El caso de Luvia Altamirano revela una forma de violencia en la que el agresor utiliza al hijo para hacerle daño a la madre. Especialistas llaman a este tipo de actos violencia vicaria

Lo único que Luvia Altamirano busca es vivir una vida libre de violencia, lejos de su expareja Fidel Gallegos Figueroa, un juez federal en Oaxaca quien ejerce distintos tipos de  violencia en su contra. Al separarse, él juró vengarse de ella y quitarle lo que más quiere: su hijo. 

Lamentablemente, la advertencia de Gallegos Figueroa ha sido efectiva. Hasta ahora, lo ha conseguido. Luvia perdió recientemente la guarda y custodia. 

Ariela Ruiz,  la abogada que acompaña a Luvia como integrante de la unidad  jurídica de la organización Consorcio,  explica que la jueza del Juzgado Cuarto de lo Familiar, Joana Vasconcelos Sánchez, suspendió la guarda y custodia.  Esto significa que Luvia pierde el derecho en el cuidado de su hijo, ya que no puede decidir respecto a la salud,  educación y en general a la forma en la que se organizan para la convivencia día a día.

Las determinaciones que se han  tomado desde diversas instituciones, según la defensora, son acciones representativas de violencia institucional y han vulnerado el derecho de Luvia Altamirano a una vida libre de violencia. 

Como ejemplo menciona la negativa del personal de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Género para acceder a las carpetas de investigación, donde Luvia denunció violencia por parte del juez Federal Segundo de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa.

En el juzgado cuarto de lo familiar, la jueza Joana ha girado distintas promociones con una velocidad inusual. Regularmente se tardan hasta un mes para notificar y en este caso, al día, llegan de una a tres promociones. 

“Presenta una promoción a las 9 de la mañana y a las dos ya nos están notificando. Hace peticiones sin fundamentos y sin hacer del conocimiento de la actora  (Luvia) los actos para que manifieste lo que a sus derechos convenga”

En estas acciones hay un grado de violencia y de complicidad entre el exesposo y la  jueza del Juzgado Cuarto de lo Familiar, quienes han buscado suspender no solo la guarda y custodia de la señora, sino también suspender la patria potestad y las convivencia de la señora con su hijo, relata la abogada.

Después de dos meses y medio de acompañamiento al caso, las defensoras de Consorcio han podido constatar la Violencia institucional que se vive desde las instancias de procuración de justicia. 

“Nosotros nos negamos a que queden impunes estas acciones. Hemos tratado que las instituciones pongan atención al caso. Pero no hay respuesta. Es necesario  que la sociedad tenga conocimiento de los actos arbitrarios de los cuales la señora ha sido víctima, en  los cuales se han vulnerado sus derechos desde distintas instituciones”

Ariela Ruiz

Lo único que le quedaba a Luvia era la convivencia con su hijo, sin embargo, el 25 de abril recibieron una notificación en la se le suspenden también las convivencias. Aunque el niño ha manifestado que quiere estar cerca de su madre. 

La abogada destaca en el tema de las convivencias la parcialidad  y la  arbitrariedad en los actos de la jueza: mientras a Luvia sólo le permitieron  ver a su hijo los martes y jueves por dos horas,  al padre, el juez Fidel Gallegos Figueroa, le daba la convivencia todos los días y en circunstancias distintas. Él podía llevarse al niño, en tanto que a ella le restringen la visita a un lugar del juzgado donde se encuentra vigilada.

Las arbitrariedades son tales, dice la abogada, que hasta le prohibieron a la señora que entre con su hijo al baño, un menor de edad que requiere de apoyo. Porque las autoridades determinaron que  ella “utiliza la oportunidad para hablar mal del padre”, aunque nunca le han mostrado los videos con la evidencia.

Las manifestaciones de la jueza benefician al señor Fidel Gallegos Figueroa, concluyen las defensoras que acompañan a Luvia Altamirano. Los expedientes en los que el juez es señalado por la violencia contra Luvia e incluso en contra de su hijo, pueden ser judicializados, pero  no lo están haciendo las autoridades, por el contrario dictaron el no ejercicio de la acción.

 “ Y cuando impugnamos una determinación de la jueza ella siempre dice que  son improcedentes y frívolas. Ellos tienen pactos y acuerdos políticos”, indican las defensoras de este colectivo. Refieren que además la han limitado en su derecho a la libertad de expresión, cuando ella se ha atrevido a hablar sobre su caso ha sido amonestada y ha tenido amenaza de arresto por parte de la juez.

El riesgo es claro para las defensoras. Advierten que el  juez Fidel Gallegos es un potencial feminicida que puede atentar contra su expareja. Y que hay una complicidad entre éste y la jueza que vulnera los derechos de ella. Y llaman a la Fiscalía a revisar los expedientes y a realizar las investigaciones contra el juez acusado de violencia. Proceder con legalidad. Al presidente del Tribunal  Superior de Justicia del Estado le piden revisar la actuación de los jueces. 

Luvia Altamirano se nota cansada, agobiada. La inquietud se percibe en su voz que se va quebrantando cuando habla de su hijo. 

“Me preocupa la salud emocional de mi hijo porque sé que los primeros años son determinantes en la vida. Pero pareciera que mi voz nunca se escucha. Sufro una agresión brutal por parte de la jueza Joana Vasconcelos Sánchez. Ella presume que cuando beso a mi hijo lo estoy dañando, me señalan hasta porque le llevo chocolates, porque es comida chatarra. Lo único que hago es besar a mi hijo y tratar de convivir con él. ¡Yo cometí el terrible error de haberme casado con Fidel Gallegos Figueroa!, ¡cometí el terrible error de querer ser mamá! Me dediqué a la crianza exclusiva y ahora ni siquiera me permiten verlo. Lo único que pido es que me permitan maternar”, dice la mujer.