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Denuncian en Congreso prácticas antidemocráticas

La Jucopo pretende desplazar trabajo de comisiones y dictaminar directamente asuntos legislativos, señala el legislador César Mateos.

 El diputado César Mateos Benítez denunció este miércoles en tribuna legislativa que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 65 legislatura del Congreso Local viola la ley al pretender dictaminar asuntos que son competencia exclusiva de las comisiones.

El legislador manifestó que al menos tres asuntos legislativos que fueron directamente turnados a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pese a que de acuerdo a la Ley orgánica del Congreso este órgano no tiene estas funciones legislativas.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establecen distintas atribuciones de la Jucopo y que en ninguna de ellas se encuentra la de dictaminar iniciativas de ley.

De hecho, el argumento del legislador del partido Morena, integrante de la bancada de la Cuarta Transformación señaló que en el artículo 63 de la misma ley establece que para el estudio de los asuntos se nombrarán comisiones en el Congreso, y son estas las que tienen la autoridad para dictaminar.

En ese sentido, expuso, el hecho de que la Jucopo se instruya a sí misma como instancia para dictaminar iniciativas viola incluso las garantías de quienes integran las distintas comisiones.

Mateos Benítez solicitó ante el Pleno evitar turnar asuntos para su dictaminación a la Junta de Coordinación Política, dado que, dijo, esto viola el marco jurídico del Congreso.

No obstante, pese a la solicitud,  inmediatamente después de haber terminado la participación del legislador, la diputada Yesenia Nolasco, integrante de la Jucopo turnó su asunto a la  Junta de Coordinación Política, en “una clara falta de respeto” al exhorto, dijo el legislador.

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Proponen en Congreso legislar en lengua materna

Con la finalidad de respetar la identidad y preservar las lenguas originarias, la diputada Dennis García Gutiérrez del partido Morena propuso en el Congreso de Oaxaca legislar en la lengua madre de las diputadas y los diputados.

En la iniciativa de reforma al artículo 16 de la Constitución Política de Oaxaca y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento interior,  planteó que los legisladores tengan el derecho de desarrollar sus iniciativas de ley y hablar en la tribuna en su lengua materna.

Dennis García Gutiérrez argumentó que es necesario dirigirse a los pueblos de Oaxaca en su idioma originario, debido a que no todos hablan español.     Para ello, también se contará con un intérprete para traducir al resto de las personas, en idioma español.

En Oaxaca, de cada 100 personas que hablan una lengua indígena, 12 no hablan español. Los idiomas más hablados son zapoteco, mazateco, mixteco y mixe, de acuerdo con datos del Instituto Estatal de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Permanentes de Estudios Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

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El TEPJF podría revivir candidatura de Susana Harp

Esta es la postura de la senadora Susana Harp Iturribarría sobre lo acontecido después del proceso de elección de la candidatura a la gubernatura de Oaxaca por parte de Morena.

Cabe recordar que después de que el presidente de ese partido político anunció al también senador Salomón Jara como virtual candidato, bajo el nombre de coordinador del Comité de Defensa de la 4T en Oaxaca, Harp Iturribarría presentó su impugnación al proceso, reclamando una serie de irregularidades, entre las que destaca la falta de aplicación de la paridad de género.

Dicho reclamo fue llevado primero a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena pero ante negativa de revisar el proceso, fue llevado al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca quien desechó la impugnación por lo que la  legisladora seguirá ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde además reclama falta de la aplicación de criterios de competitividad e igualdad.

El  proceso está en curso. Mientras tanto,  en el Instituto Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca el registro de las candidaturas se tiene programado del 1 al 15 de marzo.

De acuerdo con información proporcionada por el IEEPCO, en caso de que el máximo Tribunal reconociera a Susana Harp como candidata, el órgano electoral tomaría como válido su registro como candidata de Morena. 

La aspirante afirma que está lista para reanudar sus actividades proselitistas, en caso de que los  resultados  de la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgaran la razón jurídica.

