Roberto Saviano vive custodiado por escoltas policiacas desde que publicó en 2006 su libro Gomorra, una denuncia sobre las actividades de la organización criminal italiana Camorra. Tuvo que abandonar su país natal en 2008 porque se descubrió que el clan Casalesi planeaba exterminarlo junto con sus escoltas. Umberto Eco dijo que Saviano debía ser considerado un héroe nacional. Pero el periodista ha de sobrevivir custodiado, utilizando identidades falsas y en continua alarma. No es agradable la vida de Saviano; sin embargo, el autor de diversos libros sobre el crimen organizado aún vive.

Al periodista oaxaqueño Heber López Vásquez ninguna escolta policiaca lo protegió ni publicó ningún libro sobre el crimen organizado. De hecho, no volverá a publicar nada. El jueves 10 de febrero de 2022, varios individuos invadieron la oficina del medio de comunicación que dirigía Heber López y ahí lo asesinaron con armas de fuego. Un día antes el comunicador había difundido este breve texto: “… llegaron denuncias de los trabajadores de la obra del rompeolas que están siendo amenazados para votar por la ex agente municipal A. E. C. que a toda costa se quiere reelegir”.

La policía de Salina Cruz, donde se cometió la ejecución, logró capturar a dos de los presuntos asesinos cuando huían de la escena del crimen. Uno de los detenidos —revelaron medios informativos— es hermano de la ex agente municipal denunciada por López Vásquez; por si fuera poco, el detenido es también cónyuge de una presidenta municipal.

Cotidianamente, diversas y diversos periodistas mueren asesinados en México luego de informar sobre presuntos delitos cometidos por servidores públicos. A veces las y los periodistas alcanzan a demandar protección a las autoridades, cuando han recibido amenazas de muerte. A pocos de ellos se les concede tal garantía por el Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual debe encargarse de esos casos.

¿Cómo es que la policía italiana puede mantener vivo a Roberto Saviano, a quien persigue una muy poderosa organización criminal italiana, y por qué en México las autoridades no garantizan la vida de periodistas amenazadas o amenazados por autoridades municipales o estatales?

Algo muy grave sucede para que las autoridades mexicanas no puedan salvaguardar a una comunicadora o a un comunicador contra los designios homicidas de servidores públicos que están por debajo del rango de presidentes municipales. Muy grave, asimismo, que minúsculas autoridades se sientan facultadas para privar de la vida a quienes las cuestionan.

En esa lógica, es reprobable que el presidente de la República se empeñe en utilizar su investidura y sus foros informativos para descalificar a periodistas que cuestionan el estilo de vida de la familia presidencial. Si algo permitió que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, fue el hartazgo de la ciudadanía ante informes de los excesos de las anteriores familias presidenciales.

Es cierto que ninguna ley obliga a los familiares del presidente de la República a asumir un modo de vida acorde con las responsabilidades del mandatario, pero llevamos demasiadas décadas padeciendo el nepotismo presidencial como para negar la necesidad de que la familia del presidente de México asuma una vida transparente, exenta de privilegios ilícitos. El hijo del presidente López Obrador y su esposa ya han publicado claras respuestas a los cuestionamientos sobre sus propiedades y situación laboral en un país extranjero. Se tardaron, pero así deben afrontar a quienes cuestionan su modo de vida.

Por su parte, el Presidente no debe enfrascarse en pleitos mediáticos contra sus críticos, sino proceder con total respeto a los derechos humanos, pues de otro modo repetirá las conductas de siniestros personajes como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes por cierto convirtieron a Carlos Loret de Mola en su lamentable vocero extraoficial. Carmen Aristegui padeció el acoso de Calderón y Peña; López Obrador debe abstenerse de imitar a los execrables personajes que lo antecedieron en la Presidencia.

No es sano que mientras todos los gobiernos de México desprotegen las vidas de periodistas en riesgo, el primer mandatario de la nación fomente odios exhibiendo a comunicadores, por más que sean cuestionables como Carlos Loret de Mola, y peor aún, cuando se trata de periodistas reconocidas como Carmen Aristegui. Tampoco es sano que grupos de ciudadanos pretendan apoyar a una autoridad exigiendo en redes sociales el linchamiento o la cancelación de comunicadores.

Apenas el 12 de febrero, en Oaxaca una turba vandalizó el recinto histórico donde se efectuaría la fiesta nupcial de la execrable Elba Esther Gordillo. Con toda la repugnancia que el historial de la líder sindical causa, no aplaudiré el “desquite” de quienes atacaron el Jardín Etnobotánico. Más bien, es necesario demandar legalmente a las autoridades que, por la seguridad de la propia instalación, se abstengan de facilitarla a quienes han agraviado y dañado profundamente al pueblo oaxaqueño con sus abusos de poder, como Gordillo. Un mínimo de prudencia y buen sentido debe exigirse a las autoridades al conceder la renta de edificios que son patrimonio de la humanidad. Por los daños que sufrió el edificio, deben responder el gobierno que autorizó tan ingrata ceremonia. 

