A nivel global las personas contamos con derechos humanos universalmente reconocidos, lamentablemente no han sido garantizados de manera eficaz. Los territorios de los pueblos indígenas son entregados por nuestros gobiernos a empresas nacionales e internacionales para su explotación, sin una consulta previa, libre e informada, destruyendo no sólo el medio ambiente sino el propio tejido social, orillando muchas veces a que la población sea desplazada de su propia tierra. Existen familiares de personas desaparecidas que al acudir al Ministerio público son cuestionadas y revictimizadas, sin que se inicie de manera inmediata la búsqueda de su familiar. También hemos documentado casos en donde niñas indígenas han sido violentadas sexualmente y a pesar de eso son obligadas a continuar con un embarazo no deseado, incluso poniendo su vida en riesgo.

Frente a esos contextos, las personas defensoras de los derechos humanos toman un papel relevante en el acompañamiento de las víctimas. Idealmente, en una sociedad en donde los derechos humanos fueran garantizados, quienes defendemos y exigimos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo nos dedicaríamos a promoverlos. Lastimosamente la realidad de nuestras sociedades nos obliga a luchar cotidianamente, incluso por los derechos básicos como la salud,  trabajo, educación, a una vivienda digna, etc.

En el caso del periodismo, históricamente ha sido una labor social a través de la cual la ciudadanía ejerce su derecho a la información y se acerca a los elementos que le permiten entender y participar de manera activa en la sociedad y en el fortalecimiento de la Democracia.

A pesar del impacto positivo de ambas labores,  son poco conocidas, no valoradas y muchas veces vulneradas. Las agresiones son constantes y diversas: estigmatización, vigilancia, intimidación, campañas de difamación, amenazas de muerte, violencia sexual, allanamientos, desaparición, asesinatos, feminicidios.

Evidencia del nivel de riesgo en el que se encuentran las personas defensoras y periodistas es el incremento en esta administración, de las personas incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, el cual ascendió un 88%. Quienes en 2018 eran 798 personas, en noviembre de 2021 sumaban 1,504 personas beneficiarias:1011 personas defensoras y 493 periodistas. El incremento de 706 personas es también reflejo del efecto dominó que trae consigo la descalificación que, desde el poder presidencial, se ha vuelto cotidiana contra las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación.

A ello se suman otros factores identificados por el propio Mecanismo como: el crimen organizado, la impunidad, la corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, el incumplimiento de las obligaciones que tienen autoridades locales en la materia, la falta de una cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre otros. De acuerdo a los datos oficiales, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas son los estados con el mayor número de personas beneficiarias incorporadas.

Debido a la diversidad de actores que agreden a las personas defensoras y periodistas, entre los que se encuentran agentes estatales y no estatales), los incidentes no se quedan solo en “posibilidades” sino que estas amenazas se cumplen, materializándose en agresiones que pueden llegar incluso al asesinato.

En lo que va de la actual administración federal se ha registrado el homicidio de  92 personas defensoras; 21 en Guerrero, 14 en Oaxaca, 8 en Chihuahua, 8 en Chiapas, 6 en Veracruz, 6 en Michoacán, 5 en Sonora, 4 en Ciudad de México, 4 en Morelos, 3 en Baja California, 2 en Jalisco, 2 en Guanajuato, 2 en Puebla, 2 en el Estado de México, 1 en Tabasco, 1 en Zacatecas, 1 en San Luis Potosí, 1 en Hidalgo y 1 en Sinaloa, dando un total de 22 mujeres y 70 hombres.

Los derechos que las personas asesinadas defendían eran: derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, derechos de las personas desaparecidas, derechos de las personas desplazadas, derechos de las personas migrantes y derechos de la infancia.

La labor de defensa afecta negativamente en su mayoría a las mujeres, quienes son las que más acuden al Mecanismo para su protección. De las 1,011 personas defensoras incorporadas al Mecanismo a noviembre de 2021, 542 son mujeres mientras que 469 son hombres.

