La Legislatura local exhortó a los titulares del Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca, Fiscalía General del estado, y a la encargada de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a revisar las actuaciones de jueces y ministerios públicos con la finalidad de terminar con impunidad en casos de feminicidios y violencia de género en el estado. 

Este exhorto se da en medio de un número creciente de feminicidios que colocó a Oaxaca en el primer lugar nacional en el mes de enero de este año, –además de otros tipos de violencias de género– y después de que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, de Huajuapan de León, reclasificara el delito de la expresidenta municipal de Nochixtlán Lisbeth Victoria Huerta, de presunta responsable de desaparización forzada a responsable de obstruir la búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu, desaparecida en marzo de 2021.

También, después de la cuestionada actuación del juez Teódulo Pacheco Pacheco, de esa misma región, quien modificó la prisión preventiva del ex diputado priista Juan V. C. a prisión domiciliaria, en el caso de la saxofonista María Elena Ríos, agredida con ácido en septiembre de 2019.

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta legislatura local aprobaron la propuesta de la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz para revisar las actuaciones  “negligentes” a fin de  evitar la impunidad.

La presidenta de la Mesa Directiva, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz consideró urgente que se revisen e investiguen las carpetas de investigación vinculadas a casos de violencia hacia la mujer y feminicidios, y en caso de existir irregularidades en el proceso, se sancione, inhabilite y destituya a los servidores públicos  involucrados.

La legisladora cuestionó la falta de sensibilidad, compromiso y empatía por parte de quienes integran el Poder Judicial, dijo que ante actuaciones dolosas es necesario exponer y visibilizar el tema y revisar a fondo del comportamiento de los encargados de la aplicación de la norma y procuración de justicia, ya que no estamos ante un fenómeno extraordinario.

Lamentó las  prácticas “negligentes” como la reclasificación del delito que favorece al victimario en lugar de la víctima, la obstrucción y la negación de la información sobre el proceso, la revictimización y la omisión de medidas de protección ante el riesgo de muerte, así como la actuación sin perspectiva de género o sin atender los protocolos, por mencionar solo algunas de las prácticas, que dijo, son las más degradantes que podrían caracterizar al sistema judicial.