Así como pocos aplauden a una líder sindical criminal, hay que insistir en que no todos somos Loret de Mola, pero casi todos podemos ser como Heber López Vásquez, modesto trabajador de la comunicación que pagó con su vida el cumplimiento de su labor informativa. Casi todos en este país vulnerado por sus autoridades (y por las Gordillo y los Loret), corremos el riesgo de ser asesinados o heridos al cumplir con modestas labores.

Doy un ejemplo: mientras hago fila en una tortillería de un fraccionamiento del Infonavit, una vecina refiere que su hermano salió a depositar la basura en el camión recolector; un desconocido hurtó su bote y, al reclamar, el vecino recibió una cuchillada en la mano. Por realizar una modesta e imprescindible tarea, acabó en el hospital ese vecino. Vive en un fraccionamiento del Infonavit, no en una mansión como la de Carlos Loret o la del hijo del Presidente.

Pienso en el absurdo del vecino acuchillado por reclamar un bote de basura. Después rememoro a diversos servidores públicos quienes, en vez de cumplir con lo que sus cargos ordenan, se convirtieron en acosadores, inclusive en agresores y autores intelectuales de asesinatos cuando los incomodaron críticas de ciudadanos.

Hay tantos casos de autoridades que cometen agravios y pretenden por la vía violenta evadir reclamaciones… Si López Obrador cae en el juego de convertir en víctima al impresentable Carlos Loret de Mola, menoscaba la altura moral que le costó más de veinte años construir a sus seguidores y al propio presidente. Carlos Loret es nieto de un gobernador del mismo nombre que en 1974 mandó secuestrar y asesinar en Yucatán al joven asesor sindical Efraín Calderón Lara. Puede decirse que la criminalidad le viene de familia a Loret. Él no es una víctima, y el presidente de la república (junto con los impulsores de la campaña “Todos somos Loret”) hacen mal en fomentar que se le asigne ese título a un descendiente y publicista de verdugos.

Me vienen a la memoria auténticas víctimas por las que no hay campaña nacional: Claudia Uruchurtu, ciudadana que protestó contra la autoridad municipal de Asunción Nochixtlán y a la que no se ha vuelto a ver desde el 26 de marzo de 2021. Pronto cumplirá un año desaparecida. Asimismo, Irma Galindo Barrios, defensora de recursos naturales que desapareció el 27 de octubre de 2021. El presidente del municipio de San Esteban Atlatlahuca negó que Galindo fuera desaparecida política. A los pocos meses, un agente municipal de esa misma zona fue detenido por ordenar la quema de medio centenar de casas y “cazar” con armas de fuego a los aterrados propietarios. Por ello, 180 personas salieron huyendo de ese municipio. Algunas de ellas siguen sin aparecer, como Irma Galindo. No se escuchan a nivel nacional las voces que reclamen: “Todos somos Claudia, todos somos Irma”, pero el reclamo lo entonan suficientes voces en Oaxaca.

Esos casos y tantos otros de ciudadanas y ciudadanos hostigados o exterminados por autoridades deben impulsarnos a pedir una actuación severa contra quien delinque desde cargos públicos y daña la integridad de civiles. También debemos reforzar nuestra exigencia de que las personas no asuman cargos oficiales para perseguir, condenar o acosar, ni para enriquecerse con dinero del pueblo o apoderarse de propiedades, sino para servir. Parte del servicio público es responder a las críticas con acciones de gobierno eficaces, sin amenazas ni incitaciones al odio.

Aquí en Oaxaca apenas tuvimos el caso extremo de un diputado electo que fue a dispararle a la policía de otro estado en su intento por sacar de la cárcel a un hijo suyo. En cuanto fue capturado, el agresor se anunció como “desaparecido político” y varios diputados oaxaqueños exigieron enseguida su liberación. Afortunadamente, el agresor quedó en la cárcel, pero es una excepción a la triste regla de la impunidad. Todavía el confianzudo preso demandó desde su celda ejercer el cargo de integrante de la legislatura estatal. La absurda historia podría aparecer en un libro de Roberto Saviano, quien también ha escrito sobre el crimen organizado en México.

Recordemos que Heber López Vásquez, aunque no alcanzó la fama de Saviano, podría estar vivo si las autoridades oaxaqueñas lo hubiesen protegido de sicarios a quienes acaso envió otra persona beneficiada con un cargo público. Es tiempo de que desde esos cargos, sin excepción, se sirva a la ciudadanía, se proteja la integridad de cada persona y cesen las venganzas financiadas con presupuesto gubernamental. Por desgracia, en esta época, la mayoría somos Heber López.