Morena

Revive Morena iniciativa para eliminar el fuero constitucional

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO. El partido Morena en la Cámara de Diputados revivió su iniciativa para eliminar la figura del “fuero constitucional” de los servidores públicos y establecer en su lugar la de “inmunidad constitucional”, que abriría la posibilidad de sujetar a proceso penal a los altos funcionarios, incluido el presidente de la República.

Tras ser desechada la primera iniciativa presentada en noviembre pasado por no lograr la mayoría calificada , el legislador morenista Pablo Gómez Álvarez resucitó su propuesta con proyecto de decreto de reformas a los artículos 38, 61, 74 , 108, 111 y 112 de la Constitución en materia de fuero e inmunidad constitucional.

La bancada de Morena ha aumentado su fuerza numérica con 259 diputados, que representa 67. 2 por ciento de la Cámara de Diputados, junto a sus aliados de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM), además de los siete legisladores independientes, con lo que se avisora una mayor posibilidad de avance para esta reforma constitucional.

En su exposición de motivos, Gómez Alvarez dijo que durante varios lustros se ha planteado la necesidad de remover el llamado fuero constitucional de que gozan los altos servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, incluso de las entidades federativas, por la comisión de delitos federales.

Señaló que el fuero consiste en una inmunidad procesal penal en tanto que no se declare en sede legislativa el llamado desafuero, es decir, la procedencia de la acción penal.

Aclaró que el presidente de la República no es sujeto de desafuero sino de un juicio directo por parte, sucesivamente, de las Cámaras del Congreso, sólo por traición a la patria y otros delitos graves del orden común.

Expuso que el desafuero se ha usado casi siempre por motivos políticos contra opositores mientras otros aforados han gozado con frecuencia de impunidad, debido al bloqueo del mecanismo parlamentario o sencillamente, por las omisiones del Ministerio Público.

Advirtió que el llamado fuero constitucional, como inmunidad procesal penal, debe ser sustituido por otro sistema que termine con ese privilegio, y que en esta ocasión incluya al presidente de la República.

Sin embargo, propuso que el inicio de tal procedimiento penal o de cualquier otro de carácter administrativo que implique arresto no conduzca a la detención inmediata o la imposición de otras medidas cautelares.

“Se trata de garantizar el libre funcionamiento de los poderes públicos y otras instituciones mediante la libertad personal de sus integrantes, los cuales llevarán sus procesos en libertad, como si estuvieran bajo fianza”, explicó .

Detalló que cuando se produce sentencia condenatoria, entonces la inmunidad es retirada, el servidor público es separado del cargo y puesto a disposición de la autoridad competente.

Al mismo tiempo, planteó la derogación de la fracción II del artículo 38, en la que se establece la suspensión de derechos y prerrogativas ciudadanas a partir de un auto de sujeción a proceso (formal prisión, en la denominación anterior).

Asimismo, propuso la derogación de la fracción V del artículo 74 constitucional debido a que, una vez eliminado el llamado fuero, debe eliminarse también el llamado desafuero.

Candidatas exigen sancionar violencia política en redes sociales

Rocío Flores

OAXACA, Oax. Candidatas al Senado, diputaciones locales y federales de distintos partidos políticos y coaliciones manifestaron su rechazo a la violencia política contra las mujeres que se ejerce a través de medios de comunicación y redes sociales y exigieron a los órganos electorales y tribunales sancionarla.

La candidata al Senado de la República Susana Harp, de la coalición Juntos Hagamos Historia, recordó, en conferencia de prensa, que la violencia afecta a todas las mujeres independientemente del ámbito de desarrollo.

En el caso de la violencia política, indicó que ésta se ejerce también sin distinción de partidos políticos e imposibilita ejercer la libertad en esos espacios.

“El asunto que nos reúne es de sororidad, no importa ni el partido ni posición frente a la vida”, comentó la cantante oaxaqueña y ahora candidata por el frente integrado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social (PES)

Recordó que la violencia política es cualquier acción u omisión ejercida por una o varias persona o servidor público por sí, o a través de terceros en contra de mujeres o familias para impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos o político electorales.

