Entre la tarde del viernes 17 y la madrugada del sábado 18 de febrero Perla y Daniel, con tan sólo nueve y seis años de edad, fueron raptados y asesinados en la ciudad de Juchitán. El padre de la niña y el niño, conductor de una mototaxi, fue detenido por la Fiscalía del Estado y el lunes 20 de febrero el gobernador oaxaqueño declaró a medios de comunicación que los dos menores de edad pudieron ser víctimas de una venganza porque sus padres “habían sido amenazados y les iban a castigar donde más les dolía”. Sin embargo, la abuela de ambos infantes declaró previamente que la madre había abandonado a sus hijos.

Ese mismo sábado, por la noche, en la población de Zaachila el electricista Alejandro S. discutió con su pareja Yazmín Violeta L., a quien estranguló, para después intentar violar y matar a la hija de su víctima, de sólo doce años de edad. La intervención de unos vecinos permitió rescatar con vida a la menor de edad, pero el asesino se dio a la fuga.

Por si esos crímenes fueran poco, el mismo viernes fatídico un niño de trece años de edad que pastoreaba los animales de su padre en la comunidad de Ojo de Agua, cercana a San Francisco Telixtlahuaca. fue asesinado por un hombre que sin mediar provocación le cortó el cuerpo con un cuchillo. En este caso, el presunto agresor fue detenido.

En un solo día, en tres regiones del estado, cuatro crímenes ejecutados con saña y cobardía dejaron sin vida a tres infantes, a una mujer y lesiones psíquicas graves a otra menor de edad. ¿Qué sucede para que individuos abusivos vuelquen su violencia contra niñas y niños, por no hablar de la mujer estrangulada?

Perla y Daniel, en su corta existencia, sufrieron múltiples actos de violencia familiar: el abandono de su madre, la desatención de su padre, el que su abuela los enviase a vender golosinas a altas horas, inclusive en cantinas. En esa azarosa sucesión de maltratos, finalmente una o más personas sin escrúpulos les quitaron la vida de manera cruel y cobarde.

En una sociedad marcada por la violencia, el caso de Perla y Daniel es particularmente doloroso porque eran niños que debieron recibir atención y protección no sólo de sus familiares, sino de las autoridades.

El niño de Ojo de Agua también estaba trabajando cuando fue asesinado. Y la hija de la infortunada Yazmín Violeta estuvo a punto de ser ultrajada por el brutal asesino de su madre.

Para colmo de horrores, el martes 21 de febrero se dio a conocer en la capital oaxaqueña la muerte de dos jóvenes de 17 y 19 años de edad a manos de su padre, A. G. D., quien después de cometer el doble asesinato intentó suicidarse sin conseguirlo. Ahora está encarcelado por haber matado a sus hijas, una de ellas aún adolescente.

Esta atroz sucesión de infanticidios y feminicidios debe suscitar no sólo indignación y horror, sino una reflexión profunda de la descomposición social que conduce a estos crímenes: niños desprotegidos por su familia y sacrificados por una venganza, otro niño ejecutado por un individuo que lo atacó sin motivo, una mujer asesinada por su pareja y dos jóvenes ultimadas por su padre, más la niña sobreviviente que también fue atacada por el asesino de su madre.

El castigo por estos infanticidios y feminicidios debe ser riguroso y ejemplar, pero cabe abrigar dudas sobre si eso sucederá, debido a la falta de perspectiva de género y la negación al interés superior de la infancia que priva entre juzgadores y juzgadoras en Oaxaca. Baste recordar la intentona del juez Teódulo Pacheco para mandar a su casa al presunto agresor de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, el político y empresario J. A. V. C, alegando “motivos de salud”.

Ese mismo martes recargado de horrores, la hermana del tristemente célebre Jorge Franco Vargas, la abogada Alma Angélica, sale a “denunciar” amedrentamiento hacia el juez que intentó sacar de la cárcel al empresario y político agresor.

La declarante, quien recordó haber sido subprocuradora del estado entre 2004 y 2007 —cuando el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz cometíó incontables violaciones a derechos humanos—, no tuvo empacho en lamentar “la violación al estado de derecho” y acusó “amedrentamiento contra los jueces”.

Es decir, una mujer que presume de jurista y de haber sido parte de un gobierno denunciado por graves violaciones a derechos humanos, ahora pretende dar lecciones de legalidad defendiendo al juez que intentó dejar ir a su casa al autor intelectual de un intento de feminicidio. Si las y los “juristas” privilegiados por un gobierno criminal reasumen hoy la defensa de la criminalidad desbordada, como lo demuestra la liberación judicial de cuentas bancarias de Cristina Pereyra Gálvez por jueces mexicanos, media hora antes de que su marido Genaro García Luna fuese declarado culpable de cinco cargos por narcotráfico en Estados Unidos, ¿qué otros crímenes atroces quedarán sin castigo en el muy vulnerado territorio de Oaxaca?

La actitud de la integrante de la familia Franco Vargas contrasta con la de la defensora de derechos humanos Alma Bautista Ramos, secretaria ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quien anunció el mismo martes fatídico que su dependencia impulsará acciones “para garantizar el respeto a los derechos de las y los menores de edad en la entidad, frenar la normalización de la violencia a este sector y que Oaxaca no figure en los primeros lugares en materia de trabajo y abuso infantil”.

Bautista Ramos también propone elevar a rango constitucional la crianza positiva y respetuosa como un derecho humano de niñas, niños y adolescentes, lo cual urge en Oaxaca y en todo México.

Viendo los oprobiosos casos de Daniela y Pedro, de la hija de Yazmín Violeta y de tantos otros menores de edad desprotegidos y hasta exterminados por sus familias, es evidente la urgencia de colocar la crianza positiva entre los derechos fundamentales de la niñez en México. Por ahora, los jueces al parecer sólo se preocupan por garantizar recursos a las familias de privilegiados narcotraficantes.