener su cultura, sus tradiciones, e integridad política. También garantiza  el  derecho  de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus  propias  prioridades  en  lo  que  atañe  al   proceso   de   desarrollo,  en  la  medida en  que  éste  afecte  sus  vidas,  creencias,  instituciones  y  bienestar  espiritual  y  a  las  tierras.

Las personas inconformes recordaron que históricamente se han dedicado a la agricultura, pastoreo y recolección de plantas para la supervivencia y que en el pasado también se explotaron otras minas, lo cual produjo contaminación de arroyos, ríos suelos.

En Capulalpam de Méndez, una población de la Sierra Norte, autoridades comunales han reportado que la minería en décadas anteriores propició de algún modo la pérdida de la zapoteca, su lengua materna, además de otras afectaciones.

En San José del Progreso donde actualmente opera la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silvers,  citaron, se ha producido un daño severo al tejido social, cuatro personas han sido asesinadas por el conflicto ocasionado por dicha empresa.

Por otro lado, autoridades de Magdalena Ocotlán explicaron que tras el derrame de la presa de jales de dicha minera en octubre del año pasado, sus aguas podrían estar contaminadas. A pesar de que la Profepa señala que no existe tal contaminación, los habitantes señalan  que hasta el momento la población se mantiene en la incertidumbre sobre la contaminación al río El Coyote,  pues no han sido informados sobre los estudios realizados por la institución federal.

Las autoridades y habitantes reiteraron su rechazo al extractivismo debido a que violenta sus derechos humanos. “Demandamos Andrés Manuel López Obrador que así como lo apoyamos, así queremos que él nos apoye, porque está afectando a nuestros pueblos, queremos un futuro para todos, para que todos estemos tranquilos”, declaró una mujer de santa Catarina Minas.

El presidente dijo que “primero los pobres”, recordó uno de los habitantes afectados de las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca,  donde se otorgaron concesiones que abarcan unas 90 mil hectáreas, principalmente para la empresa Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, lo cual ha derivado en daños al medio ambiente, además de la violencia en sus comunidades.

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