Por su parte Sofía Castro de la coalición Todos por México, integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, exigió respeto a la participación de las mujeres. “No podemos permitir expresiones en contra de ninguna candidata y que se echen abajo los avances legislativos” señaló en referencia a Guillermo Pérez Peña y el consejero Rogelio Brena, quienes se han referido de manera despótica a Susana Harp a través de redes sociales.

La participación de las mujeres es un logro, y está mandatada en materia constitucional, venimos a pedir a la justicia electoral para que sancione a este personaje y no descalifique la participación de las mujeres, añadió.

Perla Marina Silva Woolrich, candidata a la misma posición pero de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano, reprochó a Castro Ríos la declaración,

“Se acelera siempre al acusar”, dijo la panista. “Una conferencia de prensa no es un tribuna, le invito a hacer la denuncia correspondiente”, indicó.

Recordó que en 2004 formó parte de un frente por la equidad de género, “no había colores, no había partidos”, apuntó.

Finalmente, dijo, en 2009 en la legislatura surgió la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la cual sigue vigente, precisó.

Al acto público acudió también la panista Alejandra Morlán y Maribel Martínez del PT, ambas candidatas a diputadas federales  por la vía plurinominal y concepción Rueda candidata suplente al Senado.

A unos días de iniciar las campañas, las candidatas manifestaron que los comentarios que buscan falta a su intelecto lastima, es violencia y no contribuye a una ciudadanía libre y  lo que se quiere es evitar que este tipo de violencia crezca.

 

 

 

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Conflicto en basurero, botín de partidos políticos

Rocío Flores

OAXACA, Oax. El conflicto del basurero en la Villa de Zaachila es  social, ambiental, de seguridad, y también un tema político. Ahí, además de la exigencia de los habitantes, se preparan grupos políticos para un proceso electoral.

Después de dos meses de negociaciones entre habitantes y autoridades del estado, existen más de 100 carpetas de investigación en contra de representantes de los colonos,  además de casas quemadas, familias desplazadas, toneladas de basura en las calles y un clima de zozobra en el lugar, nada está resuelto.

La demanda persiste entre los representantes de las 33 colonias: exigen la aprehensión de los líderes Francisco Martínez, alias Don Panchito o Pancho Mugres y su hijo Francisco Rodríguez,  la salida del Frente Popular 14 de junio de la zona, seguridad para las mujeres y niñas que en otras ocasiones han sido acosadas, incluso violadas, según versiones de colonos. Además, infraestructura social y programas que apoyen en el desarrollo de la comunidad.

En este contexto, se pueden observar varias dimensiones del problema, una de estas, quizá la más obvia, según el sociólogo e investigador Porfirio Santibáñez, es la dimensión política, en la que  intervienen además de los partidos, organizaciones, gobiernos y la sociedad.

Partidos como el PRI, Morena y el PRD, organizaciones como el Frente 14 de junio, CNP, y Colonias Unidas, así como el gobierno de Oaxaca de Juárez, de Zaachila, y el estatal, cada uno con sus alianzas, se preparan para el proceso del cambio presidencial.

Santibáñez explica que, aunque no está ligado directamente a los partidos, existe en este fenómeno “el reclutamiento de clientelas”, que, en el caso del Frente 14 de junio,  se puede  observar por el peso y control que estaba teniendo en la zona y no solo en el aspecto territorial.

El 28 de mayo en el tianguis de la agencia,  el Frente 14 de Junio llegó a “echar plomo” y a imponer el cobro, según narraciones de algunos colonos.

[quote]“Es aquí cuando  las otras organizaciones aprovechan la coyuntura para echarlos para atrás”, explica el académico, especialista en conflictos sociales.[/quote]

No obstante, señala, el conflicto “no es tan ficticio” como se pudiera plantear.  El problema radica en que este núcleo  de habitantes, que es muy diverso, era y sigue siendo clientela política y electoral.

Esta no es la primera vez que ocurre el cierre del basurero,  entre 1999 y 2000 cuando la ciudad era dirigida por el PAN y el gobierno del estado era dirigido por el PRI, el gobernador José Murat Casab, padre del actual mandatario, utilizó esto para evidenciar la incapacidad del PAN  para dirigir la capital del estado, abunda.

