Si bien la ciencia básica cumple de alguna manera con la premisa de generar conocimiento estrictamente científico, se asume como plenamente libre de conflictos de interés, se sujeta a estrictos códigos de ética y es revisada por pares para ser validada, en la realidad, en la praxis, vemos cómo la investigación científica del siglo XX se ha ido poniendo gradualmente al servicio de la guerra y las corporaciones multinacionales. 

Así lo expresa Víctor Manuel Toledo Manzur en su artículo “Ciencia, ética y ecología”, publicado en el periódico La Jornada.

El mismo autor refiere que el proceso de despliegue y maduración del aparato científico de los países se fue convirtiendo en un proceso de mercantilización del conocimiento. El capital corporativo en todas sus ramas no sólo generó ciencia para sus intereses, sino fue cooptando la investigación de universidades públicas y oficinas gubernamentales mediante el financiamiento de múltiples proyectos. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el financiamiento corporativo para la ciencia y la innovación pasó de menos de 40  a 65 por ciento entre 1965 y 2006. La imagen idealizada de una ciencia al servicio de la humanidad, que por cierto es el dogma que enmarca la mayor parte de la llamada divulgación científica, se fue convirtiendo justamente en una ficción alimentada por la falsa idea de que existe una sola ciencia, que es moralmente buena e ideológica y políticamente neutra. 

Hoy, en las diez mayores empresas fabricantes de armas laboran unos 100 mil científicos e ingenieros que usan sus conocimientos y destrezas para la destrucción.

Toledo-Manzur  enfatiza que la ecología, a diferencia de disciplinas como química,  física, biomedicina, biotecnología, genómica o nanotecnología, no es tan fácilmente cooptable, básicamente porque el capital es, en esencia, una fuerza de destrucción del mundo natural y aquella disciplina, una rama de la biología, por cierto, conlleva como objetivo central el estudio de la naturaleza y, en consecuencia, su defensa y protección.

Dicho autor añade que, dada la contradicción aparentemente insalvable entre capital y naturaleza, la viabilidad de la llamada economía verde (capitalismo verde), es decir, la fórmula propuesta para salvar  la naturaleza haciendo negocios, es una ficción más. Es por ello que las empresas y corporaciones optan por realizar actos glamorosos de prestidigitación: lavan su imagen (green washing) mediante intensas campañas publicitarias, apoyan proyectos y publicaciones, se vuelven mecenas de premios y reconocimientos, buscan legitimarse mediante la cooptación de celebridades del mundo académico y miembros de la élite del ambientalismo en México. 

La amplia colaboración de científicos mexicanos de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Veracruzana y la Conabio, entre otras instituciones, en el lavado de imagen de las corporaciones ha sido bien documentada. Por ejemplo, en el comité científico de Volkswagen están o estaban los Ezcurra, Dirzo, Ceballos, Medellín, Enkerlin, Rodríguez; y en el consejo técnico de la Fundación Coca-Cola, los Molina, Sarukhán, Carabias, Ezcurra, Enkerlin y Vidal. 

Por su parte, Cemex edita libros de conservación con la ayuda de científicos, mientras comete fraudes fiscales, oculta ganancias multimillonarias, soborna autoridades y ha convertido Monterrey en la ciudad más contaminada de América Latina. Un caso emblemático es el del magnate Carlos Slim, quien perfora pozos, construye túneles para el trasvase del agua, compra noventa mil hectáreas de tierras costeras en Baja California e intenta abrir mineras en contra de las comunidades, como en Tetela, Sierra Norte de Puebla, mientras se exhibe como naturalista ferviente mediante sendas alianzas de su fundación con el WWF, la Semarnat y la Conabio, con la cual ha convertido la biodiversidad del país en territorio Telcel.

Ante este panorama, el que aquí escribe considera esencial aclarar de manera puntual dos cosas:

1.-En el norte de México se gestaron procesos de genocidio-etnocidio por parte de los conquistadores durante la invasión española. En su obra Los indios de Tamaulipas, Gabriel Saldívar hace hincapié en la literalmente extirpación de alrededor de 100 grupos originarios cazadores-recolectores en lo que ahora es esa entidad durante el proceso de la fundación del Nuevo Reino de Santander. De tal manera que, en su gran mayoría, los actuales dueños de la tierra no son nativos de estas latitudes geográficas, sino mestizos que ocupan territorios en despojo. Esto, más el reparto agrario en la época del presidente  Lázaro Cárdenas , así como las modificaciones al Artículo 27 constitucional durante el salinato —cuando la tierra se convirtió en mercancía de intercambio gracias al Procede y el TLCAN— han tornado complejo en sobremanera el asunto de la ocupación de las vastas tierras en donde alguna vez habitaron y siguen habitando pueblos-nación y civilizaciones tan importantes como los pames y huaxtecas, por citar algunas.

2.-A los miembros de la élite del ambientalismo y de la biología-ecología en México les hace falta reconocer que los territorios y bienes naturales comunes —los cuales son proyectados como la máxima riqueza que posee nuestro país bajo los conceptos de capital natural y cultural— tienen un valor, pero nunca un precio. También necesitan entender que la verdadera esperanza para garantizar la continuidad de la vida es la propiedad social, esa que actualmente las comunidades perciben como de nueva cuenta amenazada por la propuesta conocida como “Ley Monreal”,  misma que perciben como la estocada final a la propiedad comunal. Esta ley representa la eliminación del cerrojo más importante que han encontrado los gobiernos, en contubernio con las grandes empresas multinacionales, como son las empresas mineras, para llevar a cabo el despojo y extractivismo de los territorios sagrados heredados por los abuelos jaguar hace milenios.

Además, hay que mencionar que las Áreas Naturales Protegidas por decreto son percibidas como cotos de poder para el lucro de mercenarios verdes, así como instrumentos legales de despojo territorial con los , gracias a la Ley Minera y Ley General de Biodiversidad —esta última propuesta por Ninfa Salinas, del PVEM—, se ha venido poniendo en charola de plata el territorio y bienes naturales comunes a los grandes consorcios capitalistas con cerca de mil 609 concesiones mineras dentro de los polígonos de las mismas. De ahí que surjan la legítimas interrogantes: ¿Áreas Naturales Protegidas para qué? ¿O para quiénes?

Citando a los grandes pensadores de los pueblos nación como los extintos Juan José Rendón y Floriberto Díaz Gómez, así como a sus alumnos y colegas vivos más notables, como Benjamín Maldonado Alvarado, Jaime Martínez Luna y Joel Aquino Maldonado, tenemos que trascender al ser individual y apostar por el ser comunal. El futuro será comunal o, simplemente, no será.