Después de cuatro años del asesinato y robo del equipo de la fotógrafa María del Sol, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial del Istmo dictó 13 años de prisión a H. A. CH., como responsable del delito de robo agravado.

La  periodista Soledad Jarquín Edgar informó este jueves que el robo del equipo de su hija ocurrió horas después del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, el 2 de junio de 2018, sin embargo el hecho fue judicializado un año después.

Acompañada del equipo jurídico de Consorcio, Jarquín Edgar narró  que  en el caso de María del Sol hubo una serie de acciones que han hecho el recorrido hacia la justicia un camino “tortuoso”, pero el pasado 19 de octubre finalmente  se dictó la pena máxima por el delito de robo agravado.

De acuerdo con el relato de la periodista, H. A. CH llegó al hotel “Santo Domingo”, en Juchitán, donde se hospedaba su hija argumentando que recogería sus  pertenencias, debido a que ella había tenido un accidente.

H.A.CH. ingresó a la habitación y tomó entre las pertenencias de María del Sol, una computadora portátil marca McBook pro 13.3, una videocámara profesional marca Cannon modelo XA10 HD y una cámara fotográfica marca Sony con lente marca Sony.

Por estas acciones, el responsable, además, deberá pagar una multa de 40 mil 300 pesos y la reparación del daño, que, según explican las abogadas de Consorcio, será cuantificada en abstracto, lo que significa que se hará una evaluación de la pérdida de años de trabajo fotográfico y videográfico contenido de la computadora de María del Sol, quien en ese momento era la jefa de Comunicación Indígena Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado.

Este es el tercer delito en el caso de María del Sol. El primero fue enviar a María del Sol a trabajar en Juchitán  para una campaña electoral, el segundo fue el feminicidio y el tercero el robo de su equipo.

Inhabilitan a exfuncionario

Sobre la Comisión de María del Sol a una campaña electoral, Soledad informó que el  6 de octubre pasado, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa impuso sanciones a Francisco Javier M. L,  ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, ahora Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, por el delito de desvío de recursos públicos de esa dependencia donde laboraba María del Sol cuando fue comisionada ilegalmente a apoyar una campaña política en Juchitán de Zaragoza.

El ex funcionario fue inhabilitado por cinco años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como el pago de indemnización por un monto de cuatro mil 200 pesos, a partir de que quede firme la resolución.

Su hermano, Hageo M.L. , en esa fecha candidato a la Presidencia Municipal de Juchitán, por los partidos PRI-PVEM-PNA, como responsable de la falta particular en situación especial fue inhabilitado por tres años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas y deberá pagar una sanción económica de 161 mil 200 pesos, ambas sanciones a partir de que quede firme esta resolución.

Las sanciones impuestas no son las esperadas para la periodista Soledad Jarquín, tomando en cuenta que las acciones del ex funcionario y el ex candidato llevaron a la muerte a su hija María del Sol y dejó efectos colaterales para toda su familia.

Sin embargo, en el caso del robo, dijo, sí hubo justicia, el inculpado fue sentenciado con la pena máxima. La periodista agradeció a Consorcio el acompañamiento y al personal de la Fiscalía, “hay que reconocer que las autoridades hicieron su trabajo para llegar a la verdad”, dijo.

“El proceso no ha sido fácil, hemos tenido que permanecer en este esfuerzo a pesar de la pérdida que sufrimos, pues el responsable del robo agravado de su cámara fotográfica, su cámara de video y de su computadora, se negó a aceptar dicho delito por mucho tiempo guardando silencio y al final pretendió ensuciar la memoria de María del Sol”.

Con relación al feminicidio Soledad recordó que la carpeta fue sobreseida, es decir pusieron fin al procedimiento penal sin llegar a una resolución, hace ya casi un año, lo que llevo a tomar la determinación de presentar el caso ante la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra el pasado mes de junio.

A la fecha queda pendiente la investigación por probable delito electoral que está en manos de la Fiscalía Especializada en Delito Electoral y que debe promover el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, como representante de la sociedad.