En ese entonces  recuerda el investigador, se escuchaba, y no había nadie que contradijera esa opinión,  que toda la gente que estaba ahí, habían recibido  terrenos del PRI, eran clientela del  PRI y se prestaron a ese movimiento.

Después empezaron a incursionar otros actores, el PRD y Morena y otros partidos, y la gente de ahí vivió su propio proceso.

En su opinión, estos grupos sociales “no están  ligados orgánicamente a ningún partido, tienen una dirección con todas las deficiencias, pero prácticamente pueden tener  una dirección propia  y están  demandando intereses propios”.

 

Durante este año, el basurero fue cerrado dos veces, la primera vez, el 3 de julio, previo a la Guelaguetza, los vecinos se enfrentaron con integrantes del Frente. El  saldo fue un muerto, decenas de casas quemadas, familias desplazadas, algunas todavía están en el zócalo de la ciudad.

 

LA VICENTE GUERRERO, UN BOTÍN

La agencia Vicente Guerrero hoy en día, es la más grande de todo el estado de Oaxaca,  con un aproximado de 20 mil habitantes, de 43 mil 279 que conforman la Villa de Zaachila,  según datos del Inegi.

De acuerdo a  Florencio Cruz, dirigente de la Confederación Nacional de Productividad (CNP) sindicato  intermediario  para entregar transporte  al Frente 14 de Junio,  el capital político que tiene la agencia Vicente Guerrero es tal, que podría decidir  quién gobierna esta comunidad zapoteca, ubicada en la región de Valles Centrales.

Para este dirigente el problema de fondo es la disputa por el control de la zona. Dice que el conflicto inició en el 2016, pero fue hasta hace cuatro meses que se retomó y se intensificó. Asegura que el movimiento es asesorado por organizaciones sociales vinculadas a Morena, que tienen un interés político en la agencia Vicente Guerrero, como lo fue del expresidente municipal de la Villa de Zaachila Raciel Vale López.

“La  presencia del Frente 14 de junio  fue importante y era necesario quitarla de tajo, dado que si se encontraba ahí, los cálculos políticos para Morena y los grupos antagónicos que tienen  el poder, podrían fallar”.

Además, apunta, la organización 14 de Junio representa un aproximado de tres mil votos.

— ¿Hay interés del Frente Popular por permanecer en la zona?

Florencio titubea, omite responder la pregunta, opta por desmentir los dichos de los representantes de Colonias Unidas. Dice que el Frente Popular 14 de junio, es una organización que no lucra, ni ha cometido actos delictivos, como han señalado.

“Una organización que cobra, que lucra todos los días, que pide  dinero, que violenta, no podría crecer y tener ese crecimiento tal como lo tuvo la organización 14 de junio”, agrega.

— ¿Entonces cómo se sostiene el Frente 14 de junio? ¿Recibe dinero del gobierno del estado?

—Nosotros tenemos un lema, la ayuda mutua.

— Lo cierto es que hay antecedentes de violencia de esta organización.

—Se crea un patrón, todos dicen que fue el frente 14 de junio, pero la realidad es  que en dentro de nuestra organización hay de todo, hay comerciantes ambulantes, fijos, semifijos… El Frente llevaba más de siete años, si hay violencia y es por parte de militantes de la organización, que lo denuncien , si alguien robó, que lo castiguen, si un militante es identificado por cobrar derecho de piso, que lo castiguen y El Frente no lo va a defender.

—Entonces… ¿no hay interés de la 14 de junio de permanecer en la zona?

—Olvidémonos de la 14 de junio, hay familias que desean regresar a sus hogares — responde y aclara  que esas mismas personas se deslindaron de esa organización días después del enfrentamiento del pasado 3 de julio. La insistencia de regresar es porque ahí llevaban más de siete años viviendo.

¿El Frente 14 de junio está dispuesto a salir?

—Claro que sí, pero también hay personas a las que les quemaron sus casas y quienes lo hicieron deben ser castigados.  Hay 301 denuncias interpuestas por esos hechos. Hay fotografías y vídeos del agente municipal donde se le ve caminando entre las calles de esas colonias, en medio de las casas quemadas, con un palo en la mano, él no es policía, pero subió, violentó a las familias y quemó las casas. Por eso son las denuncias.