En el caso del ejercicio de la libertad de expresión, del total de 493 personas periodistas incorporadas al onceavo mes del año, 358 son hombres y 135 mujeres. Así mismo, 7 entidades federativas concentran el 59.22% de las agresiones contra el gremio: Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y Sonora, siendo  los estados con el mayor número de agresiones. La fuerte política, policíaca, sociales, deportiva y cultural son las líneas periodísticas que cubren las y los periodistas que han sido agredidos.

De acuerdo al Monitoreo de agresiones del Mecanismo Nacional, de las 759 agresiones contra periodistas registradas en este sexenio, el mayor número se presentó en el año 2020, fecha en la que se registraron 253 agresiones; seguido 207 agresiones en el 2019; 175 en 2018; mientras que en lo que va del 2021 se han registrado 124 agresiones contra periodistas.

Los  agresores de periodistas fueron: 43.1% servidores públicos, 33.5% crimen organizado y un 23.4% actores no identificados. Las agresiones documentadas contra las y los periodistas incorporados al Mecanismo de Protección son: amenazas en un 70.2%, agresiones físicas en el 21.8%, robo en un 6.9%, persecución en un 6.7%, privación de la libertad en un 4.8% y secuestro en un 2.1%.

Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2021, se registraron 49 asesinatos de periodistas, siendo Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Estado de México, los 5 estados que concentran el 69.56% de los homicidios en el mismo periodo.

La realidad es abrumadora, por lo que es necesario que las acciones para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la información se evalúen, actualicen y se fortalezcan.

Es imprescindible que los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal reconozcan la importante labor de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; así como el riesgo constante en el que la desarrollan, con el fin de impulsar acciones y políticas públicas que atiendan la problemática.

Las autoridades de nuestro país deben asumir la crítica situación como una prioridad de Estado, en donde las acciones no solo sean reactivas sino preventivas.

En el caso de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales,  es impostergable que muestren avances sustanciales en los casos de agresiones a las personas defensoras y periodistas, como un mensaje de cero tolerancia, debido a que, lo contrario, envía signos de permisibilidad y es el aliciente para la continuidad de los delitos.

Frente al panorama adverso, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas no puede ser la única respuesta. Es urgente que las autoridades mexicanas impulsen una política integral que contribuya a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra ambos sectores de la población.

Aunado a ello, las respuestas estatales deberán ser también integrales, atendiendo no solo la seguridad física y digital sino también los impactos psicosociales derivados de las agresiones en su contra. Es necesaria la coordinación entre las instituciones con el fin de que las personas defensoras y periodistas a quienes se les trastoca su proyecto de vida luego de una agresión, tengan las garantías de reconstruir sus proyectos de vida, sobre todo luego de un desplazamiento forzado, agresiones físicas con daños irreparables, etc.

México es uno de los cinco países que cuenta con un Mecanismo de Protección para periodistas y personas defensoras en América Latina, solo junto con Colombia, Brasil, Perú y Honduras, mientras que Guatemala se encuentra en proceso de creación. Tenemos una ley para la protección que contó con la participación de la sociedad civil, pese a ello, muchas de acciones y omisiones de las autoridades a nivel nacional derivan en revictimización y nuevos actos de violencia, por lo que como primer paso el reconocimiento y la reivindicación de la labor de la defensa de los derechos humanos y el periodismo es fundamental.

Hoy, en el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos” traigo a la memoria a todas aquellas personas que ya no están con nosotros, a quienes su comprometida y eficaz labor, les costó la vida o su desaparición. Como lo refirieron recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “los Estados deben garantizar un ambiente seguro, abierto, libre y propicio para los derechos humanos”, por lo que desde diversos espacios necesitamos continuar trabajando y conjuntar esfuerzos para que nuestra labor no tenga que ser de alto riesgo sino una loable actividad que tendrá fin cuando los derechos humanos sean garantizados a cabalidad.

*Comunicóloga Social y Defensora de Derechos Humanos, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México.