Dos individuos atacaron con ácido a María Elena Ríos el 9 de septiembre de 2019, en su casa en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Los dos litros de ácido que le arrojaron, dejaron graves quemaduras en rostro, tórax, abdomen, brazos y piernas de la joven ejecutante de saxofón, pero sobrevivió al atentado y acusó del ataque a su ex patrón y ex pareja, un político priista y empresario gasolinero, dueño además de medios de comunicación.

Las autoridades del estado tardaron en responder a los reclamos de la víctima para aprehender al presunto autor intelectual del ataque, pero dejaron en libertad a su hijo, a quien la joven también señaló como organizador del intento de feminicidio. Juan A. V. C, principal acusado, se entregó a las autoridades el 7 de abril de 2020 y fue encarcelado. Desde su celda armó una defensa deficiente, brutalmente cínica. Inclusive organizó una marcha de mujeres para exigir ser liberado, mientras las autoridades ofrecían un millón de pesos por la captura de su hijo Juan Antonio Vera Hernández.

El 22 de enero de este 2023, el juez Teódulo Pacheco Pacheco aceptó los endebles argumentos de Vera Carrizal y lo mandó a arresto domiciliario alegando que el imputado tiene problemas de salud, pese a los reclamos que su víctima hizo ante autoridades y medios de comunicación. Inclusive el presidente de la República y el gobernador del estado salieron a condenar el fallo del juez, aunque muy poco hicieron por prevenirlo. Al menos, la jueza Martha Santiago Sánchez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió que no existen las condiciones para cumplir la prisión domiciliaria determinada por Teódulo Pacheco. Y por ahora, Juan V. C. seguirá detenido.

No es la primera vez que la justicia se tuerce en casos de políticos oaxaqueños acusados de delitos graves. El 4 de septiembre de 2021 el diputado electo por Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, fue aprehendido por tratar de ingresar con armas de uso exclusivo del ejército a un centro de detención. Trataba de liberar por la fuerza a su hijo José Alberto Díaz López, detenido también por portación ilegal de armas en Veracruz.

La detención de Sánchez Díaz y su hijo precipitó en los siguientes días una serie de aprehensiones de personas relacionadas con la familia: los dos abogados del político, su hermano Alfredo, y su otro hijo, Gustavo Abigaíl. Al principio, Díaz y su hijo Gustavo fueron procesados por portación ilegal de armas de fuego, pero al fin, el 3 de enero de este año, el aún diputado recibió una sentencia de 70 años de cárcel por el secuestro y homicidio de Juan Carlos H. M. y Francisca M. V., madre e hijo asesinados en julio de 2021. Además, el aún diputado electo y sus hijos están acusados de delitos contra la salud, y uno de ellos, Gustavo Abigaíl, de estar relacionado con la decapitación del periodista Julio Valdivia. A los tres integrantes de la familia Díaz Rosas se les acusa asimismo de pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pese a los graves cargos en contra de Díaz Sánchez, el diputado electo pretendió tomar posesión de su cargo de representante popular, pidiendo que le tomaran la protesta en su celda. Su solicitud fue rechazada por el congreso de Oaxaca, que llamó a la elección de un nuevo legislador. Sin embargo, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el 6 de marzo que aún continúan vigentes los derechos políticos electorales de Díaz Sánchez, por lo que se suspendió la elección extraordinaria en el Distrito Local 01, con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa.

Es decir que la Sala Xalapa determinó anular la sentencia del Tribunal del Estado de Oaxaca y el Decreto emitido por la LXV Legislatura estatal, la cual declaraba vacante el cargo de diputación en el Distrito 01 de Acatlán. Con eso, el tribunal jalapeño logró el absurdo de que una persona encarcelada por delitos contra la vida y la salud mantenga su curul como virtual legislador en Oaxaca. Con la sentencia impuesta a Díaz Sánchez por otro tribunal, esa aberración jurídica debiera cesar, pero el Congreso oaxaqueño aún no convoca a elegir nuevo diputado en Acatlán.

Similar fiasco de la justicia fue infligido el 15 de diciembre de 2022 a los familiares de Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada en la ciudad de Asunción Nochixtlán desde el 26 de marzo de 2021. En diciembre del año pasado, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez redujo a cuatro años de cárcel la sentencia a la principal imputada en la desaparición de Claudia Uruchurtu, la ex presidenta municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, quien posiblemente podrá estar libre en dos años porque sólo “obstruyó la investigación”.

Otros tres inculpados recibieron severas penas: 60 años de prisión para Juan Antonio Hernández Martínez, chofer de Lizbeth Victoria y autor material de la desaparición. Por participar en el mismo crimen, Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita recibieron sentencias de 40 años de encierro para cada cual.

La familia de la desaparecida publicó una carta en la cual acusa: “Es claro que tanto la Juez Quevedo Sánchez como el presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca Eduardo Pinacho Sánchez han sucumbido a otros intereses y han desvirtuado, una vez más, el significado de la Justicia y la Verdad”.

Una vez más: la lista de agravios a la justicia es larga en Oaxaca, y con cada cuestionable fallo que favorece a quienes delinquen desde el poder, la legalidad disminuye para el estado y para todo México.