Florencio agrega que por todos estos hechos ya hay carpetas de investigación, pero las autoridades deben ir con peritos para que hagan la inspección.

— ¿Están pagando por una mala fama?

—No es que estemos pagando, pero utilizaron esa mala fama para crear un conflicto social. Pero hay que preguntarse cuál es el interés de mantener a la gente temerosa de lo que pueda hacer la 14 de junio.

—¿Qué interés ve usted?

—Aglutinarlos, ellos pueden decir, si te vas conmigo yo me puedo encargar que la 14 de junio no esté más acá, pero la organización, no tiene interés en tener conflicto con la población.

—¿Cuál es el  interés del Frente 14 de junio?

—Poder dialogar con el agente municipal, con los 33 representantes, pero ellos quieren tener el control.

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SEGURIDAD Y PAZ

El representante y vocero de  Colonias unidas, Artemio Desirio Martínez explica que en su exigencia no hay un tema electoral. En esencia dice, lo que piden es condiciones de seguridad y dignidad para todos los habitantes.

Aunque reconoce que si los han querido involucrar en un sentido electoral, y vincularlos con el partido Morena, que gobierna en ese municipio, aclara que no hay detrás de ellos partidos políticos.

[quote]“Ni en las colonias, ni en la agencia es un tema electoral, exigimos la seguridad y tranquilidad de nuestra zona, sólo eso”, reitera.[/quote]

“Estamos trabajando en el tema del transporte, en la regularización de los precios y en vivir en paz. Tenemos el apoyo de Reyes Mantecón, San Martín Tilcajete y otros municipios, porque es claro, no estamos en un proceso electoral”.

«Es completamente falso que nosotros estemos encaminados por partidos políticos», insiste.

Sociedad fragmentada

Para el académico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Porfirio  Santibáñez este escenario dibuja un proceso complejo. Están en juego muchos intereses; son preparativos para 2018 destaca.

En medio de todo esto, observa una sociedad fragmentada, “como la mayor parte de las sociedades en México”. En este  caso, una sociedad que se colapsa al no tener el gobierno el control del lugar para el depósito de la basura.

[quote]»Las autoridades no tienen una visión de largo plazo para resolver el problema, critica. Lo que ellos tienen es una política de circunstancias y eso lamentablemente  pone a la sociedad (ellos incluidos) en un estado de indefensión, no hay proyectos”, remata.[/quote]

Después de dos meses de conflicto, más de 10 días sin la recolección de basura que afectan a habitantes de la capital y al menos 28 municipios conurbados, cientos de toneladas de  basura inundando las calles y residuos sólidos por doquier, además del riesgo de crisis sanitaria, y un plan emergente que evidencia la ausencia de políticas ambientales, la ciudad apesta y a ello suma la impunidad.

Gobiernos incapaces ante alud de basura

Después de 10 días de permanecer cerrado, el domingo, por iniciativa de colectivos de ambientalistas, el gobierno municipal anunció un plan emergente para la recolección de basura orgánica en las 13 agencias y cabecera municipal, con el fin de convertirla en abono orgánico. Durante tres días la ciudadanía ha respondido y ha acudido a los 13 puntos de acopio. Los colonos abrieron dos días el basurero como “prueba de que existe voluntad” para resolver el problema. Hoy miércoles nuevamente lo han vuelto a cerrar.

[quote]La sociedad se ha vuelto sensible a los temas que le atañen, lo tienen claro, el problema es que las instancias de gobierno no responden, no hay una dirección, opina Santibáñez.[/quote]

El gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del estado, intenta resolver el conflicto. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Fiscalía acudió al asentamiento donde se ubicaban afiliados al Frente 14 de junio, para recuperar pertenencias de las personas afectadas. Sobre las investigaciones y ordenes de aprehensión, el fiscal Rubén Vasconcelos asegura que no se negociarán politicamente. El tema de salud y medioambiental están ausentes del discurso oficial.

