*Los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se han registrado a pesar de los acuerdos de Escazú firmados, donde los estados parte, entre ellos México, se han comprometido a proteger la vida de las personas defensoras

_{Por Rocío Flores}

En México,  54 personas han sido atacadas en la defensa de sus ríos, tierras, bosques, lo que convierte al país en el  más peligroso para quienes defienden la biodiversidad.

Oaxaca y Sonora son los estados que concentran el mayor número de casos en 2021, según el informe de  Global Witness, explicó Alicia Moncada, investigadora de justicia climática de Amnistía Internacional.

En entrevista radiofónica, Alicia Moncada precisó que estos son los  estados donde hay grandes inversiones en megaproyectos y mayores riesgos para los defensores de la tierra, el territorio y la biodiversidad.

Moncada resaltó que las personas indígenas son las más afectadas por estos proyectos y por ello las manifestaciones de activistas ambientales.

Recordó el caso de  Julian Carrillo, un líder rarámuri defensor del bosque y del medio ambiente asesinado en 2018, quien luchaba por la tala ilegal.

Lo más preocupante, dijo,  es que de los 54, 19 son desapariciones forzadas, una gran parte eran miembros de la comunidad yaqui.

De acuerdo al informe 2021 de Global Witness, hay alrededor de 200 activistas asesinados alrededor del planeta. En México hay una serie de factores que combinados hacen un escenario letal, precisó la investigadora.

Explicó que el primer factor es la imposición y desarrollo de megaproyectos, especialmente en comunidades rurales e indígenas. sin la salvaguarda social de conformidad con los derechos humanos.

Oaxaca y Sonora concentran proyectos de infraestructura masivos y que preocupan a la población local y claro, a los ambientalistas, quienes son los que protestan. Hay muchos proyectos de la industria minera que generan este escenario letal, abundó.

“Pero no olvidemos que  hay otros factores:  la desprotección generalizada para estas personas defensoras y la minimización de las lucha”.

La representante de Amnistía dijo que es  preocupante que se priorice la vigilancia sobre la protección de las personas defensoras,  como lo han demostrado los documentos de la Sedena, “se deben de potenciar los mecanismos institucionales  de protección”.

Explicó que dichos documentos se observa vigilancia incluso hacia caracoles zapatistas opuestos hacia proyectos como el tren maya, además a comunidades que han buscado a través de recursos y amparos proteger sus derechos humanos.

Además, la aplicación de una política de austeridad en instituciones que tienen la competencia de proteger la vida e integridad no solo de personas defensoras del medio ambiente, sino también de defensoras de derechos humanos y periodistas.

“Es importante destacar que estas personas no solo están poniendo el cuerpo por sus territorios y los recursos sino por la vida de todos y todas partiendo de la idea de que estos son los últimos espacios de naturaleza en el mundo que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático”, concluyó.