 

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Piden investigar corrupción en Tribunal Electoral de Oaxaca

* A través de un exhorto, pide al Senado de la República intervenir para investigar un posible caso de corrupción

 Redacción

OAXACA, Oax.  El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 63 Legislatura local, Irineo Molina Espinoza, exhortó al Senado de la República a realizar una investigación sobre las acusaciones de presuntos  actos de corrupción en el del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).

En el Punto de Acuerdo enviado a la Diputación Permanente, el coordinador parlamentario de Morena señaló que en días recientes el ex magistrado Wilfrido Raymundo López Vásquez denunció públicamente que el magistrado, Víctor Manuel Jiménez Viloria, le pidió un millón de pesos a cambio de apoyarlo para mantenerse como presidente de este órgano electoral.

En palabras del entonces magistrado López Vásquez, el acuerdo de nombrar a Miguel Ángel Carballido Díaz, como nuevo presidente del TEEO, “obedece a diversos ajustes al personal administrativo, que señala que son necesarios para el óptimo funcionamiento del tribunal”.

“Para esta soberanía, estos señalamientos deben ser tratados con la responsabilidad necesaria, a fin de que en caso de existir, estos actos de corrupción sean erradicados y, en su caso, sancionados”, señaló Molina Espinoza.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca señala que todo servidor público tendrá la obligación de evitar los actos e informar a su superior jerárquico, cuando estando dentro de su competencia o por razón de la naturaleza de sus funciones, tenga conocimiento de que puede resultar dañada la hacienda pública estatal, apuntó.

Por ello, presentó el exhorto al Senado de la República para que investigue las acusaciones de López Vásquez en contra de los demás integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por presuntos actos de corrupción y, en su caso, inicie los procedimientos de remoción o sanción correspondientes.

De igual forma, exhorta a López Vásquez para que denuncie los actos de corrupción de los que tiene conocimiento en términos de la Ley de Responsabilidades aplicable y coadyuve con las investigaciones correspondientes.

En sesión ordinaria, el pasado 28 de mayo, magistrados eligieron a Carballido Díaz como nuevo presidente del TEEO por un periodo de tres años (2017-2019). López Vásquez asumió el cargo el 8 de febrero de 2016 por un periodo de tres años, que no concluyó.

Neli Morena

Denuncia diputada ‘inoperante’ servicio de video vigilancia en Oaxaca

Redacción

OAXACA, Oax.   La diputada local, Neli Espinosa Santiago del partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional evidenció la inoperancia del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4)  en el estado.

De acuerdo a la diputada, el último informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, se han instalado 468 cámaras de video vigilancia de las cuales, 233 unidades ya no funcionan, lo que representaría un 49.7 %  que se encuentran en esta situación.

Para la legisladora esta situación  deja en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía que tiene que enfrentarse todos los días a la inseguridad pública debido a la debilidad  en estas herramientas de seguridad. Dijo que de las 468 unidades de video vigilancia, 288 se ubican en Valles Centrales, 90 en la Costa y 90 más en la Cuenca, y aseguró que en el Centro de Control, Comando y Comunicación  también conocido como C4, solo funciona 1 de cada 2 cámaras instaladas, por lo que consideró, contamos con herramientas  de seguridad pública «deficientes”.

La diputada morenista integrante de la LXIII Legislatura expuso que  los  patrullajes realizados por parte de las corporaciones policíacas, estatales y municipales encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía son insuficientes . La atención  en temas de seguridad pública no debe considerarse tema menor, pues la ineficacia del sistema C4, contribuye a la indisolubilidad de la delincuencia y  en gran medida a que prevalezca la impunidad, puntualizó.

Espinoza Santiago argumentó que en la entidad  los índices de criminalidad van en aumento,  específicamente en el incremento de robos, lesiones y homicidios dolosos, por lo que consideró como urgente que  se cuente con este sistema de vigilancia que facilite las tareas de respuesta, y reacción de las autoridades ante los llamados de emergencia.

 

El material de video vigilancia puede llegar a constituir una evidencia “contundente”, en los procedimientos ministeriales y judiciales, justificó  la diputada al presentar en el congreso local un punto de acuerdo en que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado,  a que implemente acciones y programas para el mantenimiento y ampliación de esta infraestructura de seguridad.